Cuando el derecho se tuerce

El debate sobre el aborto se ha convertido en algo tan absolutamente doctrinario, ideológico, en el mal sentido del término con que lo e…

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El debate sobre el aborto se ha convertido en algo tan absolutamente doctrinario, ideológico, en el mal sentido del término con que lo empleaba Marx, como el corsé que atrapa la realidad e impide que se manifieste tal como es, que da lugar a argumentos realmente patéticos. Y no me refiero a los de la ministra Aído, porque estoy hablando de argumentos; es decir de una determinada capacidad de razonar a partir de unos conocimientos previos sustanciales. Me refiero más bien a personas que por su titulación deberían poder defender el aborto con un mayor rigor.

Valga como ejemplo el de la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Doña Mercedes García Arán, que tituló en El Periódico: “Maduras para decidir”, donde dice cosas realmente sorprendentes para una profesional tan cualificada del derecho. Una de ellas es realmente rompedora y se refiere a la sentencia del TC de 1985 sobre este tema. Ni el voto particular de Tomás y Valiente se atrevió a tanto. Para esta catedrática, aquella sentencia dejó sentado que la mujer tenía elderecho a abortar bajo el argumento de que sólo se pronunció sobre los tres supuestos, cosa que significa que no negó otros supuestos posibles. Cualquiera que haya leído aquel texto constatará fácilmente que, precisamente, lo que dice de manera explícita la sentencia es que no existe un derecho genérico a abortar y que además no existe, en razón de este supuesto derecho, una prevalencia del mismo sobre el derecho del no nacido.

Lo que sí se da es un conflicto sobre dos -no sobre tres, como aduce la catedrática- casos concretos entre los derechos del que ha de nacer y la madre. Uno es cuando el embarazo ha tenido como causa un daño a la dignidad de la mujer, y esto según dicha sentencia es la razón por la que se permite el aborto en el supuesto de violación. El segundo cuando el embarazo provoca en la madre un grave perjuicio en su salud.

El tercer supuesto admitido, el de la malformación, surge de otro tipo de razonamiento. En este caso el TC presenta la idea de que en la medida que la sociedad del estado del bienestar se desarrolle tenderá a reducirse la necesidad de aplicar este tipo de abortos. Es decir, tiene una visión muy conectada a los medios que la sociedad dispone para atender a los discapacitados. La práctica ha ido en el sentido opuesto: a más estado de bienestar más abortos eugenésicos. Por consiguiente en aquel texto jurídico no hay nada que justifique por parte de la madre el aborto del discapacitado, sino que este se encuentra en relación con las posibilidades de acogida que tiene la sociedad. La nueva ley abiertamente eugenésica significa una ruptura radical con la jurisprudencia.

Doña Mercedes dice además cosas de un pintoresquismo tétrico como lo de afirmar que con la nueva legislación el que ha de nacer se encontrará más protegido que en la actual, porque le darán a la madre antes de abortar un sobre cerrado con información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas para la maternidad. Fastuoso. En el contexto actual esto significa que le van a dar un sobre prácticamente vació, porque ya me dirán ustedes que tipo de ayudas existen para la madre que desea tener a su hijo. Posiblemente le den la dirección del centro Provida más cercano.
Es ridículo pensar que las clínicas abortistas, que hacen negocio con este tema, y que por lo tanto deben maximizar, como toda buena empresa, la demanda, vayan a tener una actitud que en alguna medida pueda hacer reflexionar a la mujer. Porque, fíjense en la maldad del asunto que doña Mercedes considera tan encomiable: los abortos van a continuar realizándose en las clínicas privadas, con la falta de control, incluido el fiscal, a que nos tienen acostumbrados, porque de nada de esto trata la ley, van a estar subvencionadas al 100% por los presupuestos del Estado y van a ser el único contacto personal con la mujer. Toda la ley está volcada en prejuzgar que se intentará disuadir a la mujer que aborte, como si ésta no tuviera un criterio propio y este objetivo fuera intrínsecamente perverso, pero no dice nada del camino opuesto, es decir, de las presiones, la seducción, para que sí lo haga. Se la deja en manos de las clínicas abortistas, y punto. Esto sí que es una fantástica protección del feto.
La catedrática también incurre en este peligroso criterio -del que sedebe hablar y debatir- que padece tanta gente del mundo del derecho, incluido el Tribunal Supremo, que dice que las razones morales no han de tenerse en cuenta (que es lo mismo que decir que la búsqueda de la verdad, el bien, la justicia, no tienen interés porque de eso trata la moral), y le parece espléndido que el aborto deje de estar contemplado en el Código Penal, porque se trata de una cuestión sólo de salud sexual y reproductiva, con lo cual el feto tiene la misma categoría que un problema de naturaleza médica. Es como un quiste que debe ser tratado para recobrar la salud sexual a base de extirparlo. Es curioso que una catedrática de derecho penal no repareque lo que quiere hacer el Gobierno español, despenalizar el aborto, es algo que no existe en ninguna parte de Europa, donde siempre en un momento u otro del embarazo el aborto es considerado un delito penal, y que según sean los meses de gestación y el país, puede llegar aconsiderarseun homicidio.
El problema de fondo de todo esto es que a una parte de quienes nos gobiernan y de la propia sociedad, con independencia de sus teóricos conocimientos, la verdad no le importa para nada, y esto construye una mentalidad tremendamente peligrosa. El nuevo totalitarismo no viene de la mano de las bufonadas de una extrema derecha minúscula y nostálgica, sino de esta nueva progresía desvinculada que en último término sólo puede acabar imponiendo sus tesis mediante el poder. Por eso cuando lo coge utiliza todos los medios incluso ilegítimos para mantenerlo, y no duda en deformar la realidad si así le conviene.
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