Cataluña y Andalucía: Dos planes de vivienda de dudoso cumplimiento

Tal como informábamos el pasado 10 de octubre, entre las propuestas sociales que el Gobierno está lanzando en el tramo final de la actual legislatura …

Tal como informábamos el pasado 10 de octubre, entre las propuestas sociales que el Gobierno está lanzando en el tramo final de la actual legislatura destacan los nuevos planes del Ministerio de Vivienda. Cataluña y Andalucía, las dos comunidades que sostienen con sus votos a Zapatero en el poder, también prometen generosos planes de viviendas, pero de dudoso cumplimiento.

 

Los elevados costes y financiación de ambos planes, la escasa disponibilidad de suelo a un precio adecuado, y el stock de viviendas sobrantes y sin vender en ambas comunidades, combinado con la baja renta disponible de una gran mayoría de la población y el endeudamiento de las familias, generan serias dudas sobre la viabilidad y cumplimiento de estos proyectos.

 

Los precedentes sentados por la anterior ministra de Vivienda, María Eugenia Trujillo, en cuanto a planes de vivienda presentados a bombo y platillo que, posteriormente, no aportaron soluciones al problema; e incluso las promesas de poner en el mercado un número determinado de pisos de protección oficial que nunca se cumplieron, como en el caso de Cataluña, no animan al optimismo y la confianza.

 

Sin consenso político

 

El Pacto Nacional por la Vivienda de Cataluña fue firmado por el Gobierno de la Generalitat, con 30 agentes vinculados al sector de la vivienda, el pasado 8 de octubre sin que hubiera un total consenso político. Contó con el respaldo de los tres partidos que integran el gobierno catalán, PSC, ERC e ICV-EuiA, pero no tuvo el apoyo de CiU y del PP.

 

El pacto incorpora medidas de índole social y medidas específicas de vivienda. En lo social, el tripartito catalán propone subvenciones a 60.000 hogares en riesgo de quedarse sin vivienda por impago; la erradicación de los ‘sin techo’; y la sobreocupacion con ayudas a 23.000 personas y ayudas al pago de la renta a 140.000 familias. En este capitulo se trata de un programa de asistencia que se sitúa entre las 200.000 y 224.000 personas.

 

En cuanto a la vivienda, el acuerdo permitirá movilizar suelo para construir 250.000 viviendas de protección oficial, 160.000 en una década; lanzar al mercado de alquiler 62.000 pisos del parque desocupado, mediante ayudas a la rehabilitación, incentivos fiscales y garantías a sus propietarios; rehabilitar y mejorar 300.000 viviendas; y conceder ayudas para la instalación de 10.000 ascensores, entre otras medidas.

 

Para conseguirlo la Generalitat aportará 8.221 millones de euros de recursos públicos en forma de inversión directa en 10 años, pero esta cifra singularmente elevada debe completar el conjunto de las actuaciones y no sólo los 16.000 pisos anuales de promedio que deberían realizarse.

 

El plan prevé que para dentro de 20 años el 15% del parque de primeras residencias será de viviendas de alquiler.

 

Incumplimiento del tripartito

 

Sin embargo, existen dudas razonables sobre la capacidad del tripartito catalán de cumplir el Pacto Nacional por la Vivienda, sobre todo en el apartado destinado específicamente a la vivienda.

 

El primer tripartito se comprometió a poner en el mercado 42.000 viviendas de protección oficial hasta el 2007, pero a los dos años sólo había empezado a construir 2.000, y la previsión oficial, como defensa, era que a final del 2006 habrían 12.000 en construcción, cifra que no se ha cumplido. En definitiva, la cifra orientativa del anterior plan era de 10.000 pisos al año, y la realidad lo sitúa a menos de la mitad.

 

La cuestión clave es esta: ¿Qué ha cambiado para que de una capacidad real de menos de 5.000 mil pisos al año, o una teórica de 10.000, se pase a otra en el actual pacto de 16.000 al año?

 

Por otra parte, cabe una profunda reflexión y profundización acerca de la disponibilidad de suelo a precio adecuado. ¿Es esto posible mientras continué siendo la fuente básica de los ingresos municipales? ¿Es posible una solución al problema de la vivienda sin modificar el marco de financiación municipal?

 

Hay que resaltar también el hecho de que el stock de vivienda sobrante en Cataluña es muy elevado, entre 150.000 y 170.000 viviendas sin vender (Informe 2007 Fincas Forcadell que no se ha hecho público).

 

El problema de fondo hoy no es tanto de falta de pisos como de la ausencia de relación entre su precio de venta y la renta disponible de la gran mayoría de la población.

 

Tampoco es problema menor el del endeudamiento, no sólo de las familias, de unos 588,7 millones de euros, sino el de las inmobiliarias, valorado en 282 millones, y el de las constructoras, de 144,5 millones de euros; en total un billón.

 

Finalmente, apuntar que la valoración sobre el empleo que puede generar el Pacto Nacional por la Vivienda de Cataluña, cifrado en 150.000 nuevos puestos de trabajo, es desmesurado. Como mucho puede situarse entre los 32 y 35.000, que amortiguaran el impacto del paro en el sector de la construcción de los próximos años.

 

Superávit de viviendas vacías

 

El Plan de Vivienda de la Junta de Andalucía tiene como objetivo construir 700.000 viviendas en 10 años, 300.000 protegidas; proporcionar viviendas de alquiler cuyo coste no supere el 25% de los ingresos de las familias más desfavorecidas, aquéllas con ingresos inferiores a los 500 euros mensuales; y garantizar una casa a todos los andaluces con ingresos inferiores a los 3.100 euros mensuales.

 

Considerando que la renta bruta disponible per capita es de 10.171 euros anuales (2004), unos 875 euros al mes, salta a la vista que la media incorpora la gran parte de la población. De hecho, se podría decir que cada andaluz tendrá derecho a una vivienda sin pagar mas de la tercera parte de sus ingresos, y no nos apartaríamos de la traducción del significado de las cifras.

 

Las familias con más de 500 euros mensuales dispondrán de una vivienda de alquiler o propiedad, siempre que no superen 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (570 euros mes), por consiguiente 3.135 euros. La cantidad máxima a pagar será un tercio de sus ingresos, es decir unos 1.000 euros mes.

 

El plan también reservará un mínimo de un 30% de suelo para vivienda publica.

 

Ahora bien, este ambicioso plan no ha sido formulado con el detalle mínimo para conocer sus costes y financiación, por una parte, y tampoco con datos sobre el suelo necesario y la forma de lograrlo, mas allá de formulaciones generales.

 

La objeciones, importantes, son dos: La primera es que debe demostrarse que el plan es viable, al menos en su programación. La segunda es que se trata de un plan de producción de viviendas a gran escala en el momento que esta creciendo hasta limites insostenibles el stock de pisos sin vender. Esta objeción no hubiera existido tres o cuatro años atrás.

 

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