Democracia y desobediencia civil

Observamos actualmente en España y en el mundo en general, día a día, como movimientos de indignados y otros, e incluso muchos in…

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Observamos actualmente en España y en el mundo en general, día a día, como movimientos de indignados y otros, e incluso muchos intelectuales reconocidos por su aportación científica a las Ciencias Humanas, apelan a la desobediencia civil ante leyes que, según ellos, no se encuentran legitimadas por el simple hecho de ser promulgadas siguiendo los mecanismos de la democracia representativa, y ello por ser de contenido injusto y contrarias al bien común.

El ejemplo podría ser si el hecho de que una ley de limpieza étnica, u otra cualquiera contraria al bien común, debería ser obedecida por los ciudadanos por el simple hecho de estar promulgada por un Estado democrático representativo, según sus mecanismos establecidos para ello.

La respuesta obvia es que en este tipo de leyes cabría y sería necesaria la desobediencia civil, pero esto entra en contradicción con la propia esencia de la democracia representativa, según cuyos principios esas leyes estarían legitimadas democráticamente y, por tanto serían de obligado cumplimiento.

Ante estos que propugnan para estos casos la desobediencia civil, cabe preguntarse quien decide y en base a qué, si una ley es legítima o no, y donde se encuentra el fundamento de su obligatoriedad, si no lo es su legitimidad democrática-representativa, aunque carezca de legitimidad moral o ética.

Es este un terreno en que nos adentramos “pisando huevos”, pues si cada cual puede decidir si una ley debe ser obedecida o no, sólo guiándose por su conciencia subjetiva y sus valores personales, sería tanto como admitir la quiebra del Estado de Derecho, pues la Ley estaría sometida a la aprobación particular de cada cual, con evidente quiebra de cualquier tipo de orden u organización: iríamos a la anarquía más absoluta y a la desaparición del Estado o su pervivencia como un órgano simplemente de consejo y recomendación, pero desaparecería cualquier viso de orden público y se volvería a la ley de la selva o la ley del más fuerte, con evidente retroceso social a la época de las cavernas.

Ante esto, ¿debemos conformarnos con la tesis de que cualquier tipo de orden, por despótico que sea, es mejor que ningún orden? La respuesta es que se precisa un orden, pero basado en valores absolutos, los cuales hay que identificar a fin de que informen las leyes y estas, siendo justas por adaptarse a ellos, estén suficientemente legitimadas para exigir su cumplimiento.

Para identificar esos valores y desarrollarlos, se debe hacer sobre la premisa de que el Estado se constituye para el bien común de la sociedad, y de que nadie puede ser excluido de ese bien común. No basta para legitimar una norma el simple hecho de su producción “democrática”, sino que se precisa que esté basada en valores absolutos. Esos valores se encuentran por encima de la decisión de las mayorías, y al estar basados en el bien común, con prohibición del principio del que el fin justifica los medios, legitiman cualquier norma que se les adecue.

Se objetará que las Constituciones o Cartas Magnas ya cumplen con esa función, pero eso no es así, porque como normas que también son, se encuentran ellas mismas sujetas a la consonancia con dichos valores anteriores a ellas, propios de la esencia humana, y tampoco pueden ser legitimadas por el simple hecho de ser aprobadas por una mayoría.

Puesto que el Estado se crea para lograr el bien común, lo cual constituye su fin único y esencial, este es el valor primigenio, que sirve como control para saber si los valores absolutos y anteriores a la propia Constitución, son auténticos y válidos.

De la esencia de la persona humana y de lo que constituye el bien común para la humanidad, proceden y se pueden extraer estos principios absolutos que conducen al bien común y que justifican la obligatoriedad de la Ley.

Veamos la opinión de algunos señalados intelectuales y autores.

Estévez Araujo, muy acertadamente, enseña que “la Ley no se auto legitima. Hay que salir fuera de ella para buscar las razones de su obligatoriedad” .

Y G. Steiner señala que “En la verdad última, pasado, presente y futuro se abarcan a la vez”.

Y de nuevo Estévez Araujo indica que “La ley no puede justificar la aplicación de la Ley”.

Felipe González Vicen nos dice que “No hay fundamento ético para la obediencia al Derecho, pero sí hay un fundamento absoluto para la desobediencia”.

Nosotros sostendríamos que sí hay un fundamento ético para la obediencia al Derecho: su adecuación al bien común.

Simonne Weil señala que ni la democracia ni el poder de la mayoría son bienes por sí mismos, sino sólo medios para conseguir “el bien”. Toda actuación contra los bienes absolutos estaría deslegitimada, independientemente de si ha sido adoptada por mayoría o si está legitimada la autoridad que la adopta.

Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, y otros muchos filósofos humanistas actuales, entre los que se encuentra la actual Premio Príncipe de Asturias Martha Nussbaum, sostienen, en consonancia con toda la élite pensadora del mundo actual, que la ética debe presidir la Ley y toda manifestación de poder, no la opinión voluble de la mayoría o de algunos.

“No os desviéis a la derecha, con soberbia presunción de justicia, ni a la izquierda, con tranquila delectación de pecado” (Agustín de Hipona).

Es sabido que, frente al relativismo sofista, todos los grandes pensadores de la humanidad, se han dado cuenta de que al aserto “No hay verdad absoluta, todo son opiniones”, se puede contestar lo que ya se significó en la antigüedad clásica: “Y eso, ¿es una verdad absoluta?”.

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