¿El Gobierno vela por los ciudadanos? Ha ocultado más de siete años un estudio que revela tóxicos en el pescado

¿Cuál es la esencia del deber de un buen Gobierno? Proteger al ciudadano, es decir, velar por su seguridad y su salud. Si no cumple con …

¿Cuál es la esencia del deber de un buen Gobierno? Proteger al ciudadano, es decir, velar por su seguridad y su salud. Si no cumple con esta prioridad, ¿qué sentido tiene ese Gobierno?

Ese deber esencial de un buen Gobierno ha sido descuidado durante los últimos tres meses de Gobierno del Partido Popular, desde enero a marzo de 2004, y, lo que es más grave, durante los más de siete años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante todo ese tiempo, el Ejecutivo español ha ocultado a los ciudadanos un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO) que revela una concentración de mercurio y cadmio muy superior a la permitida en muestras de especies como el pez espada (emperador), el marrajo (que se vende como cazón) y la tintorera, muestras recogidas en el Atlántico y el Índico.

A pesar de ello, el informe del IEO fue calificado como ‘confidencial’ y primero el Ejecutivo de José María Aznar, y después el de Zapatero se han negado a hacerlo público, mientras el Ministerio de Medio Ambiente sostiene que el estudio era considerado interno.

Ahora, tras un litigio de más de tres años, la organización ecologista Oceana ha conseguido sacar a la luz ese informe tras lograr que la Audiencia Nacional le diera acceso al texto.

Niveles alarmantes de mercurio y cadmio

El 5 de diciembre de 2003, el IEO dio por concluido su gran estudio de arsénico y metales pesados en pescados y mariscos de interés comercial, en el que se analiza la contaminación detectada en hasta 90 especies. Los observadores del IEO tomaron cientos de muestras, en alta mar y en la pescadería, de todo lo que se come en España. En total, 321 páginas que analizan la contaminación de todas las especies posibles.

Sin embargo, fuera de ese estudio se archivó un anexo etiquetado como ‘confidencial’, en el que se recogían niveles más alarmantes de mercurio y cadmio, muy por encima del máximo admitido por cada kilo de peso húmedo de pescado. Se trata de los análisis de marrajo, pez espada y tintorera.

El 62,5% de las 128 muestras de marrajo superaba el nivel máximo permitido de mercurio. El 54,2% de las muestras de pez espada estaban por encima de ese límite legal en mercurio y el 79% excedían el límite legal permitido de cadmio. En la tintorera, el número de muestras con concentración superior a la permitida bajaba hasta el 50%.

Informe mutilado

En 2006, Oceana supo de la existencia del informe y lo pidió a Medio Ambiente, según recuerda Xavier Pastor, director de la organización ecologista. “No nos lo querían dar porque era alarmante y así se ha visto. La contaminación por metales pesados en grandes pelágicos es un tema serio, pero temían el impacto que podría tener sobre el sector pesquero si se hacía público”, explica Pastor.

A pesar de que la Ley de Acceso a la Información Ambiental, de 2006, obliga a que todos los documentos de Medio Ambiente sean públicos, como estableció el Convenio Internacional de Aarhus, el ministerio se negó y Oceana recurrió a la Audiencia Nacional.

En diciembre de 2009 obtuvo un fallo favorable pero aún así el ministerio decidió enviar, un año después, un informe mutilado. Por fin, el pasado mes de marzo, tras la queja pública de Oceana, el ministerio le remitió el informe.

El 14 de abril, con el informe en manos de la ONG, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, del Ministerio de Sanidad, redactó la recomendación de que los niños menores de tres años y las embarazadas no comieran ni atún rojo ni pez espada, tiburón o lucio.

¿“Dictamen interno”?

Ante las críticas dirigidas contra el Ministerio de Medio Ambiente por su ‘silencio’, una portavoz del mismo sostiene que el informe era considerado interno, según información publicada por el diario El País el pasado viernes, 1 de julio.

Esta responsable del departamento que dirige Rosa Aguilar explicó que, durante todos estos años, el ministerio consideró que se trataba “de un dictamen interno para ser remitido a la Comisión Europea” para que decidiera.

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