Convergència i Unió presentará una enmienda a la totalidad contra la Ley de Educación

El portavoz del grupo de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, anunció este miércoles la presentación de una…

El portavoz del grupo de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, anunció este miércoles la presentación de una enmienda a la totalidad contra el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE). Lo hizo durante la sesión de control al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien explicó que, a pesar del período de debate abierto en octubre, el Gobierno “ha sido incapaz de recoger las principales preocupaciones de los sectores educativos afectados”. En esta línea, el presidente de Unió Democràtica (UDC) añadió que CIU está preocupada por la iniciativa gubernamental. “Es una ley que requiere consenso entre las formaciones políticas, así como del Gobierno con las comunidades autónomas y la sociedad civil”, concluyó.

 

Duran Lleida, que ha mostrado gran iniciativa política en los últimos meses ante cuestiones sobre defensa de la vida, la familia y la enseñanza, aseguró que está en juego la libertad de enseñanza. “El derecho a elegir colegio es de los padres, no de los poderes públicos, lo mismo que el derecho a crear centros; y esta ley pretende sustituir el concierto económico, como medio que asegura la libertad, por un medio de control”, explicó. También se refirió a la importancia de preservar algunos valores como el esfuerzo, el rigor, la autoridad o la jerarquía, que no están, según el dirigente de CIU, garantizados por esta ley para la escuela pública. Se trata, para el portavoz parlamentario, de “hacer realmente de la escuela, pública y concertada, una escuela de calidad”.

 

Por otro lado, el máximo responsable del grupo catalán lamentó que, en la última sesión del Debate sobre el Estado de la Nación, los socialistas no aprobasen ninguna de las resoluciones presentadas por CIU. “Nos preocupa mucho más el futuro de la Ley de Educación a partir de la sesión del martes, cuando comprobamos el talante del grupo parlamentario socialista, ya que fue incapaz de aprobar ninguna de nuestras resoluciones. Desde 1983, jamás un Gobierno había sido capaz de rechazarnos todas las propuestas”, comentó.

 

Cabe recordar que el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) introduce, entre otras novedades, la nueva asignatura denominada Educación para la Ciudadanía, un epígrafe bajo el cual el Gobierno pretende incluir, en los dos ciclos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), contenidos sobre ética personal y social, derechos y libertades de los regímenes democráticos, la igualdad de género, la tolerancia y la aceptación de las minorías, entre otras cuestiones. Las principales críticas de la comunidad educativa se centran precisamente en esta materia, al entender que, con ella, el ejecutivo quiere “adoctrinar” al más puro estilo de lo que el régimen franquista hacía al imponer la “Formación del Espíritu Nacional”. Por otro lado, la asignatura de religión confesional (católica, islámica, judía y evangélica) queda regulada como una materia de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para los padres, aunque se mantiene la condición de evaluable, pero (eso sí) sin computar para becar ni para nota media de cara a la selectividad. Además, sigue sin quedar definida la alternativa.

 

Otro punto conflictivo es la supresión definitiva de los itinerarios. Se propone que los alumnos puedan repetir un máximo de dos veces por etapa, aunque se deja en manos del profesor la decisión sobre si un alumno pasa o no de curso cuando suspende 4 asignaturas o más. El Ministerio, por otro lado, plantea revisar el régimen actual sobre enseñanza concertada, mediante un endurecimiento de las condiciones actuales y un aumento de los controles antes de firmar nuevos conciertos. Finalmente, cabe destacar que se suprime la reválida y se mantiene la selectividad preuniversitaria con otro nombre. Muchas entidades de padres de alumnos, entre ellas la CONCAPA y la FAPEL, acusan al ejecutivo de recortar la libertad de enseñanza con esta iniciativa. Una vez más, la sociedad española sigue muy lejos del deseado pacto para una reforma educativa con garantías.

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