El CAC y la COPE

La actuación del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), haciendo público un dictamen por el que señala que la COPE “ha ultrapasado los limites de la l…

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La actuación del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), haciendo público un dictamen por el que señala que la COPE ha ultrapasado los limites de la libertad de expresión y en que insta a la Generalitat a que le abra un expediente, constituye por diversos motivos un precedente insólito y muy grave.

 

Se presupone que, en un Estado de derecho, los delitos de opinión sólo pueden ser resueltos por un poder independiente como es el judicial. La jurisprudencia española está repleta de sentencias que establecen la inexistencia de delito de opinión, a pesar de que el hecho pueda parecerle al sentido común todo lo contrario, porque los jueces consideran prioritario primar la libertad de expresión como fundamento esencial de la democracia. Que un ámbito de la Administración pueda emitir su juicio y éste alcance repercusiones graves o leves de sanción (da igual) resulta difícilmente compatible con las garantías que una sociedad libre requiere.

 

Por otra parte, resulta estrafalario que el CAC se haya centrado ahora en dos programas controvertidos de la COPE e ignore sistemáticamente todas las denuncias que le son presentadas por presuntas vulneraciones al texto constitucional y a la convivencia, incluso bajo figuras que aparecen tipificadas en el Código Penal. En estos casos, el argumento del CAC, dependiendo del programa, oscila entre el recurso a la libertad de expresión y el que se trata de un programa de entretenimiento o ficción, como si esto ya lo justificara todo. Éste es el caso de TELEVISIÓ DE CATALUNYA (TV3) y el trato que reiteradamente otorga a la Iglesia católica o el de la SER/Radio Barcelona, por citar dos medios bien relevantes pero no únicos. Además, en estos casos, nunca se han solicitado sanciones o cierres (por otro lado utópicos), sino la existencia de criterios por parte del CAC y la obligación de códigos de conducta por parte de los medios de comunicación. Por ejemplo, E-Cristians tiene una larga experiencia de denuncias sin resultado a lo largo de los últimos años. Ha conseguido, como mucho, unos criterios sobre el trato del hecho religioso en los programas de entretenimiento, que TV3, la televisión de la Generalitat de Cataluña, se pasa por el forro sin consecuencia alguna.

 

Por tanto, si el primer punto constituye una fractura en el Estado de derecho, el segundo manifiesta bien a las claras un tratamiento extremadamente desigual que divide a los medios de comunicación entre amigos y enemigos.

 

Pero todavía existen más razones: Una de ellas es la diferencia en el trato según resulte una concesión administrativa de la Generalitat, las radios y televisiones que emiten bajo esta forma, y aquellas que no, lo que sitúa la cuestión en un plano kafkiano, porque unas pueden ser sancionadas a gusto del que manda y las otras no. Ahora resultará que la concesión administrativa es un instrumento limitador de la libertad de expresión. Si este precedente se consolida, existirá una área de pensamiento totalitario en nuestra sociedad. Esto, por no mencionar el daño que puede significar, para el prestigio del Gobierno de Cataluña, que esta iniciativa, en el caso de consumarse, sea condenada, como parece evidente, por la Justicia española o europea.

 

Lo mejor, por justo y prudente, que puede hacer la Generalitat con el dictamen del CAC es olvidarlo, y olvidarse también de esta línea de actuación, para la COPE y para quien sea.

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