Condenan al encargado que instó a una camarera a abortar; Interior y Sindic de Greuges ignoraron el caso

La Justicia ha dado finalmente la razón a Yolanda Pablo, la camarera de un restaurante de Girona que decidió tener su bebé y no c…

La Justicia ha dado finalmente la razón a Yolanda Pablo, la camarera de un restaurante de Girona que decidió tener su bebé y no ceder ante las presiones que su empleador ejerció para que abortara si quería conservar su puesto de trabajo.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Girona ha condenado a José Luis Rodríguez Camiño, encargado del restaurante Taco-Taco de la localidad, a 19 meses de prisión y a pagar una multa de 6.000 euros en concepto de reparación del daño moral causado a la camarera.

El caso, que se dio a conocer a finales de 2006 y tuvo repercusión mediática gracias a la movilización de diferentes asociaciones y grupos pro vida, fue prácticamente ignorado por el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña y por el Síndic de Greuges (equivalente al Defensor del Pueblo en Cataluña) a pesar de que la asociación E-Cristians denunció el caso y les instó a intervenir.

Triunfo de la vida

El tribunal considera probado que el encargado del Taco-Taco, un local de comida mexicana de Girona, presionó a la mujer para que interrumpiera su gestación una vez ésta le comunicó que estaba embarazada.

Me dijo que no querían a una persona embarazada porque daba mala imagen en el restaurante […] El encargado me explicó que no estaban dispuestos a pagarme la baja, y me dijo que si quería mantener el trabajo tenía que abortar; sino, no me harían fija”, recordó la camarera.

Sin embargo, Yolanda Pablo hizo caso omiso de sus advertencias y decidió seguir adelante con su embarazo, ante lo cual el encargado, que ejercía las tareas de contratación y renovación del personal, optó por no renovarle el contrato.

Ella había iniciado su actividad en el restaurante durante los meses de verano de 2005, tras lo que le prorrogaron el contrato por diez meses más hasta julio de 2006. Pero, en febrero de ese año se quedó embarazada de otro compañero de trabajo y decidió tener a su hija pese a la “coacción” a la que le sometió su superior para limitar el ejercicio de un “derecho fundamental”.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, especifica que la mujer estuvo “a punto de interrumpir” su gestación, pero tras “muchas dudas” siguió adelante y, llegado el momento de vencimiento del contrato, la relación laboral no fue renovada y le fue presentado un finiquito por valor de cero euros.

El sindicato UGT ejerció la defensa en los tribunales y consiguió elevar el finiquito hasta los 2.000 euros, pero esta sentencia pone de manifiesto un triunfo todavía más importante, el triunfo de la vida.

El tribunal considera que la mujer evidenció con su comportamiento un “alto grado de madurez”, da por buena su versión -corroborada por otra compañera de trabajo a la que el encargado pidió que intercediera para lograr el aborto- y recuerda que, una vez comunicado su estado, el restaurante no adoptó las medidas necesarias para favorecerla.

Interior y Defensor del Pueblo, mirando a otro lado

La decisión del Juzgado de lo Penal número 5 de Girona deja en evidencia, además, al Departamento de Interior de la Generalitat y al Síndic de Greuges de Cataluña, que en su día no atendieron al requerimiento que E-Cristians les hizo para intervenir en el caso.

Su presidente, Josep Miró i Ardèvol, escribió al responsable de Interior y dirigente de ICV, Joan Saura, y a Rafael Ribó, también de ICV y Síndic de Greuges, instándoles a que tuvieran en consideración el caso.

“No sólo puede ser un caso de coacciones, sino que probablemente se trata también de un delito de incitación a delinquir, pedir a una mujer que aborte sin darse ninguno de los supuestos despenalizadores que recoge la ley”, argumentaba el escrito del presidente de E-Cristians.

Sin embargo, la policía autonómica no intervino, y, como toda respuesta, el jefe de comunicación de los mossos d’esquadra contestó a Miró i Ardèvol que “no es ahora el momento de investigación policial sino de resolución judicial del tema planteado”.

Por su parte, Rafael Ribó tampoco puso en marcha la maquinaria de la institución que dirige para aclarar el caso en su momento y optó por no intervenir.

No observamos la existencia de irregularidades en el comportamiento de la Administración, la facultad de decidir iniciar investigaciones policiales en relación a un determinado asunto es discrecional por parte del departamento”, decía el escrito, justificando así la actuación de Interior.

No consideramos necesario abrir expediente de queja y damos por cerradas nuestras actuaciones”, concluía la carta del Síndic de Greuges.

Contra las coacciones, el ejemplo de Tennessee

Por otra parte, ante este tipo de situaciones, cabe denunciar también el desamparo incluso a nivel informativo en que se encuentran muchas mujeres embarazadas en España, donde se necesitaría una reglamentación contra las coacciones en casos de embarazos.

Las clínicas abortistas de Tennessee, por ejemplo, están obligadas por ley a colocar un gran cartel en sus salas de espera y en lugares bien visibles con este texto:

AVISO: es contrario a la ley que ninguna persona, no importa su relación con usted, le coaccione para que usted aborte. Por ley, no podemos practicarle el aborto a menos que usted haya dado un consentimiento libre y voluntario. Va contra la ley realizar un aborto contra su voluntad. Usted tiene derecho a contactar con cualquier cuerpo policial para recibir protección ante cualquier intento de presionarle para que aborte”.

Las clínicas deben mostrar estos carteles en la sala de espera y en las salas de consulta a pacientes. Y, si no lo hacen, pueden llegar a pagar una multa de 2.500 dólares por día que no estén los carteles, y de 1.000 dólares por cada día que se realicen abortos sin los carteles.

Esta ley se aprobó el pasado 31 de marzo en Tennessee, con 28 votos a favor y 2 en contra en el Senado estatal, y 87 a favor y 8 en contra en el Congreso; y las afectadas que hayan abortado pueden incluso denunciar a la clínica, si no cumplía los requisitos, para pedir una compensación por daños.

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