El discurso cínico de la ministra Bibiana Aído

La ministra publicó un artículo en El País el pasado viernes, 6 de marzo, que solamente puede ser motivo de crítica y rech…

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La ministra publicó un artículo en El País el pasado viernes, 6 de marzo, que solamente puede ser motivo de crítica y rechazo por la falta de honestidad y el exceso de cinismo con que intenta justificar la ley sobre el aborto.

Sujetándose al guión del PSOE, que intenta formatear las mentes de la gente, centra sus argumentos en un punto: La falta de seguridad de la mujer y los médicos. Como todos los eslóganes su problema es que pinchan clamorosamente cuando ha de intentar desarrollarlo, porque los hechos no acompañan a la narración. Constatémoslo:
Presenta como ejemplo de inseguridad el caso de una mujer que tuvo que abortar fuera de España porque se diagnosticó una malformación fetal incompatible con la vida, cuando superaba las 22 semanas. De este hecho aislado no se puede deducir ninguna de las propuestas que la ley formula. Ninguna ley se legisla contemplando situaciones extremas. En nuestro país no sólo las malformaciones fetales son detectadas, en general dentro de los plazos, y es muy atípico un caso como el apuntado, sino que además se comete un exceso y un abuso.

En España la malformación fetal no se aplica a las incompatibilidades para la vida sino que se extiende a todo aquello que no parezca ‘normal’. La ministra sabe o debería saber que esta vía de aborto se ha convertido en una práctica eugenésica. Solamente hace falta observar los niños con síndrome de Down que nacen hoy para constatarlo. Se aceptan como malformaciones cuestiones tan secundarias como el labio leporino; se practica el aborto no ya a quienes no podrían sobrevivir sino a todos los que no presenten un rasgo de perfecciones raciales.

Existe un estándar de raza humana, y el que no se acopla a él no tiene derecho a nacer. Ésta es la realidad pura y dura, y una nueva ley lo que debería hacer es regular con precisión lo que significa malformación fetal, más cuando la Sentencia del Tribunal Constitucional en este tema dejaba claramente sentado que con el desarrollo del estado social de derecho -se trata de un texto del año 1985- este tipo de abortos tenderían a reducirse porque existirían muchos más medios para que la sociedad pudiera acoger a los niños con dificultades.

Todavía es más ridículo y extremo el ejemplo inventado de un ginecólogo que trabaja en un centro público y que vive en la inseguridad de que si un aborto puede ser denunciado o no, y por ello no los practica. La ministra debería saber cuántos médicos, no ya de hospitales públicos, sino de las empresas privadas que se dedican a este negocio, han sido denunciados, juzgados y condenados en los últimos 15 años. Descontando el caso Morin, podrá contarlos con los dedos de una sola mano.Lo que sucede es que los médicos de los hospitales públicos como funcionarios que son, y por lo tanto potencialmente incursos en problemas más graves si incumplen la ley, se niegan a practicar la mayoría de abortos porque estos son absolutamente ilegales, fraudulentos, y los derivan a las clínicas privadas.

La ministra sabe o debería saber que el 97% de los abortos totales son justificados por la enfermedad grave de la madre. Y a su vez, estos, en casi su totalidad, atribuidos a una enfermedad mental. No existe ningún país de Europa donde se produzca tal prevalencia, que señalaría una pandemia extrañísima que aquejaría solo a las mujeres embarazadas españolas. En realidad lo que sucede es que tal enfermedad no existe. El hecho de que los psiquiatras que firman los informes que lo justifican pertenezcan a las propias empresas que hacen negocio con el aborto cierra el círculo. Se trata simple y llanamente de un fraude de ley que la justicia no ha perseguido y que el Gobierno intenta ocultar. Existen médicos como el Dr. Cañellas que en razón de su honestidad profesional han denunciado estas prácticas experimentadas en su propia persona en su condición de médico psiquiatra; existe el caso Morín y sus clínicas; existen datos generalizados de que esto es así. Una nueva ley debería garantizar el cumplimiento estricto de lo que está regulado, en lugar de proteger a quienes han delinquido.

