El descontrol en el conflicto de los astilleros debe hacer reflexionar a todos

La situación conflictiva de los astilleros españoles sigue sin ver el final del túnel, con 19 heridos el jueves 16 de septiembre en Sestao y Ferrol y …

La situación conflictiva de los astilleros españoles sigue sin ver el final del túnel, con 19 heridos el jueves 16 de septiembre en Sestao y Ferrol y varios incidentes el viernes 17 en Sevilla. A pesar de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se había comprometido el domingo 12 de septiembre a “salvar” las empresas de ese sector durante un mitin en el País Vasco, se ha vuelto a vivir una semana de movilizaciones y tensiones. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantiene su plan de viabilidad, que pasa por privatizar varias factorías, y el propio Zapatero lo apoyó el miércoles 15 en una intervención parlamentaria, lo que muchos han interpretado como “una rectificación de doble lenguaje” y ha provocado que le acusen de “mentiroso”. Cabe recordar que el plan recoge la separación entre los astilleros militares, que son rentables, y los civiles, que no lo son, así como la entrada de capital privado en estos últimos.

Mientras tanto, también el miércoles, la última reunión de la SEPI con los sindicatos acabó en fracaso. Ahora, los sindicatos de la compañía Izar centran su esperanza en la posibilidad de que se cree una empresa que gestione todas las factorías que no se integren en la nueva Izar, es decir, las dedicadas a la construcción naval civil. Fuentes de la SEPI valoran positivamente esta alternativa, aunque dificultaría el proceso privatizador que sigue defendiendo el organismo público. De momento, está convocada para el jueves 23 una nueva sesión negociadora de la SEPI con los sindicatos Comisiones Obreras. UGT, CIG, ELA, CAT y USTG. El presidente de la corporación, Enrique Martínez Robles, presentará un nuevo plan industrial.

Más allá de estos hechos, la realidad es que los trabajadores están convocando en los últimos días nuevas movilizaciones al margen de los procedimientos habituales, hasta el punto de que los sindicatos mayoritarios temen perder el control de la situación. A los enfrentamientos del jueves en Sestao y Ferrol, con 19 heridos, hay que añadir que la Policía española impidió con una carga que los trabajadores bloqueasen el paso por el denominado Puente del Quinto Centenario sobre el río Guadalquivir, una vía básica para las comunicaciones de Sevilla. El balance era de 10 heridos en el momento de cerrar esta edición de ForumLibertas.com.

Un conflicto que no es nuevo

La difícil situación económica y laboral que viven ahora los astilleros españoles tiene su origen en la difícil viabilidad económica del sector. En 1997, la Comisión Europea autorizó que el Gobierno español, entonces presidido por José María Aznar, concediese ayudas a la reestructuración de los astilleros públicos por valor de 811 millones de euros con la condición de que, en adelante y de acuerdo con la regulación europea, no proporcionase ayudas adicionales. Sin embargo, la SEPI realizó después varias operaciones de transacción entre el holding AESA y la empresa Bazán, grupo militar de construcción naval. Los movimientos económicos desembocaron en la fusión de todos los astilleros españoles en una sociedad llamada inicialmente Bazán y actualmente Izar.

En julio de 2000, la Comisión Europea empezó a mirar con lupa alguna de esas transacciones, sobre todo la adquisición que realizó la SEPI, por 60 millones de euros, de los astilleros Juliana y Cádiz y también de la fábrica de motores diesel de Manises (Valencia), propiedad de su filial Astilleros Españoles. El ejecutivo comunitario sospechaba que no se trataba de operaciones reales de mercado, sino de ayudas del Estado encubiertas. Más adelante, en mayo de 2003, Bruselas amplió el dossier para investigar las inyecciones de la SEPI a empresas que, en este momento, están integradas en Izar. Además de las adquisiciones, se incluyen aportaciones de capital a las factorias de Puerto Real (Cádiz), Sestao (Vizcaya) y Sevilla. Todas estas ayudas, cuyo valor acumulado podría superar los 1.000 millones de euros, fueron declaradas ilegales la semana pasad por la Comisión Europea a propuesta del comisario de la Competencia, Mario Monti.

Durante este año 2004, a excepción del período electoral de las generales del 14 de marzo, las movilizaciones han sido constantes. Ya el Gobierno del Partido Popular buscó una solución provisional para que se retomasen las negociaciones tras la cita con las urnas. Pero ahora, la previsible crisis política va afectar, al contrario de lo que se esperaba, a un ejecutivo socialista. Rodríguez Zapatero, en definitiva, puede encontrarse en los próximos días con el primer distanciamento importante de su gabinete con los sindicatos mayoritarios. Entre acusaciones políticas mutuas sobre responsabilidades en el conflicto, lo más importante es que, dejando al margen cualquier discurso partidista, se encuentre una solución justa para los trabajadores y sus familias y una garantía de viabilidad económica para el futuro.

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