Aborto en Argentina

Por estas horas, las agencias de noticias nos dan cuenta del descaro de la presidenta argentina al poner en marcha un protocolo de aborto no punible, …

Forum Libertas

Por estas horas, las agencias de noticias nos dan cuenta del descaro de la presidenta argentina al poner en marcha un protocolo de aborto no punible, mediante una Guía Ministerial de Salud Pública, en un país como la República Argentina cuya Constitución reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, limitando severamente para peor el derecho a la objeción de conciencia.

El documento de 72 páginas, que fue publicado en el sitio web del Ministerio de Salud, lleva la firma de Cristina Fernández y está fechado en abril de 2015. El mismo califica al aborto como un “derecho de la mujer”. Es decir, no le basta con hacerlo no punible sino que, fiel a la agenda de género, ahora también reforzada por la OEA, en forma descarada, lo considera como un “derecho”, por tanto exigible ante el Estado.

En efecto, en la Guía difundida por el Gobierno argentino se lee que “el ejercicio de este derecho (el aborto) se encuentra enmarcado en los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos”.

Adviértase que jamás podría constituir un derecho humano dar muerte en forma intencional a otro ser humano, en este caso, agravado por estar indefenso y todavía practicarlo con abuso de las relaciones domésticas.

A tal punto llega el dislate que en el documento del Ministerio de Salud “se prohíbe mostrar la ecografía a la mujer que ya haya decidido abortar”. Porque sabido es que un alto porcentaje de las madres que ven a su hijo moviéndose, desisten de su intento.

Además, informan las agencias que la norma citada dispone que “el derecho a la objeción de conciencia queda limitado para evitar la llamada ‘objeción declamada’. Deberá ser ‘autorizado’ por la institución médica y no afectar a la disponibilidad del servicio. Es decir, se niega en los hechos, el derecho a la “objeción de conciencia”, dado que el mismo debe ser “autorizado” por la autoridad pública, lo que es inadmisible.

El derecho a la objeción de conciencia es universalmente admitido y no debe estar reglamentado para limitarlo o dificultarlo. Recientemente, en Uruguay, la Justicia Administrativa (Tribunal de lo Contencioso Administrativo), en una demanda de nulidad entablada por un grupo de médicos contra varios artículos del decreto reglamentario de la Ley de Aborto de 2012, decidió suspender la aplicación en forma preventiva, cautelar, de varios artículos de la reglamentación que buscaban limitar o dificultar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia por parte de los médicos que se nieguen por razones éticas a dar muerte a un ser vivo en el vientre materno.

La norma argentina tampoco deja opción a la objeción de los centros de salud católicos. La Guía obliga –y así lo dice expresamente- a todos los centros sanitarios de Argentina, públicos y privados a que se practiquen los abortos. Lo que además constituye una violación a la libertad de cultos.

Otro grave hecho es el intento de desconocer la patria potestad, porque una menor de 14 años y hasta los 18 no necesitará autorización de sus padres para que se practique un aborto, sin que los padres de la menor puedan oponerse ni ser necesaria siquiera su autorización. ¡Se trata de menores!

Van quedando pocos gobiernos que se oponen a la presión de los organismos internacionales para que legalicen el crimen del aborto. Es de destacar a los de Paraguay, Perú y Ecuador, que expresamente han rechazado dichas presiones de la “cultura del descarte”, o de “colonialismo cultural”, como gusta llamar el Papa Francisco.

La hora de la resistencia ciudadana, legítima ante una norma injusta y además inconstitucional, ha llegado. Esperemos que las fuerzas vivas y lúcidas de nuestros pueblos no sean tibias, porque el mal avanza más por la indiferencia de los buenos que por la fuerza de quienes cultivan el mal.

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