El ‘borrador’ filtrado por El Mundo, ¿una crisis de Estado?

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El documento filtrado por El Mundo en plena campaña electoral catalana, en el que se vertían graves acusaciones contra el presidente Mas y el ex presidente Pujol, puede acabar teniendo un efecto singularmente opuesto al pretendido, que era el desprestigio de estas personas con una clara intención de restarles votos. Puede terminar en una crisis de Estado si, como ahora está aflorando con fuerza, parece que es una simple manipulación y además bastante grosera a la que se habría avenido, sin demasiadas verificaciones, el periódico El Mundo.

Los hechos que hoy en día pueden constatarse inducen a considerarlo en los términos apuntados, porque:

1. Asuntos Internos, que se ocupa del caso desde el mismo lunes por la mañana, no encuentra el documento en cuestión ni nada parecido. Es más, desconoce que exista y mucho menos todavía quién pudo haberlo realizado, si una sola persona o un grupo de ellos.

2. La cuestión no es baladí: ¿cómo es posible que un documento de esta naturaleza ahora resulte prácticamente inexistente?, ¿qué verificaciones hizo El Mundo sobre la autenticidad del mismo?, ¿quiénes son los responsables?

3. La validez del documento queda cuestionada a partir del momento en que, después del escándalo producido, sus autores no entregan la pieza a sus superiores porque su contenido ya es público y por consiguiente no existe ninguna razón para ocultarlo si puede servir a la Justicia. El mismo hecho de que se oculten autores y documentos indica que este carece de la más mínima base probatoria.

4. Lo único que se ha encontrado que contenga algún dato de los que se mencionan son documentos anteriores que ya están en manos del juez, relacionados sobre todo con el caso del Palau de la Música. Sus fechas son de 29 de noviembre del año pasado y 1 de febrero, 20 de abril y 24 de mayo de este año. No han encontrado nada más. A partir de estos documentos es imposible, porque no hablan de ello, buscar culpabilidades a Mas o al ex presidente Pujol.

5. Para obtener nuevos datos de cuentas en el extranjero, que sería lo que realmente presentaría indicios graves, es necesaria una orden judicial. Ninguna policía por sí misma tiene capacidad para recabarlos y menos para ser atendida. Por lo tanto, no existe ningún fundamento para pensar que haya datos concretos que avalen la existencia de cuentas corrientes en el extranjero del actual presidente y ex presidente de la Generalitat. Otra cosa son papeles que corren por internet, pero por desgracia es sabido que la red es un magnífico vehículo de comunicación e información pero también un instrumento fácil para el desprestigio desde el anonimato, la amenaza y el insulto.

6. Además de estos hechos, que son fundamentales, el documento que se ha hecho público contiene flagrantes mentiras o desinformaciones, como se prefiera, como la que señala que la Policía autonómica ha sido retirada del ‘caso Palau de la Música’, el ‘caso Millet’, y que ésta ocultó documentación. El propio juez ha tenido interés en afirmar públicamente que tales hechos son falsos. La Policía autonómica continúa en el caso y no hay ninguna queja ni cuestión relacionada con la ocultación de datos.

La pregunta de a quién beneficia debe formularse porque es evidente que la intención era perjudicar al candidato de Convergència i Unió y más allá de él a la formación entera, pero esto no indica el beneficio. No pensamos que el Partido Popular sea connotado ni mucho menos cómplice de este hecho, aunque algunos de sus dirigentes se han mostrado extremadamente imprudentes y alguno, como Cospedal, ha demostrado una escasa responsabilidad de mujer de Estado. No pensamos que esto haya obedecido a una iniciativa del propio Gobierno y que por lo tanto tenga nada que ver con ello el ministro del Interior. Pero sí creemos que hay sectores que están interesados no solo en reducir el resultado electoral de Convergència sino en crear tal confrontación, tal animadversión, que haga imposible cualquier diálogo pasado el 26 de noviembre.

Se han de resolver las responsabilidades políticas, este caso no puede quedar al margen, entre otras cosas porque las numerosas querellas en marcha contra el periódico y contra los autores más pronto o más tarde iluminarán toda o parte de la escena. Antes de que esto ocurra, el Estado debe actuar por propia iniciativa para resolver con claridad las responsabilidades que pueden haberse producido. De lo contrario, ésta será una acción que acabará produciendo una verdadera crisis de Estado, que se sumará a un escenario previo ya de por sí suficientemente crispado y enfrentado. Así no se defiende al Estado sino que se le destruye.

Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos

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