Cómo el sistema explota a las familias con hijos

Nuestra cultura valora mucho la solidaridad. De hecho es uno de los grandes recursos del lenguaje buenista codificado. También valora la justicia y, e…

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Nuestra cultura valora mucho la solidaridad. De hecho es uno de los grandes recursos del lenguaje buenista codificado. También valora la justicia y, en especial, la justicia social. Esto todavía resulta más acentuado en la postizquierda y en el imaginario del pensamiento políticamente correcto que nos gobierna.

Pero la realidad pura y dura es que ambos valores no encuentran su ejercicio virtuoso, su realización práctica. Quedan ahí, en el reino de las afirmaciones abstractas que tanto gustan. Si no fuera porque Platón se podría sentir molesto, diría que en esto, la cultura dominante es un tanto neoplatónica.

Uno de los casos de insolidaridad y, más allá de ella, de injusticia más palmaria, se da en la actuación del Estado hacia las familias con hijos.

Ahora el presidente Zapatero ha prometido 2500 euros por cada hijo nacido desde su declaración. Menos da una piedra, pero eso no resuelve la explotación que conscientemente el estado somete a la paternidad y maternidad.

En una Seguridad Social basada en un sistema de reparto como es el caso español, las pensiones dependen como causa fundamental de que los matrimonios y emparejamientos en general tengan hijos.

Porque si no hay el número de personas suficientes en edad de trabajar para pagar su cuota, no hay pensión. Por consiguiente, cuando se tienen hijos se está cubriendo primero el coste de nuestras propias jubilaciones, si son dos, o uno si se tiene una productividad muy superior al agregado de sus padres, y a partir del tercero es una aportación solidaria a la sociedad.

Las pensiones de las personas sin hijos deben ser necesariamente cubiertas por la descendencia de otros. Como mayor sea el nivel de estudios y del número de descendientes, más grande será su aporte de solidaridad. En definitiva, los padres pagan un impuesto voluntario muy cuantioso en forma de coste de mantenimiento y estudios de los hijos.

Precisamente la insuficiente natalidad es la causa de la incapacidad de la Seguridad social para atender a sus obligaciones con los pensiones, a partir del 2020.

Esta crisis comportará previsiblemente la reducción de las pensiones (más o menos disfrazada) y el establecimiento de fondos privados de carácter obligatorio para complementar la jubilación, y sólo para quienes puedan pagarlo.

Y aquí se producirá la segunda y grave injusticia. Para un mismo nivel de ingreso, los padres y madres con hijos, al tener un nivel de gasto muy superior, no podrán generar el ahorro necesario para sus planes de pensiones, o, en su caso, éstos serán sensiblemente inferiores a los de quienes no tengan hijos.

Cuando la publicidad de las ventajas de la emergencia homosexual señala que su capacidad de gasto es mayor, están diciendo precisamente que su ahorro en hijos, su falta de aportación a lo colectivo, a la Seguridad Social, les permite un mayor disfrute individual.

La evidencia de toda esta injusticia, que tiende a agravarse en la medida que el sistema de pensiones entra en crisis, hace tiempo que es motivo de debate en Europa, pero está exquisitamente apartada de nuestra agenda mediática y política, porque no resulta políticamente correcto.

Quizás ahora que el más alto Tribunal de Justicia de Alemania ha dictado una sentencia a favor de la petición de un padre de cuatro hijos, para que éstos le sean tenidos en cuenta en su aportación a la Seguridad Social, de pie a que algunos empiecen a tomarse en serio el fin de esta explotación.

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