El fiscal investigará penalmente la inducción al aborto de la camarera de Gerona

Presionar a una mujer, a una empleada en este caso, para que cometa un aborto, y además sin que cumpla los requisitos legales del aborto en España, es…

Presionar a una mujer, a una empleada en este caso, para que cometa un aborto, y además sin que cumpla los requisitos legales del aborto en España, es materia penal y debe ser investigado.

Ya a mediados de enero el sindicato UGT facilitó a la fiscalía todos los datos del caso de la camarera de Gerona presionada por su jefe para que abortase. El sindicato no ha hecho público el nombre del restaurante pese a que otros empresarios del sector quieren que se dé a conocer.

La mujer prestó declaración ante la fiscalía; también los responsables de la empresa lo han hecho, y ahora el fiscal decide que hay base suficiente para que el tema siga instrucción judicial. La fiscalía ha presentado la denuncia en el juzgado número 4 de Gerona, según publica el diario El Punt.

Según Dolors Bassa, secretaria de empleo y mujer de la UGT en Gerona, durante el 2006 el sindicato supo de al menos seis casos similares, pero sólo en éste la afectada se prestó a declarar y además podía aportar el testimonio de otra persona que vio lo que sucedía. En todos los otros casos las mujeres presionadas no se atrevieron a hacer público el caso.

¿Sabe la conselleria de Interior lo que hace?

Recientemente la Asociación E-Cristians pidió a la conselleria de Interior, dirigida por el postcomunista Joan Saura, que investigase policialmente los hechos. Un portavoz de Interior respondió a E-Cristians que se trata de un tema laboral, y que compete a Trabajo investigarlo.

Sin embargo, esta respuesta tiene dos puntos débiles. Por un lado, es posible y legal y normal hacer una investigación laboral y otra penal al mismo tiempo. Por el otro, al haber pasado varios meses desde los hechos, el tema ha prescrito para el derecho laboral, aunque no así para el penal.

Por lo tanto, el fiscal de Gerona, el juez y la policía tienen en su mano investigar este caso: un empresario que pide a una mujer que aborte a su hijo, so pena de perder el trabajo, y sin que el aborto cumpla ninguno de los requisitos de la ley española. La clase empresarial necesita recibir un mensaje claro de que nuestra sociedad no puede consentir este tipo de presiones sobre las madres trabajadoras.

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