Criterios para la defensa de la vida en la reforma anunciada del aborto

El reciente y celebrado anuncio del ministro Ruiz Gallardón, de que la malformación o minusvalía del feto no será un supue…

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El reciente y celebrado anuncio del ministro Ruiz Gallardón, de que la malformación o minusvalía del feto no será un supuesto para abortar, ha suscitado también algunos temores en cuanto ha omitido -al menos por el momento- toda referencia a la necesaria desaparición del supuesto del “grave peligro para la salud psíquica de la embarazada”, a cuyo amparo es conocido que, con anterioridad a la ley de plazos, se vinieron cometiendo, fraudulentamente, la inmensa mayoría de abortos. Sobre ello versará, precisamente y en buena parte, el juicio que tendrá lugar el próximo otoño en la Audiencia de Barcelona contra Morín y sus colaboradores, y cuya fase de instrucción pone bien a las claras, por el elevado número de abortos ilegales cometidos, así como por el entramado organizativo que los hizo posibles, la abominable realidad del aborto en España asociada a la despenalización. Un repaso al archivo de este mismo diario, sobre el referido asunto, bastaría para tomar conciencia de que el supuesto de la salud psíquica de la madre ha sido falsa y masivamente utilizado, como mero pretexto para librarse de embarazos no deseados. El legislador no puede ser ajeno a esta realidad, y en esta clave deben leerse las manifestaciones del ministro de Justicia de que “la legislación volverá a un sistema de supuestos que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos, porque la experiencia nos demuestra que algunos de esos aspectos deben ser revisados”.

La protección de los fetos con minusvalía es ya, por sí misma, muy orientativa o reveladora de cuál habrá de ser el criterio general de la reforma, porque, una vez reconocido que los defectos, o las deficiencias del “nasciturus”, no son motivo bastante para justificar el aborto, al suponer una discriminación injusta, proscrita en el artículo 14 de la Constitución, en tanto lo es por razón de “cualquier circunstancia personal o social”, en ese caso concurrente en el feto, tampoco deberían aceptarse como causa de despenalización las circunstancias de la mujer embarazada o del embarazo por las que éste suponga un trastorno a la mujer, a su familia, o a ambos. Y ha de ser así porque la vida de todo “nasciturus” merece y debe ser protegida frente a cualesquiera intereses en conflicto, con la única salvedad del grave peligro para la vida de la embarazada, que es el único en que el valor de una vida (del hijo) no puede realizarse sin el seguro o muy probable sacrificio de otra vida (de la madre) y por tanto es el único supuesto en que el conflicto se produciría entre derechos del mismo nivel, dejando en tal caso a la libre decisión de la madre el priorizar la vida de su hijo. Lo cual hemos visto, muy recientemente, en el caso de la italiana Chiara Corbella y de la española Bárbara Castro, que retrasaron el tratamiento del cáncer que padecían para poder salvar la vida de sus pequeños. Siendo precisamente lo encomiable de tales supuestos la decisión libre y personal de la madre de anteponer, por amor, la vida del hijo a la suya propia.

Fuera del peligro para la vida de la embarazada, ningún otro interés se presenta con entidad bastante para imponerse sobre la vida del feto. Y sin embargo el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 11 de abril de 1985, que recayó en el recurso previo de inconstitucionalidad interpuesto contra los supuestos de despenalización que ahora el Partido Popular pretende reformar, los declaró compatibles con el derecho a la vida que la Constitución reconoce a “todos”. Ello fue posible, en esencia, porque, de forma incomprensible y totalmente injustificada, consideró al “nasciturus” como objeto y no sujeto de derechos.

