El Consejo Escolar, un órgano del Estado que actúa sin tener en cuenta el mandato constitucional

El informe aprobado este jueves 17 de febrero por el Consejo Escolar del Estado, en el que pide al Gobierno que la asignatura de religión salga del ho…

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El informe aprobado este jueves 17 de febrero por el Consejo Escolar del Estado, en el que pide al Gobierno que la asignatura de religión salga del horario escolar, va contra la Constitución española. En su artículo 27.3, la Carta Magna dice textualmente que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. A pesar de este mandato, el organismo educativo recomienda que la materia salga del currículo y del horario lectivo. La decisión se tomó, por primera vez, por el voto de la presidenta, Marta Mata, ya que la votación había registrado empate a 13. Además, una enmienda incluida propone también la derogación de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.

Las reacciones no se han hecho esperar. Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), acusó de “partidismo” al órgano consultivo, y apuntó incluso la posibilidad de que su entidad lo abandono. “Nos parece una pérdida de tiempo y una burla”, dijo. Por su parte, Rosa de la Cierva, que forma parte del Consejo dentro del grupo de personalidades de prestigio, se mostró extrañada de que “algunas asociaciones como la Confederación de Padres de Alumnos (CEAPA), que es laica, pida que la religión salga de la escuela cuando ha aumentado el número de alumnos que la solicitan”, según los últimos datos de la Conferencia Episcopal.

Ya este viernes 18, la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, pidió “esfuerzo por parte de todos para alcanzar una solución de convivencia que combine los derechos de las personas que desean que sus hijos reciban clase de religión y los de aquellas familias que no lo quieren”. Sobre la división en la votación del Consejo Escolar, habló de “posiciones diversas” que reflejan la realidad social y anunció que el Gobierno “estudiará y analizará los contenidos concretos de las distintas propuestas” aprobadas en la reunión que el organismo consultivo celebró el jueves.

La gran paradoja

Pero la ministra no dijo ni una palabra sobre la inconstitucional del acuerdo. Es incomprensible que un organismo del Estado acuerde contenidos contrarios a la Carta Magna, como es el caso de la petición de quitar la religión del horario lectivo. El acuerdo, además, queda desacreditado por el voto decisivo de la presidenta, que hasta ahora no se había producido nunca. Pocas horas después de la reunión, Marta Mata se mostró incluso molesta por la filtración que permitió conocer el sentido de su voto, y explicó que la solicitud al Gobierno se refiere solamente a los centros públicos. Si la propuesta llegase a aplicarse en estos términos, los centros concertados, muchos de ellos de orientación católica, podrían seguir impartiendo asignatura de religión. Por tanto, tendría que desaparecer la actual limitación de plazas que tienen estos colegios.

La medida, en definitiva, sería un absurdo que incumple el mandato constitucional de garantizar la libertad de los padres para que sus hijos estudien religión confesional. Con este acuerdo, el Consejo Escolar del Estado está funcionando como si el marco constitucional fuese el francés, que define a este Estado como laico y no incluye la norma establecida en el artículo 27 de la Carta Magna española. En cuanto a los acuerdos de España con la Santa Sede, se trata de un tratado internacional con mecanismos para ser derogado, pero no representa ningún privilegio ni para la Iglesia ni para los católicos. Simplemente emana del artículo 16.3 de la Constitución, que dice así: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.

A todo esto hay que añadir que el informe del Consejo Escolar propone también que los directores de centro escolar sean elegidos por los profesores en un 50 por ciento y por padres y alumnos en la otra mitad. Ello significa que los padres tendrían una capacidad de decisión ridícula y, además, al mismo nivel que los alumnos, que son sus hijos. Finalmente, cabe destacar que el organismo incluye también una solicitud de que se elimine la prueba de reválida para el acceso a la universidad, a pesar de que los profesores la reclaman.

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