Aprobada la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves, en una segunda votación tras el fiasco del 25 de noviembre por la ausencia de varios parlamentarios s…

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El Congreso de los Diputados aprobó este jueves, en una segunda votación tras el fiasco del 25 de noviembre por la ausencia de varios parlamentarios socialistas, la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La nueva normativa exige que la mayoría necesaria para nombrar a los altos cargos de la judicatura ya no sea de la mitad más uno del Consejo General (CGPJ), como ahora, sino de tres quintos, lo que obligará al consenso y a los acuerdos constantes entre las dos principales fuerzas políticas. El texto modificado salió adelante con 194 votos a favor, 137 en contra y una abstención. Es el primer cambio que se introduce en la ley aprobada en los años 80 por el Gobierno de Felipe González y mantenida luego en la etapa de José María Aznar.

El nuevo sistema de elección de órganos judiciales afecta a los magistrados del Tribunal Supremo, una instancia que debe renovarse en enero, y a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, algunos de los cuales también deben ser revisados en el primer semestre del año 2005. El actual Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato es de 5 años y no se renovará hasta 2006, está formado por 21 miembros (el presidente y 20 vocales): 10 vocales están a propuesta del Partido Popular (PP), 6 a propuesta del Partido Socialista (PSOE), 1 de Izquierda Unida (IU), 1 de Convergència i Unió (CIU) y 1 independiente. Ahora ya no será suficiente con los votos de los 10 vocales del PP y el del presidente, sino que se necesitarán dos más.

La reforma se ha tramitado, tras una decisión gubernamental sin precedentes, por el sistema de lectura única, el más rápido posible, ya que se salta todos los pasos habituales en la vida parlamentaria. No ha pasado por comisión, se ha tenido que votar en su totalidad y no ha dado opción a ningún debate sobre enmiendas presentadas. Ahora, tras la aprobación en el Congreso, el texto pasará al Senado y podría entrar en vigor antes de fin de año, lo que hará que los nombramientos más inmediatos ya se rijan bajo el nuevo sistema.

El PP, como ya hizo la semana pasada en la votación (de la que se ausentó en señal de protesta) para decidir si se modificaba el orden del día de la Cámara Baja para dar cabida a esta reforma, volvió a oponerse esta vez. La principal fuerza de la oposición calificó nuevamente de "cacicada" este cambio, presentado sin consenso tras 25 años de funcionamiento correcto, y criticó el procedimiento utilizado para su aprobación. En este sentido, los populares han anunciado ya la interposición de recursos, sin descartar la vía del Tribunal Constitucional.

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