El camelo de la tarifa eléctrica: lo que no pagamos en el recibo lo hacemos con los Presupuestos

Hace ahora una semana, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ponía a prueba la paciencia de los consumidores al proponer una subida del recibo de l…

Hace ahora una semana, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ponía a prueba la paciencia de los consumidores al proponer una subida del recibo de la luz de un 11,3%, propuesta aprobada con los votos de la izquierda.

 

La noticia, que vierte una nueva amenaza sobre la ya disparada inflación, planteaba la siguiente cuestión: Si existe un ‘déficit de tarifa’, como argumentan las eléctricas, ¿cómo es posible que éstas sigan obteniendo grandes beneficios?

 

La respuesta está en el bolsillo del consumidor, que paga ese déficit por dos vías: en el recibo de la luz y mediante su aportación a los presupuestos del Estado, que destinan grandes partidas para compensar a las industrias productoras de electricidad.

 

Electricidad cara

 

Hay que recordar que el problema tiene su origen en la gran dependencia exterior que España tiene para proveer de suficiente electricidad a todo el territorio nacional.

 

Y es que la estructura de producción eléctrica en España depende básicamente en un 80% del petróleo y del gas natural extranjeros.

 

Además, en España se produce electricidad de forma más ineficaz y mucho más cara por ejemplo que en Francia, a quien compramos energía. Y la energía cara significa unos costes extras para las industrias.

 

Por otra parte, en España no hay una política realista por parte del Gobierno para afrontar este doble problema.

 

Más de 5.000 millones

 

En este contexto, a pesar de que las eléctricas siguen obteniendo beneficios, el llamado ‘déficit de tarifa’ supondrá este año un desembolso para estas compañías, a cargo de los presupuestos del Estado, de probablemente más de los 5.000 millones calculados por el ministro de Economía, Pedro Solbes.

 

De hecho, el Gobierno ha estado manteniendo bajas artificialmente las tarifas a fuerza de compensar con los presupuestos, que, en definitiva, no deja de ser el dinero de los ciudadanos.

 

De esta manera, las familias, además de soportar el incremento de ese 11,3% previsto para julio en el recibo de la luz, se hacen cargo también del déficit compensado mediante su aportación a los presupuestos.

 

Mientras tanto, los consumidores no son conscientes de este hecho ni de lo que vale en realidad la electricidad; y, al desconocer el coste real de la energía, se tiende a gastar más de lo que se necesita.

 

Falta de equidad

 

Otra de las cuestiones discutibles de la política del Gobierno es que, al pagar a través de los presupuestos el déficit tarifario, se está cometiendo una cierta injusticia, porque los que más electricidad gastan pagan igual en esa partida que los que ahorran energía.

 

La falta de equidad se muestra también en el hecho de que, en términos proporcionales, los grandes consumidores de energía eléctrica son la siderurgia y la química.

 

En España está vigente un cálculo para el tipo de tarifa que tienen estas industrias que favorece a los grandes consumidores: cuanto más consumen, menos pagan y, por tanto, más deben contribuir los usuarios domésticos para cubrir esa parte no cobrada a las industrias siderúrgicas y químicas.

 

La política española de mantener precios es, pues, una política desafortunada, por ser anti-ecológica, anti-ahorro e injusta con el ciudadano medio.

 

Es una política que consiste en incrementar ahora de forma desproporcionada los precios, sin que haya ningún intento por resolver la ineficacia productiva, la dependencia exterior y la estructura tarifaria; una política que subvenciona a las eléctricas por una vía no racional.

 

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