Educación para la Ciudadanía: un plan contra derechos fundamentales

Hace pocos días la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha publicado un documento bajo el título “La Ley Orgánica de Educación (LO…

Hace pocos días la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha publicado un documento bajo el título “La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas”.

El documento ha producido, como siempre en casos parecidos, una serie de reacciones en los medios de comunicación, algunos de los cuales toman sesgadamente el contenido del mismo y no entran a fondo en lo que los Obispos quieren comunicar, más bien lo silencian.

La denuncia que formula la Comisión Permanente en cuanto se refiere al intento de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de aquellos que son padres de familia, no puede ser más acertada y oportuna. Cualquier persona con un mínimo de espíritu crítico y un mínimo de sensatez, que estudie con un poco de detenimiento el plan que parece que se quiere esconder o disimular bajo la denominada “educación para la ciudadanía”, suscribiría sin duda la opinión de nuestros Obispos, aun sin ser católico.

El alcance que el gobierno da a la nueva asignatura, a través de la LOE primero, y por medio del desarrollo que se contiene en los decretos posteriores, va mucho más allá de lo que podría ser, por ejemplo, una asignatura que pretendiera formar la urbanidad y los buenos modales de los alumnos, o la formación de un espíritu cívico respetuoso con las leyes civiles y los derechos y deberes de los ciudadanos. Un propósito, si así fuera, que podría ser laudable.

De los textos legales se desprende con toda claridad que aquí se pretenden unos fines de mucho mayor alcance. Se trata de abrir la posibilidad de inculcar en los alumnos un sistema moral determinado. Se trata en definitiva de conseguir que los alumnos aprendan por este medio lo que está bien y lo que está mal; qué conductas y qué modos de vida son aceptables en la vida social y cuáles no. Se trata en definitiva de posibilitar que las escuelas inculquen en sus alumnos una concepción del ser humano y de la sociedad en la que vive acorde con aquella idea.

En esa línea los decretos que desarrollan la LOE establecen la necesidad de formar con carácter obligatorio “la conciencia moral cívica” de los alumnos, y establecen que éstos serán evaluados no sólo de los conocimientos que les impartan a tal fin, sino que además se evaluará su conciencia moral, así como sus actitudes y hábitos personales. Esta última pretensión puede parecer particularmente ridícula, pero en cualquier caso deja constancia del espíritu que ha movido a la elaboración del proyecto educativo contenido en el conjunto de normas que citamos.

Pero el proyecto educativo no se constriñe, en este aspecto, al establecimiento de una asignatura, fundamental y obligatoria para todos, de “educación para la ciudadanía”. El complemento necesario a esta nueva disciplina consiste en la marginación y arrinconamiento de la asignatura de religión. El decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, relega el trato de esta materia a una disposición adicional, la segunda, y la convierte en una optativa que podrá cursarse en el caso de que los padres o tutores de los alumnos así lo manifiesten.

Pero la evaluación de la asignatura de religión no se computará “en las convocatorias en las que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos, ni en la obtención de la nota media a efectos de admisión de alumnos”. Queda situada así en una segunda o tercera categoría. Pero además el proyecto educativo no garantiza cual haya de ser el contenido de la asignatura de religión, ni qué cualidades o aptitudes deberá tener el profesor que la imparta. De manera que cabe pensar que en algunos casos, unos padres católicos que deseen que sus hijos reciban clase de religión católica, pueden encontrarse con que lo que les expliquen sea la historia de las religiones impartida por un practicante del hinduismo o un ateo.

Con este sistema se quiere pues que los poderes públicos queden como únicos educadores de los alumnos en materia moral. Son los poderes públicos en general y los profesores encargados de la asignatura “educación para la ciudadanía” en particular, quienes han de decidir qué es y en qué consiste una “conciencia moral cívica”; son éstos también quienes han de establecer qué actitudes y hábitos personales han de poseer los alumnos para superar la evaluación de esa asignatura situada en el plano de las fundamentales y obligatorias. Son éstos en definitiva los que han de enseñar a los niños y a los adolescentes lo que es una persona humana, lo que es la sociedad, cuales son sus fines y razón de ser, y cómo debe enfocarse la vida de los hombres, qué es bueno y qué es malo.

Como además se cierra toda opción para que los padres que lo deseen puedan obtener de los centros públicos que sus hijos sean formados en una moral distinta de la que imponga el estado, al anular prácticamente la enseñanza de la religión, el resultado es un atentado gravísimo contra la libertad y el derecho fundamental de los padres. Se prescinde absolutamente de ese derecho fundamental tal como quedó plasmado en el artículo 27.3 de la Constitución Española, que declara que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Lo que ahora se pretende es justamente lo contrario, garantizar que los padres no podrán, aunque quieran, conseguir en la escuela pública que sus hijos reciban la formación moral y religiosa que deseen, y por el contrario sí se garantiza que recibirán la formación moral que el gobierno de turno estime oportuna, o los entes públicos educativos, cuya complicidad se busca manifiestamente, al menos la de determinados entes.

Desde el punto de vista de la oposición frontal del proyecto educativo a los derechos fundamentales constitucionales, resulta indiferente cual sea el contenido de la moral y de los principios que se quieren inculcar a los alumnos. Aquí lo único que importa desde esta perspectiva es la sustitución de la voluntad y el deseo educativo de los padres, por la fuerza y la imposición de los poderes públicos. Se trata, sin más, de ahogar la libertad de los individuos mediante la fuerza de la ley y la violencia de quienes tienen el poder de aplicarla y exigir su cumplimiento.

Sin embargo, a la vista de semejantes propósitos, cabe preguntarse qué clase de moralidad ostentan quienes elaboran, promueven o apoyan, expresa o tácitamente, semejante proyecto; qué clase de moralidad, amoralidad o inmoralidad pretenden imponer a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Pues tal como señala el documento de la Comisión Permanente lo que se pretende es imponer el laicismo que quiere excluir a Dios de la vida de los hombres, cuando no lo niega expresamente; el relativismo moral que sostiene que nada es bueno o malo en sí mismo y que todo depende de las mentalidades y costumbres de cada época; y la ideología de género que niega la diferencia antropológica entre hombre y mujer y afirma que cada cual es muy libre de elegir el género que desee de entre hasta siete distintos.

Es lógico y necesario que la Conferencia Episcopal reclame la actuación de los católicos y su respuesta contundente en esta materia. Y sería lógico que los representantes de las demás religiones y todos los hombres de buena voluntad adoptaran acciones de rebelión y oposición frente a esta agresión totalitaria a la libertad y al derecho.

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