El dinero de los partidos políticos en España

Ahora que nos encontramos en campaña electoral es conveniente recordar la nueva regulación de la financiación de los partidos políticos operada por la…

Ahora que nos encontramos en campaña electoral es conveniente recordar la nueva regulación de la financiación de los partidos políticos operada por la ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, que ha sustituido a la LO 3/1987, de 2 de julio y sus reformas posteriores.

La financiación de los partidos políticos ha presentado en todos estos años múltiples deficiencias y problemas, hasta el punto que el Tribunal de Cuentas, como órgano fiscalizador, había requerido reiteradamente dicha reforma.

Es un lugar común la consideración de los partidos políticos como elementos fundamentales del moderno Estado democrático y de lo que se ha venido en llamar la democracia de partidos. Así se deriva sin ir más lejos de lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución española.

Ahora bien, también es cierto que se han dado casos de corrupción o de financiación irregular, así como actuaciones desmesuradas, que han puesto de manifiesto deficiencias graves de ese “Estado de partidos”.

Asimismo, la omnipresencia de estos en la esfera pública, y en ocasiones su actuación excluyente de otras organizaciones sociales, ha permitido hablar de un “secuestro de la democracia”, diferenciándose entre ésta última y la partitocracia.

También se plantea frecuentemente la conveniencia de una financiación adecuada de los partidos políticos, con el debate de si la misma ha de ser pública o no, y en qué proporciones.

Por otro lado, el Barómetro Global de la Corrupción 2007 elaborado por la ONG Transparency International concluye que los partidos políticos son la institución más corrupta según la opinión de la ciudadanía española, con una valoración de 3,9 sobre un máximo de 5, lo cual representa un 62% de los encuestados.

En concreto, la financiación de los partidos es la principal sospecha de corrupción para los españoles. La imagen de los partidos por consiguiente no sale bien parada de dicho informe.

Una valoración global de la nueva ley ha de tener en cuenta el hecho de que son los propios partidos, para entendernos, los que la aprueban. Por ello puede afirmarse que en términos generales éstos no aprobarán nunca una regulación deficiente o improcedente para ellos mismos. Así, la nueva ley de financiación se aprueba finalmente con el voto en contra del PP –a mi juicio más estratégico que otra cosa-, que no participa del consenso mayoritario final de los otros grupos.

La nueva ley prohíbe las donaciones anónimas, a cambio de un aumento suculento de la cantidad de dinero público de subvención directa que recibirán.

En efecto, la nueva ley aumenta de 65 a 78 millones de euros, un 20%, la subvención que para el funcionamiento ordinario reciben de los presupuestos generales del Estado (a parte están las cantidades relacionadas con los gastos electorales, o con la seguridad, por ejemplo).

Por otro lado, hemos de destacar la baja contribución económica de los afiliados. La financiación derivada de cuotas de los afiliados, de las aportaciones de los cargos electos, etc., representa aproximadamente una quinta parte del total de los ingresos.

La nueva ley establece que las aportaciones de particulares de menos de 600 euros anuales sean deducibles de la base del impuesto sobre la renta y que las donaciones nominativas tengan también un trato fiscal favorable.

Pero no hay un límite en la proporción de financiación pública, como ocurre en Alemania donde la financiación pública no puede superar el 50 % de los ingresos anuales del partido. En Italia, además, se retiró la financiación pública directa con cargo a los presupuestos, para el funcionamiento ordinario y solo existe la relativa a la financiación de las candidaturas electorales.

Las donaciones privadas han sido el gran caballo de batalla de la nueva ley, que las limita a 100.000 euros y 150.000 para las que vayan a parar a las fundaciones dependientes de los partidos. Eso sí, siempre identificables. Nunca anónimas.

Ahora bien, es sintomático que excluya de los límites mencionados a las donaciones de inmuebles, o la condonación de deudas, por ejemplo.

La disposición adicional sexta incluye a las Fundaciones y Asociaciones vinculadas a los partidos políticos como sujetos que entran dentro de su radio de acción. Asimismo, el régimen de las donaciones que se pueden realizar a las mismas abre la puerta a que las fundaciones y asociaciones vinculadas orgánicamente a los partidos políticos puedan “aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presenten sus servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público. Las donaciones de personas jurídicas por importe superior a 120.000 euros precisarán que la donación se formalice en escritura pública”.

En todo caso, el diseño de la ley si bien permite ampliar el control al Tribunal de Cuentas también aumenta la capacidad de las fundaciones y asociaciones vinculadas, de ser una fuente importante de financiación de los partidos de forma indirecta.

En definitiva, si para algo ha servido el debate y la aprobación de la nueva ley es para un aumento notable de los fondos provenientes de la subvención directa que recibirán todos los partidos con representación institucional para sus gastos de funcionamiento ordinario.

A partir de aquí, podemos destacar datos puntuales como la prohibición de las donaciones anónimas, los límites de las cantidades a donar (con la el trato específico de los inmuebles), el nuevo rol de las fundaciones vinculadas a los partidos como instrumentos paralelos de financiación, entre otros aspectos novedosos.

Pero todo los indicadores nos llevan a la gran dependencia – para algunos excesiva- de la financiación pública. La pretensión de ampliar la proporción de las aportaciones de particulares, habrá que ver cómo se desarrolla en el futuro, y si se corrigen las grandes diferencias que ha habido hasta ahora.

Los beneficios fiscales pueden ayudar a su aumento, pero se deberá ver la evolución de esta conducta.

De momento, con el aumento mencionado del 20% de un año a otro, se nos muestra un trato discriminatorio en relación a otros colectivos, se encubre la mala gestión o el derroche, y se ignora la ejemplaridad en el uso riguroso de los recursos públicos.

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