El juez que instruye la causa de la clínica Isadora publica un auto repleto de ideología pro abortista

El juez que instruye el caso de la abortista Clínica Isadora ha hecho públicas las diligencias previas de la causa, unas diligencias que…

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El juez que instruye el caso de la abortista Clínica Isadora ha hecho públicas las diligencias previas de la causa, unas diligencias que están profundamente marcadas por ideología pro aborto y contraria a la vida, y que ataca duramente la labor de la Guardia Civil en el proceso.

El caso es sabido: en marzo de 2007 se destaparon las numerosas irregularidades que la clínica abortista Isadora de Madrid estaba llevando a cabo. Restos de más de cien fetos –algunos probablemente de más de 22 semanas-, trozos biológicos de aspiraciones, deshechos clínicos, datos de las madres con teléfonos y nombre completos: todo tirado en la basura al alcance de cualquiera. Ahora el magistrado que instruye el caso saca a la luz el polémico auto previo a la instrucción.
Ramiro García de Dios Ferreiro, el magistrado autor del auto, afirma cosas tan gruesas como que “la esfera del derecho a la intimidad fue arrasada o devastada hasta el punto que algo tan íntimo como el derecho a la interrupción del embarazo”. Sorprende que el juez al que se le presupone un profundo conocimiento de la legislación española tilde de ‘derecho’ algo que está penado en España.
Sigue sorprendiendo cuando reitera su opinión sobre el aborto –porque en ningún caso puede ser la voz de la justicia aunque se ponga en boca del juez- y afirma: “Porque libremente [las madres] habían ejercido el derecho a la práctica de la interrupción del embarazo”.
Menosprecio a los agentes de la Guardia Civil
El magistrado juzga la acción policial acometida por la Guardia Civil en el apartado de Razonamientos Jurídicos y califica de “inconsistente y superfluo el resultado de la indagación policial y de errático”, así como “encaminarse a ver si se encontraba algún hecho asumible”, lo cual, por otra parte, a pesar de las apreciaciones del juez, es lo que se espera de los cuerpos policiales: indagar en si hay material punible para presentarlo a instancias del juez.
El propio García de Dios afirma que solamente se puede considerar constitutivo de delito “una mujer que ha practicado el aborto fuera de los casos permitidos por la Ley, la concreción determinada del feto sobre el que se actuó el aborto fuera del caso concreto permitido por la Ley y la comunicación-información de por qué el aborto concreto, sobre mujer concreta se practicó fuera de los casos permitidos”. Cabe recordar que lo que afirma el magistrado es imposible de demostrar si la Guardia Civil no actúa en consecuencia a investigar los hechos y buscar hechos delictivos si los hubiera.
El juez, que no sólo carga contra los agentes de la Guardia Civil poniendo en peligro su futuro profesional sino que ni siquiera ha abierto diligencias, no puso en marcha los mecanismos que tenía a su alcance para dilucidar si los fetos encontrados en la basura eran de 22 semanas o más. Además, manifiesta que en “el caudal investigado por agentes de la Guardia Civil, y de lo instruido jurídicamente, no existe el más mínimo indicio de que en la Clínica Isidora se haya practicado un solo aborto fuera de los casos permitidos por la ley”.
El magistrado que no ceja en su empeño a lo largo del Auto de desautorizar la labor de las fuerzas policiales afirma que “la arbitrariedad de los Agentes del Seproma, se fue intensificando en su proyección de investigación inquisitorial” en referencia a algunas mujeres que fueron llamadas a declarar y que, según García de Dios, “libremente habían ejercido el derecho a la práctica de la interrupción del embarazo y que se vieron abocadas a declarar como testigos”, en lo que cree que “el Derecho a la Intimidad fue arrasada o devastada”.
El magistrado recuerda en el auto que “la responsabilidad penal deriva exclusivamente de hechos típicos” y que “resulta evidente que la imputación es cosa de hecho, en el sentido de que toda imputación ha de ser descriptiva de hechos […] y determinada del hecho o hechos que se atribuyen a una persona”. Cabría preguntarle al juez por qué las fotos de los fetos abortados que se encontraron en la basura no se pueden considerar pruebas o “hechos concretos” imputables a la clínica en cuestión y a “personas concretas”.
La instrucción del caso contra el centro abortivo está plagada de faltas de ortografía; esta falta de cuidado en el auto se manifiesta hasta el extremo de que altera el nombre del centro abortivoa lo largo del textocitando la Clínica Isadora como “Isidora”.
Isadora y las clínicas del doctor Morín
La clínica Isadora sigue abierta y opera desde 1985 practicando abortos ‘legales’ desde la despenalización de la práctica en 1985, por lo que se trata de una de las clínicas veteranas en el negocio del aborto.
Lo sucedido en Madrid incumplía por parte de Isadora tres aspectos: la ley de gestión de residuos biosanitarios, que obliga a separar los materiales clínicos de los restos humanos procedentes de abortos; la normativa de sanidad mortuoria, que exige la cremación o enterramiento de restos humanos; y el hecho de tirar a la basura información confidencial de pacientes, en lugar de proceder a su destrucción.
La Consejería de Sanidad y la Agencia de Protección de Datos actuaron para clarificar las irregularidades que entraban en su competencia.
Este hecho sucedió después de que se destapara, gracias a un reportaje con cámara oculta de la televisión danesa y una investigación del diario inglés Sunday Telegraph, las irregularidades de los centros abortistas del doctor Carlos Morín que abortaban niños sanos de embarazos muy avanzados sin que la madre estuviera bajo ningún riesgo lo cual proponía un contexto considerado fuera de la ley de los tres supuestos.
Estos acontecimientos constataron lo que ya se sabía desde hace tiempo y que el propio Dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva afirma: que la industria del aborto en España lleva años beneficiándose de la laxitud y falta de celo en el cumplimiento de la ley.
El Consejo afirma que España se encuentra en una situación de “libertad total de abortar”, y que nos hemos convertido en el “paraíso del turismo abortista”. Esta información cobra más fondo si tenemos en cuenta que este Dictamen respaldaba por unanimidad el anteproyecto del Gobierno socialista.
Se trata de una cuestión de voluntad de aplicación de la ley que no se ha encontrado a lo largo de estos años por parte de las instituciones que gobiernan el país. Este hecho encuentra un claro ejemplo en el terreno jurídico con el auto del magistrado Ramiro García de Dios, que no ha iniciado la maquinaria jurídica que tiene a su disposición por las profundas convicciones pro aborto que se desprenden de sus diligencias previas que le delatan.
Plataforma la Vida importa y Rubalcaba
La Plataforma la Vida importa, una de las responsables delas denuncias contra Isadora y Morín ha enviado a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, las fotografías que tomó el Seprona en los cubos de basura de Isadora.
Las conclusiones del grupo de ginecólogos consultados por la asociación es unánime:todo feto con una distancia diparietal superior a 5,2 centímetros supera las 22 semanas de gestación, y los fetos de las fotografías superan dicha medida. La plataforma estima en 24 semanas el momento del aborto de dichos fetos, cuando la Ley autoriza a Isadora a practicar abortos a fetos de hasta 22 semanas.
Con estos datos Plataforma la Vida importa recurrirá en apelación el auto del juzgado, a través del Centro Jurídico Tomás Moro, por considerar que no se ha practicado ninguna diligencia, vulnerando el derecho constitucional contemplado en el artículo 24 CE de acceso a la justicia.
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