No puede hablarse de inseguridad del médicoo de la mujer cuando, después de un millón de abortos, los médicos o mujeres que han visitado la cárcel son rara avis. La señora Aído debería explicar cual es la ratio de abortos por médico o mujer encarcelada.
En el trasfondo es un acto de cinismo extremo plantear una nueva ley y no abordar para nada el caso Morín que promovió un escándalo en Europa, no por el hecho de que practicara abortos, sino porque los hacía al margen de toda la legislación europea, y por eso recibía mujeres de todos los países. El caso Morín no es una anécdota, incorpora diversos centros, más de una decena de personas procesadas, ramificaciones de presuntos delitos económicos, y una larga trayectoria de más de diez años de prácticas de este tipo. En realidad, la ley que propone la ministra intenta proteger a los otros ‘morines’ que existen en este ámbito y facilitar la exculpación del propio Morín y sus colaboradores. Estos son los únicos médicos que la ley protegerá, los restantes, los de la buena práctica, nunca han tenido ningún problema.
Afirma que debemos equipararnos a la legislación europea y por ello es necesaria una ley de plazos. Pero no dice que en Europa, a diferencia de lo que propone ella, el aborto sí está penalizado, no existe la despenalización total. La referencia a Holanda como uno de los países que menos abortos registra, no es exacta. Hay otros como por ejemplo Austria, o Polonia, que con mecanismos muchos más restrictivos obtienen mejores resultados. Pero es que además, en el caso de los Países Bajos, la infracción de la ley, como ya hemos apuntado en otras ocasiones, es durísima, porque comporta directamente la pena de homicidio.
Existe además una diferencia substancial con los marcos legales de la mayoría de países europeos. En nuestro caso, la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 1985, establece que existe vida humana desde el momento de la concepción que el Estado tiene el deber de proteger para permitir su desarrollo, y que la mujer no tiene un derecho absoluto a disponer sobre esta vida. Sólo cuando hay colisión de derechos, el del concebido a nacer y el de la dignidad (referido a la violación) o salud de la madre, entonces sí puede introducirse el supuesto del aborto. Este enfoque es substancialmente distinto al de otros contextos jurídicos. Una ley de plazos en España es radicalmente inconstitucional por esta razón. Y resulta una política caribeña, a la venezolana, que el propio Gobierno promulgue leyes que sabe que no se ajustan al derecho, en la confianza de que podrá influir políticamente sobre el TC o, como mínimo, con la idea que con el ritmo actual de trabajo del más alto tribunal, pasarán años aplicándose la ley antes que quede convertida en nada.

Esta actuación, al margen del tema que sea, socava los fundamentos del estado de derecho, genera peligrosos precedentes, que los propios partidarios del aborto no deberían asumir, porque si la ley depende de la correlación de fuerzas en un momento determinado, nadie garantiza que las cosas no puedan llegar a ser radicalmente distintas en un futuro. Si cada vez que hay un cambio de gobierno se está jugando a una partida a todo o nada, cosa imposible en un estado de derecho, se están creando las condiciones para una profunda fractura de esta sociedad que recuperará así uno de sus fantasmas más temibles. Las normas de juego se deben respetar y la jurisprudencia del TC es una de esas normas.

Hay otra gran diferencia, esta de tipo práctico, con Europa. El sistema que funciona en España está basado en la ilegalidad masiva, en el negocio montado sobre el fraude de ley, con la colaboración necesaria de los gobiernos. Esto queda dicho así, subrayémoslo: el Gobierno por omisión flagrante genera la condición necesaria para que se pueda delinquir de manera sistemática, y hacer de ello una actividad empresarial. La diferencia práctica con Europa nace de esto: de la falta de control, y de la impunidad total. Cualquier nueva ley debería nacer después de haber garantizado que el marco vigente se cumple, es decir que se reestablece la legalidad. Porque si no lo único que se hará será construir un nuevo edificio mucho más grande e impune sobre ella.
Finalmente, no puede hacerse una nueva ley ignorando las aportaciones con datos objetivos formuladas en la subcomisión del Congreso. Las que se relacionan con la falta de ayudas y medios de atención para las mujeres que desean tener sus hijos; de alternativas al aborto, de la necesidad de establecer periodos de información y reflexión para que la mujer pueda decidir de una manera reflexiva; de los riesgos y consecuencias que el aborto entraña para las salud de la mujer; y de los daños que la elevada cifra de abortos ocasiona sobre la renta y la estabilidad del sistema público de pensiones. España es el país de Occidente donde más rápidamente crece, y a la vez es el que presenta unos peores datos demográficos. No se puede plantear un nuevo texto legal sin introducir estas consideraciones.
No hacerlo, como acaece con el mencionado artículo de la Sra. Aído, es un acto de cinismo descomunal.
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