Cuando la ideología cubre la verdad

Hay dos palabras que definen el documento que el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño ha dirigido al Vaticano y, en definitiva, …

Hay dos palabras que definen el documento que el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño ha dirigido al Vaticano y, en definitiva, a la Iglesia Católica. Son las palabras ideología e ignorancia. El documento se aprobó el 31 de enero de 2014 y consta de 16 páginas y 67 artículos, la mayoría en el capítulo denominado ‘Principales motivos de preocupación y recomendaciones’. Este Comité es una comisión técnica asesora, no política, que hace recomendaciones para la eficacia de la Convención de los Derechos del Niño. El contenido del documento es sorprendente, no solo por la superficialidad con la que trata algunos temas y que presenta como ciertos, sino sobre todo por las acusaciones muy graves de impunidad, negligencia, ausencia de políticas y prácticas en relación al abuso sexual, referentes a la Iglesia Católica.

La Santa Sede ha respondido, mediante un breve comunicado, a estas observaciones manifestando su sorpresa por su alto contenido ideológico y también por no responder o ignorar las respuestas precisas que sus representantes ofrecieron ante el Comité. Da la impresión de un documento ‘cocinado’ previamente y con algunos “añadidos apresurados”, como respondió el representante de la Santa Sede.

¿Por qué es un documento ideológico? La respuesta está en la mayoría de las recomendaciones que ofrece y en su enfoque. Por ejemplo la manipulación que presenta de la confesión, del llamado secreto pontificio (que busca precisamente proteger a la víctima), la crítica a la posición de la Iglesia en relación al aborto, la homosexualidad, la anticoncepción, la familia, la educación, la libertad religiosa. Mezclar el tema de los abusos con una concreta ideología desvaloriza un documento de tan alta institución. ¿No es una gran paradoja que un documento sobre los derechos del niño olvide o condene uno de los principales que es el de la vida? Da la impresión que se aprovecha un hecho cierto, vergonzoso, para imponer una determinada ideología.

Es un documento ignorante (¿y tendencioso?) porque desconoce de manera flagrante el enorme esfuerzo de la Iglesia Católica, en estos últimos años, por aplicar de manera efectiva una normativa clara y concisa que tiene como objetivo primordial la protección del menor. Así, la normativa universal y no solo codicial referente a los delitos más graves, iniciada con Juan Pablo II y modificada y aplicada a conciencia por Benedicto XVI (la concreción del delito y sus formas, la ampliación de la edad de la víctima y de la prescripción, la obligada investigación previa y la comunicación a la Congregación de la Fe, el procedimiento administrativo y el judicial, la imposición de la pena, etc.). Pero también las normas dadas por las Conferencias Episcopales y las atribuidas específicamente a la Congregación de la Fe y del Clero. La actividad de Benedicto XVI, por ejemplo, no se quedó meramente en discursos, que fueron contundentes, sino en una acción decidida, clara, sobre el delito concreto y sobre aquellos que, en conciencia y verdad, han de aplicarla (recuérdese, por ejemplo, los obispos que fueron cesados y sometidos, incluso, a un procedimiento penal). Pero también en una decidida opción preferencial por la víctima, por la reparación moral, por el perdón público, por la colaboración con las autoridades civiles.

El escándalo de los abusos es ciertamente una vergüenza, como recordaba recientemente el Papa Francisco. La Iglesia ha asumido con dolor la traición de algunos de sus miembros, “un comportamiento -afirma el Papa Benedicto XVI- que la Iglesia no deja y no dejará de deplorar y condenar”. Pero también ha adoptado, con energía y decidida voluntad, la labor de ofrecer un entorno jurídico que evite estas situaciones. En la Iglesia no hay lugar para el delito ni para el silencio cómplice. La Iglesia, con las reformas llevadas a cabo, es una de las instituciones con las normas más exigentes contra la pederastia y con una menor incidencia entre sus miembros.

Rafael Felipe Freije, juez eclesiástico

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