El divorcio, un tema político

El divorcio debe formar parte y con urgencia de la agenda política. Pero, ¿por qué, y en qué sentido? La razón obje…

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El divorcio debe formar parte y con urgencia de la agenda política. Pero, ¿por qué, y en qué sentido? La razón objetiva es básicamente una. Porque la dimensión que ha alcanzado y los costes sociales que determina constituyen un problema de primera magnitud para el buen funcionamiento de la sociedad y su economía. En España, más de la mitad de matrimonios terminan en divorcios, que crecen y crecen de manera que ya somos uno de los países con mayor número de casos del mundo, por encima de Estados Unidos, el lugar que ha servido a la mayoría de personas de este país para familiarizarse con él a través de las películas. En el año 2013, se produjeron en España 95.427 divorcios y se celebraron 155.098 matrimonios. Además, el número de matrimonios disminuye y crecen la cohabitación y las parejas de hecho. Todo esto tiene una lectura moral, y religiosa, pero la que ahora deseamos hacer es una de carácter estrictamente económico.

La literatura científica sobre los efectos del divorcio es abundantísima mayoritariamente anglosajona, pero en periodos más recientes extendida a otros lugares. Por ejemplo, el estudio de la Universidad de los Andes de Chile ‘Informe sobre el Divorcio’, es un excelente estudio de estudios. El Nobel Becker, en su famoso trabajo sobre la familia, es una referencia obligada, como lo es Coleman en sus estudios sobre la relación entre el capital social de la familia y el rendimiento escolar. Porque en su quintaesencia lo que hace el divorcio es destruir el capital social configurado por la pareja, lo que se traduce en un daño al capital humano, a los hijos, si los hay en edad de estudiar, y probablemente al menos a uno de los dos conyugues, el económicamente débil, o a los dos si ambos comparten esta situación. Sus efectos son ramificados y se extienden en el tiempo.

En relación a los hijos, perjudican sus capacidades futuras -su capital humano-, disminuye su aportación fiscal de adultos, y aumenta sus costes sociales a lo largo de su vida por causas distintas: que van desde conductas inadecuadas a su rendimiento escolar. En el caso de España y sus insólitas cifras de fracaso y abandono escolar, la correlación con el crecimiento del divorcio es una evidencia matemática.

El divorcio destruye una fuente decisiva de capital humano como es la red de parentesco, y resta así posibilidades a los cónyuges divorciados y a sus hijos. Y afecta claro está a la pareja, que ve multiplicados sus costes y reducidos sus ingresos. La parte económicamente débil, que acostumbra a ser la mujer, puede experimentar una reducción de entre el 20% y el 70% de esos ingresos, y la mayor frecuencia se da entre aquel mínimo y el 30%. Es mucho, sobre todo en tiempo de crisis y con ingresos reducidos. Esto explica que el divorcio sea la causa principal de la pobreza femenina, al configurar familias monoparentales por debajo de los ingresos que marcan el inicio de la pobreza relativa (por debajo del 60% de la renda mediana, que no de la media).

Toda esta dinámica de ruptura es generadora de un alto nivel de estrés -ocupa uno de los máximos niveles después de la defunción de un ser querido- que tiene consecuencias sobre la salud. Y genera unas externalidades negativas contra la sociedad en forma de costes sociales, que en parte asumen el entorno y en gran medida se traducen en costes de oportunidad para las administraciones públicas, desde la pérdida de ingresos a la asistencia social, pasando por el coste de un repetidor, unos 8.000 euros.

Una sociedad en dificultades como la nuestra no puede mirar impasible esta situación. Es evidente que la reforma del divorcio que practicó Zapatero lo trivializó, lo convirtió en un contrato que no vale nada; que nadie aceptaría como formalización comercial o laboral algo que la creciente equivalencia de derechos con las parejas de hecho aumentó. El matrimonio homosexual, al desgajarlo de toda perspectiva dinástica, lo redujo todavía más a un simple proyecto de vida en común, menos vinculante que compartir el coste de unas largas vacaciones de verano. Por otra parte, los recursos para la mediación y reconciliación familiar son nulos.

En definitiva, no preocupa a nadie, y esto es una irresponsabilidad. No se trata de cercenar la libertad, quienes deseen un matrimonio indisoluble solo depende de ellos y pueden acudir a la Iglesia, pero sí se trata de acotarla a los intereses de la sociedad, de la misma manera que comprarse un coche no significa la libertad de conducirlo como uno quiera.

Desde la libertad y el respeto la sociedad y los partidos políticos, el Gobierno debe plantearse esta cuestión, que en definitiva no es otra que recuperar el sentido de la responsabilidad de los propios actos, de sus consecuencias, y de entender que la felicidad personal requiere preparación y esfuerzo.

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