El Gobierno y los obispos anulan su cita horas antes de la aprobación de la Ley de Educación

El Ministerio de Educación y la Conferencia Episcopal Española suspendieron este viernes por la mañana la reunión que tenían previsto celebrar en ese …

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El Ministerio de Educación y la Conferencia Episcopal Española suspendieron este viernes por la mañana la reunión que tenían previsto celebrar en ese momento para abordar el papel de la asignatura de religión, antes de la aprobación del anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación en el Consejo de Ministros del mismo día. Ambas instituciones se reunieron por última vez el pasado 23 de junio, cuando se constituyó la Comisión Mixta Iglesia-Estado sobre cuestiones de educación. En aquella ocasión participaron la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, y el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares. Pero ahora, la reforma educativa ya ha pasado por la reunión semanal del ejecutivo y no hay más espacio para el diálogo.

El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Educación que derogará la Ley de Calidad instaurada por el PP. La vicepresidenta del Gobierno, en su comparecencia, aseguró que sigue estando garantizada la "libertad" de estudiar religión para aquellos que quieran hacerlo en los centros públicos, pero la asignatura no será evaluable porque "no debe condicionar el futuro de los estudiantes"Tras el acuerdo gubernamental, la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, se limitó a decir que la asignatura de Religión “será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos". Sin posibilidad para el acuerdo, el Ministerio ha optado por regular los aspectos pendientes unilateralmente. Está previsto que la nueva ley empiece a tramitarse en Congreso y Senado el próximo otoño.

Fernández de la Vega explicó que "la religión no debe imponerse" y "no debe condicionar el futuro de los estudiantes a la hora de decidir su futuro si quieren ser matemáticos, médicos o abogados". Quedaba así claro que la religión no será evaluable ni computará en la media del curso con el resto de asignaturas. La vicepresidenta insistió que el Gobierno, con la nueva ley, "garantiza la libertad para los padres que quieren que sus hijos estudien religión y también la libertad para los que no quieren que sus hijos estudien religión". "Que quieren tenerla, que la tengan; que no quieren tenerla, que no la tengan", reiteró. Sin embargo, en ningún momento aclaró si hay alguna medida para coordinar los programas de estudio en este aspecto y si habrá una asignatura alternativa para los que no quieran religión.

La Conferencia Episcopal, en desacuerdo

Nada más terminar el Consejo de Ministros, la Conferencia Episcopal Española expresó su desacuerdo con el proyecto de Ley Orgánica de Educación porque "pone seriamente en peligro la enseñanza de la religión en la escuela" y "recorta el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos de acuerdo con sus creencias religiosas".

El secretario general, Juan Antonio Martínez Camino, leyó un comunicado del Comité Ejecutivo de los obispos en el que subraya que el texto legal es "de la responsabilidad exclusiva del Gobierno, ya que no ha habido diálogo ni negociación alguna con respecto al mismo". El portavoz del organismo eclesial añadió que "sólo se pide respeto de lo pactado en acuerdos internacionales y de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución".

Sobre el consenso con las Comunidades Autónomas para el desarrollo de la nueva ley, la ministra, María Jesús San Segundo ha señalado: "Si queremos, es posible alcanzar el acuerdo. Por nosotros no va a quedar". Subrayó además que el proyecto es fruto de un año de "intenso debate" y que se han tenido muy en cuenta opiniones diversas de la comunidad educativa.

Memoria económica

Por otro lado, entre las novedades que alberga el anteproyecto de ley educativa aprobado, San Segundo destacó la memoria económica con que ha sido presentado. La ministra señaló que es "el proyecto más ambicioso realizado hasta ahora" y que cuenta con una memoria económica en la que se fija una financiación de más de 6.000 millones de euros para las mejoras de los próximos cinco años. El 55% correrá por cuenta del Estado.

El objetivo es "mejorar los resultados de los alumnos" que se ha demostrado que son "insatisfactorios". "De ahí, la necesidad de mejorar recursos", aseguró San Segundo, quien también destacó que los objetivos tienen mucho que ver con los asumidos a escala de la Unión Europea en la agenda de Lisboa para mejorar la formación del capital humano. Además, insistió en la "corresponsabilidad de todas las administraciones". La ministra destacó que "partíamos de un sistema educativo herido" y que la nueva ley supera a las anteriores, las "simplifica y clarifica".

Repetición de curso

La nueva ley, que también deroga la LOGSE, mantiene la repetición de curso, una vez en Primaria y dos en Secundaria. Los alumnos pasarán de curso si suspenden una o dos materias; si son tres, decidirá el claustro, y se repetirá si son más los suspensos. En Secundaria Obligatoria los centros arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, y se unifica en una sola prueba el acceso a la Universidad.

De la Vega, por su parte, destacó especialmente medidas como la gratuidad de la enseñanza para los niños de 3 a 5 años, la promoción de la participación de la comunidad educativa en el proceso de decisión de los centros o el detalle de la viabilidad económica de los cambios propuestos.

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