Baleares, el aborto y ‘El País’

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Baleares es una de las Comunidades Autónomas que ha determinado que la mujer que quiera abortar pague el importe de esta actuación en la clínica correspondiente. No será el caso si se practica en un centro público. El País dedica la portada de su edición deljueves, vigilia de Reyes, a este tema subrayando que es un desafío a la ley del aborto. Nada más lejano a la realidad. En verdad, lo que constituye un desafío a la ley en este aspecto concreto es la propia ley. En efecto, el Gobierno central no puede determinar nuevas prestaciones a cargo de las Comunidades Autónomas sin, al mismo tiempo, establecer una financiación específica para las mismas.

La razón de este criterio jurídico salta a la vista. Si el Gobierno español pudiera actuar indiscriminadamente en ese sentido podría hacer multitud de leyes y quienes después correrían con el gasto de aplicarlas serían las autonomías. Por lo tanto, cuando la nueva ley del aborto se aprobó, en este punto las Comunidades Autónomas tenían que haber recurrido, porque entrañaba un funcionamiento contrario a lo que es el Estado de las autonomías. No lo hicieron y las razones cada una de ellas las sabrá. Tenían un buen motivo que ahora se pone en evidencia.

En épocas de restricciones en la Sanidad, con aumento de las esperas para ser operado o atendido por el especialista, con centros de asistencia primaria cerrados, con una sensación cada vez de mayor inseguridad por parte de los usuarios, nos encontramos con la paradoja de que quien aborta puede hacerlo a cuenta del erario autonómico en clínicas privadas. Es una brutal contradicción que una vez más demuestra que el aborto recibe un trato privilegiado en este país, absolutamente enfermo en buena medida, de una cultura antinatalista donde la muerte del no nacido está bien vista y es jaleada por los poderes públicos y apoyada por los mismos; y el nacimiento de un hijo es visto como un problema, cuando no un peligro.

La comunidad de Baleares ha marcado el camino de lo que es correcto. No existe ninguna obligación de cumplir la ley si el Estado no se hace cargo de los recursos que la aplicación de la misma comporta. Esta es la cuestión de fondo, y este principio no se aplica porque se trate del aborto sino porque es un principio de carácter general. Los acérrimos defensores de esta práctica deberían abandonar en este caso su dogmatismo y entender que, efectivamente, las leyes están para cumplirlas y el primero que debe hacerlo es el Gobierno central.

Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos

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