¿El deshielo Madrid-Barcelona afectará a la consulta soberanista?

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Ha empezado el deshielo entre Madrid y Barcelona, o entre Barcelona y Madrid. La falta de diálogo no conducía a ninguna parte. El “choque de trenes” de Artur Mas, tampoco. ¿Por qué? Simplemente porque Catalunya se encuentra tan agobiada en términos económicos que no puede pagar las nóminas ni los compromisos más urgentes del estado del bienestar, como los conciertos para centros sanitarios, escolares, de minusválidos, servicios sociales…

Entre vecinos el entendimiento siempre es mucho más rentable que la pelea. Véase para España, Francia, Marruecos y Portugal. Y otro principio esta vez político: si quieres conseguir mucho o poco de tu vecino más poderoso busca el diálogo y el pacto y no la tensión permanente, aunque esta a veces sea necesaria.

Son cosas de sentido común, que debería ser el más común de los sentidos, pero muchas veces no lo es y aparece eclipsado por el apasionamiento, el sentimentalismo, la intransigencia, la codicia, el querer resolverlo todo de la noche a la mañana, la “razón de Estado” que diría Luis XIV si es que el Estado tiene “razón”, es decir si tiene capacidad de “razonar”.

Dos problemas a resolver: el económico y el político.

El diálogo entre Barcelona y Madrid no supone un giro copernicano, ni un giro de ciento ochenta grados, sino simplemente un giro de noventa grados, porque los problemas aquí son dos, uno económico y otro político (la consulta).

En lo económico Catalunya tiene un problema de liquidez muy grande, hasta el punto de no poder pagar las nóminas, hasta el punto de no tener para este año 2013 presupuestos propios, y hasta el punto que no puede pagar los intereses y parte de la deuda a la que se comprometió no ya con las entidades financieras internacionales y españolas, sino con los propios ciudadanos catalanes, en la llamada “deuda soberana”, o sea el endeudamiento que ya tuvo que hacer la Generalitat al no encontrar financiación ni dentro ni fuera de España.

La Generalitat debe hacer frente este mes de abril a 4.420 millones de euros de deuda, entre los que está la deuda soberana. Tiene los presupuestos prorrogados. Miles de millones de impagados que generan unos intereses que gravan sobre el neto de los impagos. Por otro lado, Catalunya tiene 660.000 parados y es la comunidad autónoma con mayor número de ERE,s y mayor número de suspensiones de pagos. Los funcionarios tienen una paga menos y se ha anunciado un fuerte recorte de personal interino de la administración catalana.

Por otro lado, están los problemas de corrupción que afectan al partido del Govern (CiU) y de la oposición que lastran credibilidad y liderazgo a las políticas de CiU, lo mismo que al PP, al PSOE y al PSC.

Para este año 2013 está prevista la reforma del sistema de financiación autonómica, en la que no solo Catalunya, sino también Valencia, Madrid y Baleares, protestan de que están aportando mucho más de lo debido al fondo de compensación interterritorial, es decir al fondo que va a las comunidades más pobres, entre las que están Andalucía y Extremadura que ya han levantado el grito para decir que no se toque lo suyo.

El tema de debate sobre la aportación de Catalunya al fondo de solidaridad interterritorial, salió a relucir con fuerza hace un par de años con el llamado “pacto fiscal” y en plena crisis. Y en dos años más de crisis se pasó a pedir directamente la independencia en la famosa manifestación del 11-S de 2012, lo cual es normal. Si repasamos la historia, cuando los reyes pedían demasiados impuestos a los nobles y/o ciudadanos acaban registrándose revueltas populares. Ahora tenemos el caso lacerante de los desahucios.

La financiación autonómica catalana no es de hace dos años, sino desde el comienzo del Estado de las Autonomías. Primero se elaboró una Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que tuvo como uno de sus padres al difunto Ramón Trías Fargas, con el aplauso de Jordi Pujol. Se decidió que Valencia, Madrid, Baleares y Catalunya aportaran más para ayudar a las comunidades menos favorecidas económicamente.

En los siguientes años se modificaron los contenidos de la financiación y se pasó a que las comunidades autónomas participaran directamente en los impuestos, unos cedidos (transmisiones, sucesiones, tasas e impuestos especiales) y otros compartidos (IRPF e IVA), con batallas políticas entre CiU y PSC sobre quién conseguía más en Madrid. No se discutía entonces la aportación de Catalunya al fondo de solidaridad interterritorial, sino que se asumía, aunque con la salvedad de que esto no podía ser eterno, sino que las comunidades más necesitadas dispusieran de un desarrollo propio que hiciera cada vez menos necesario recibir dinero de otras comunidades. Andalucía y Extremadura han salido ahora, como es natural, a protestar por lo que prevén que no recibirán.

La negociación sobre la financiación autonómica ha comenzado con Catalunya, pero al final deberá ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están todas las comunidades autónomas, el que deberá aprobar la reforma del nuevo sistema de financiación, para que sea el Congreso de los Diputados quien lo apruebe finalmente.

El problema político: la consulta

Hasta aquí el problema económico esbozado en pocas palabras. Paralelamente -los otros noventa grados que faltan para darle la vuelta al tema de las relaciones Madrid-Barcelona- está el tema de la consulta al pueblo catalán sobre su futuro, previsto, según el pacto CiU-ERC de gobernabilidad catalana, para el 2014. Los dirigentes catalanes dicen que los dos temas (el económico y el político) no van mezclados, y es verdad, pero no es menos verdad que van de la mano, y que de la solución del primero depende abrir o cerrar una solución al segundo.

Si quedara bien resuelto el tema económico a gusto de todos sería un primer paso para reducir las ansias soberanistas catalanas y tal vez para abrir el paso a una consulta popular. Este es un problema eminentemente político, donde tanto los políticos de Madrid como los catalanes deben afinar bien sus instrumentos para no desafinar en la procesión (procesión viene de proceso). De momento, Artur Mas ve que cada paso que da a favor del independentismo son votos que sirve en bandeja a Esquerra Republicana, la cual los recibe sin el desgaste que tiene el gobernar. Pero de eso hablaremos en otro momento.

Salvador Aragonés, periodista y profesor de la UIC

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