¿A más crisis menos abortos?

¿A más crisis menos abortos? Sí, al menos por lo que se refiere a los incentivados por las subvenciones públicas-. La nuev…

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¿A más crisis menos abortos? Sí, al menos por lo que se refiere a los incentivados por las subvenciones públicas-. La nueva ley del aborto española, que lo fomenta sin ningún tipo de rebozo y que es además una ley radicalmente eugenésica, puede ver frenada su voluntad de liquidar vidas humanas simplemente por el mal estado de las finanzas públicas.

Examinemos el estado de la cuestión. El Gobierno español legisló en esta materia y estableció el aborto en las 14 primeras semanas como una prestación gratuita dentro del sistema de la Sanidad publica. El problema es que esta determinación generaba un coste que en ningún caso fue previsto en la tramitación de la ley. Fue una actitud deliberada, porque cuando se cuestionó el que no figurara un anexo económico el Gobierno se apresuró a responder que no había ningún tipo de incremento de gasto, lo cual es evidentemente una falacia por no decir algo peor. Lo que sucede es que este gasto corría a cargo de quienes no legislaban, es decir de las Comunidades Autónomas, que tienen transferida la competencia de Sanidad.

Hay que decir que ésta es una práctica absolutamente incorrecta, ilegal, que podría haber sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, porque el Gobierno de España no puede establecer medidas sobre competencias transferidas a las CC. AA. sin aportar los ingresos correspondientes. La lógica del procedimiento es evidente, si no acabaríamos en una situación surrealista: la de un Gobierno central que legisla a toda marcha gastos que después han de afrontar terceros. Por lo tanto, el principio de racionalidad exige que si uno tiene la potestad de establecer nuevas leyes que afecten a la caja de otros les ha de procurar los ingresos convenientes. Es en este marco que se inscribe la cuestión.

Cuando las vacas estaban cebadas, estas cuestiones las comunidades tendían a pasarlas por alto si no eran dispendios extraordinariamente cuantiosos, sobre todo las del PP y las del PSOE, menos celosas de las formas competenciales. Pero ahora los tiempos han cambiado y el agua no es que llegue al cuello, es que en muchos casos ya ha superado este límite. Cataluña en primer término y de manera muy cercana Castilla-La Mancha se encuentran entre las más deficitarias en cuanto a sus finanzas autonómicas, y esto se ha reflejado en la forma de abordar la financiación obligada por la ley estatal del aborto. Castilla-La Mancha ha hecho lo más sencillo, simplemente no paga a las clínicas porque, y este es un dato realmente escandaloso, el aborto es la única prestación a cargo de la Sanidad pública que puede realizarse en un centro privado y pasar la factura al erario de todos. No se admite en ningún otro caso por grave que sea. Al no pagar, porque no se tiene dinero, al mismo tiempo se puede deducir que pagarán cuando la factura sea liquidada por el Gobierno español. Un camino parecido ha emprendido la Comunidad de Madrid y posiblemente seguirán otras Comunidades Autónomas.

Este hecho, unido a la crisis, va a determinar que el aborto se convierta en un coste que puede actuar como elemento disuasorio. Porque, seamos claros, en este país el que cada año se mate a tantos no nacidos es posible evidentemente por un clima cultural, también por una actitud moral, pero al mismo tiempo, hay que subrayarlo, por una política deliberada de fomento, increíble pero cierta, por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Hay que decir que cuando gobernó Aznar esta política de fomento no existió, pero se permitió que la inercia continuara de la misma manera que había venido funcionando en época de Felipe González.

Como todo fenómeno social, el aborto, como el conducir habiendo bebido demasiado o defraudar a Hacienda y tantas otras cosas, crece o decrece en función de que se le faciliten las circunstancias. Ahora hay mecanismos para que el aborto, incluso con una ley más permisiva, pueda decrecer. No artificialmente, como puede producirse al maquillarse los datos si no se incorpora el aborto químico, sino de forma real, y esto solamente podría verificarse relacionando embarazos y nacimientos. El tiempo dirá.

En Cataluña se ha seguido otro camino, más cuestionable que el de Castilla-La Mancha, pero hay que ver qué efectos da. En lugar de no pagar a nadie, se ha hecho un concurso, restrictivo por lo que se está viendo, que ha dado lugar a que dos clínicas de Barcelona reciban el dinero necesario para practicar miles de abortos. Esto significa que las demás clínicas van a quedarse a dos velas y que muchas de ellas van a tener dificultades, porque a diferencia de Castilla-La Mancha no todas van a competir en las mismas condiciones y, por lo tanto, va a repartirse entre ellas la miseria o las dificultades. En este caso habrá dos que atraerán casos que en circunstancias normales hubieran ido a otras clínicas y esto puede dar lugar a una reducción del número de centros abiertos, lo cual sería incuestionablemente un buen dato.

El hecho de concentrarse en dos clínicas, y que haya habido un concurso público de por medio, implica asimismo la posibilidad de un control mucho más férreo del número de abortos, de las condiciones, algo a lo que estos centros que se dedican al tétrico negocio del aborto no están acostumbrados. En todo caso, al Gobierno de Cataluña se le puede criticar el que con este modelo asume un gasto que no le corresponde al mismo tiempo que se ha mostrado tan favorable, tan decidido, al recorte de partidas básicas en sanidad, en familia y en educación.

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