Es muy oportuno recordar ahora, en pleno proceso de la reforma anunciada, lo que se alegó en el recurso antedicho, aunque fuera desestimado, pues aparte de lo acertado de sus argumentos anunció la triste realidad de lo que iba a suponer, en la práctica, la despenalización proyectada. Respecto de los supuestos de aborto por el grave peligro para la salud física o psíquica de la madre, y por ser el embarazo consecuencia de violación, se adujo que “en caso de conflicto con la salud, la libertad, o la intimidad, debe ceder aquel de los derechos que sea limitable, pues la alternativa es la supresión de uno de los derechos en conflicto”, y que la vida del feto tampoco puede sacrificarse por el derecho al honor, desprotegiendo al hijo por causa de su filiación. En cuanto al aborto por ser probable que el feto fuera a nacer con graves taras físicas o psíquicas, se alegó que también desconocía el derecho a la vida frente a razones de menor rango, y además vulneraba el mandato constitucional dirigido a los poderes públicos, de llevar a cabo una política de previsión y tratamiento de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Asimismo, se hizo notar, en general, la inseguridad jurídica aparejada a la descripción de los supuestos despenalizados que se referían, sin mayor precisión, a la “probabilidad” de la malformación del feto; a la “salud”, cuando ésta es entendida por la Organización Mundial de la Salud como estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no sólo como ausencia de enfermedad, y aunque se aludía a la “gravedad” del peligro para la salud de la madre, ni siquiera se contemplaba un procedimiento administrativo para garantizar y verificar la concurrencia de las circunstancias mencionadas, dejando en manos del médico las funciones de control que deberían corresponder al juez mediante la determinación, en cada caso, de la concurrencia o no de una eximente de responsabilidad penal. Finalmente, el recurso anunciaba que los supuestos de despenalización supondrían, como así ocurrió, un “considerable incremento de abortos”, la “extensión del fenómeno” y “la legalización en la práctica cualquier tipo de aborto”.

El Tribunal Constitucional declaró que “la vida del “nasciturus”, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana-, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional”. Pero luego añadió que lo anterior “no permite afirmar que (el nasciturus) sea titular del derecho fundamental”, sino que es “un bien jurídico constitucionalmente protegido”. Es decir, un objeto, y por eso permitió que la vida del feto quedara en manos de la madre para protegerla o eliminarla, a su libre criterio, en los supuestos despenalizados. Mediante esa ficticia y extraña argumentación, vino a afirmar que en los supuestos de despenalización, y por la “especial relación del feto respecto de la madre”, la vida del feto puede sacrificarse a la dignidad (sic) de la mujer y el libre desarrollo de su personalidad, calificados como “derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante justificación”.

Sin embargo, lo dicho por el Tribunal Constitucional no impide al legislador proteger debidamente la vida del “nasciturus” y en todos los casos, con la excepción del supuesto de conflicto con la vida de la madre, pues como reconoció el mismo Tribunal es función del legislado, decidir qué conductas deben quedar exentas de responsabilidad penal. Al efecto, bastarían los argumentos empleados en el mencionado recurso previo de inconstitucionalidad. Con mayor razón cuando el Abogado del Estado opuso que esos argumentos sólo se sostendrían en caso de que la vida en formación mereciera la misma protección que la vida ya formada, y de que fueran equiparables el feto y la persona nacida, lo cual se negaba. ¿Y por qué motivo? A decir verdad que ni lo dijo ni existe, como no se trate de la mera imposición de la fuerza sobre el ser más indefenso, que es lo que ha venido ocurriendo. El propio Tribunal Constitucional reconoce en la misma sentencia, que la vida es un devenir, un proceso que comienza con la gestación y termina con la muerte. Y el Código Civil dispone que al concebido se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con determinadas condiciones. Lo cual supone que, mientras no se produzca el nacimiento, habrá que garantizar que aquellas condiciones puedan verificarse de la única forma posible, que es protegiendo entretanto la vida del feto.

Por lo tanto, es de esperar que, en coherencia con lo anunciado, se descarten como supuestos de despenalización todos aquellos en que, existiendo un conflicto entre la vida del feto y los intereses de la madre, estos últimos sean de menor entidad que la vida. De modo y manera que, si algún caso concreto de aborto hubiera de quedar exento, por sus circunstancias, de sanción penal, ello habría de ser mediante la aplicación de las causas eximentes previstas con carácter general en el Código Penal y en el correspondiente proceso judicial. En todo caso, por supuesto, lo que no cabría bajo ningún concepto es reproducir la despenalización por grave peligro para la salud física o psíquica de la madre, porque la vida es más que la integridad física, y porque además, fuera de una hipótesis meramente teórica y contrastando con lo generalizado del supuesto en las estadísticas sobre aborto, no se han registrado ni se conocen patologías psíquicas producidas por el embarazo y del tenor de las que el Tribunal Constitucional ha exigido para la despenalización, a saber, que no puedan solucionarse de ninguna otra forma que con el aborto y cuya “gravedad” signifique “una disminución importante de la salud y con permanencia en el tiempo”.

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