Constitución europea: ¿Un referéndum en España sin que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes?

El Gobierno español mantiene, tras la firma del Tratado Constitucional europeo el pasado viernes en Roma, su intención de convocar el referéndum para …

El Gobierno español mantiene, tras la firma del Tratado Constitucional europeo el pasado viernes en Roma, su intención de convocar el referéndum para el 20 de febrero, fecha anunciada hace algunas semanas y consensuada con todas las fuerzas parlamentarias. Pero si el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero siguiese las recomendaciones del último dictamen del Consejo de Estado, en el sentido de pedir antes al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre posibles contradicciones entre las cartas magnas de España y la Unión Europea, sería muy difícil mantener la fecha teniendo en cuenta los plazos legales. Más allá de que España sea el primer país de la Unión que celebre la consulta, una cuestión ciertamente menor, ¿tiene sentido organizar un referéndum sin saber antes si el Tratado Constitucional europeo modifica aspectos básicos de la Constitución española? Este punto es fundamental porque, al ser la Carta Magna europea un tratado internacional en el que se asegura que el derecho de la Unión “prevalece sobre el de sus estados miembros”, las posibles contradicciones en algunos artículos exigirían una reforma constitucional de acuerdo con el artículo 95, según destacaba ya en 1992 el propio Consejo de Estado en su Memoria de ese año.

Por tanto, lo lógico sería que el Gobierno, antes de convocar oficialmente la consulta, realizase una consulta al Tribunal Constitucional, la instancia que siempre debe establecer si es necesario reformar la Constitución, y que hiciese caso de sus observaciones como algo imperativo. El Consejo de Estado, en su reciente dictamen, comenta que esa consulta evitaría problemas jurídicos posteriores si se materializase antes del referéndum sobre el Tratado europeo. Según el escrito del organismo español, si el Tribunal Constitucional detectase una “contradicción irreductible” entre ambas cartas magnas, “sería preciso remover el obstáculo en cuestión por el procedimiento de la reforma constitucional que corresponda”. En la misma línea, el documento plantea la futura inclusión, en la Constitución española de 1978, de alguna referencia explícita a la Unión Europea, algo que de momento no existe.

¿Se pretende “colar” el matrimonio gay?

Una de las cuestiones en que, al menos de entrada, se aprecia contradicción entre el Tratado europeo y la Constitución española es la definición del matrimonio. Después de que prosperase una enmienda holandesa, la Carta Magna de la Unión dice que el matrimonio es “la unión entre dos personas”. Sin embargo, la española afirma que “los hombres y mujeres tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. No consultar al Tribunal Constitucional sobre puntos como éste puede significar, si no se actúa por los procedimientos normales, “colar” el matrimonio homosexual por la puerta falsa.

Toda reforma de la Carta Magna española, exceptuando una serie de puntos considerados no básicos (como sucedió hace unos años ante el Tratado de Maastricht con algunas pequeñas modificaciones, como la conversión de Ceuta y Melilla en ciudades autónomas), requiere una mayoría parlamentaria cualificada y la disolución de las Cortes. Si el Gobierno consulta este tema con el Tribunal Constitucional después del referéndum sobre el Tratado europeo, alterará claramente el proceso normal y dejará la consulta del 20 de febrero sin una parte importante de su contenido. Parece que las intenciones de Zapatero no son otras que pedir el pronunciamiento del alto tribunal después del referéndum europeo. Está previsto que, ya este viernes 5 de noviembre el Consejo de Ministros dé su visto bueno a la petición de autorización al Congreso de los Diputados para la convocatoria del referéndum del 20 de febrero.

Pero la exigencia de que el ejecutivo consulte antes al Tribunal Constitucional ha unido a políticos tan divergentes como el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y el líder de los populares españoles en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja. También se ha sumado a la petición el propio presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. ¿Serán coherentes tanto los socios del actual Gobierno como la oposición del PP a la hora de condicionar su apoyo a la fecha del referéndum a la realización de la consulta con el Alto Tribunal?

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