El matrimonio gay, un proyecto sin diálogo con la sociedad civil

La reforma del Código Civil que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo es un proyecto que el Gobierno ha impulsado sin ningún diálogo c…

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La reforma del Código Civil que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo es un proyecto que el Gobierno ha impulsado sin ningún diálogo con la sociedad civil. Cuando la tramitación parlamentaria acaba de superar su primera votación en el Congreso y semanas antes de que el texto sufra probablemente un histórico revés en el Senado, el ejecutivo está demostrando que no piensa escuchar a los millones de ciudadanos que se oponen a la nueva norma en los términos en que está formulada. Viendo muy cerca el rechazo, el portavoz socialista en la Cámara Alta, Joan Lerma, acaba de insinuar que no se descartan modificaciones para lograr el máximo consenso posible, pero añadiendo a continuación que no se cambiará en ningún caso el sentido fundamental de la ley. Si se mantiene la equiparación al matrimonio, lo cual implica automáticamente la adopción, no se prevé que cambien los votos de los grupos y, por tanto, el PP y 4 senadores más entre Convergència i Unió, PNV y Coalición Canaria podrán tumbar el texto y devolverlo al Congreso, donde saldrá igualmente adelante.

 

Acaba de conocerse un proyecto legislativo de Suiza que puede ser una buena referencia para que el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, se dé cuenta de que no ha dialogado. En el país centroeuropeo, está tramitándose, en el Consejo Federal y el Parlamento, un proyecto de ley que regula jurídicamente las uniones homosexuales, mediante la creación de un registro. Estas parejas serán equiparadas a las heterosexuales en materia de herencia, Seguridad Social, legislación laboral e impuestos, pero no podrán adoptar y quedarán excluidas de cualquier procedimiento de reproducción asistida. Las uniones finalizarán con la muerte de uno de los miembros o si ambos piden a un tribunal la disolución. Por otro lado, las parejas extranjeras tendrán los mismos derechos que las helvéticas, y podrán solicitar siempre su reconocimiento si la unión registrada ha existido durante al menos tres años.

 

Algunas fuerzas políticas, como el Partido Evangélico Suizo o la Unión Democrática Federal, consideran que la iniciativa debilita el matrimonio, entendido como la unión de hombre y mujer, y han exigido la convocatoria de un referéndum, petición que ha sido acogida satisfactoriamente. Por tanto, habrá consulta para que el pueblo decida sobre un proyecto que ya ha sido aprobado en el Consejo Nacional, con 112 votos a favor y 51 en contra, y en el Consejo de los Estados, por 33 contra 5. En cualquier caso, se trata de un texto legislativo que no supone ninguna ruptura antropológica en cuanto al contenido del matrimonio y la familia reales. En cambio, esto sí que está sucediendo en España, donde el ejecutivo, a pesar de las reacciones contrarias, no escucha las voces de millones de ciudadanos.

 

Informes desfavorables y declaraciones contrarias

 

Cabe recordar que tanto el Consejo General Del Poder Judicial (CGPJ) como la Academia de Jurisprudencia, en sendos informes, han alertado sobre algunos puntos que consideran inconstitucionales. Por su parte, el Consejo de Estado también hizo público recientemente un dictamen claramente desfavorable, especialmente en los puntos de la denominación de “matrimonio” a las uniones de gays o lesbianas y de la adopción. Además, el Foro Español de la Familia, con el apoyo de numerosas entidades cívicas, ha recogido ya más de 500.000 firmas en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que sigue abierta.

 

Entre las últimas voces que se han pronunciado sobre el proyecto gubernamental, está la del prestigioso jurista Manuel Jiménez de Parga, presidente emérito del Tribunal Constitucional. En declaraciones a la agencia VERITAS (www.agenciaveritas.com), explicó los dilemas suscitados con la objeción de conciencia de alcaldes, jueces y funcionarios. “No hay que impedir que los ciudadanos se comporten de acuerdo con sus creencias profundas”, aseguró. En este sentido, dijo que “una ley de matrimonios homosexuales, elaborada y aprobada correctamente” debe ir acompañada “a continuación por otra, igualmente correcta, que regule el derecho a la objeción de conciencia frente a la anterior”. Y concluyó que, mientras esa segunda norma no exista, se podría interponer un recurso de inconstitucionalidad: “Habría que presionar al Gobierno y a los parlamentarios a fin de que actúen con diligencia en la elaboración y aprobación de la segunda ley”. Para Jiménez de Parga, la vía más rápida sería “que el Senado introdujese, por la vía de la enmienda, el procedimiento para plantear y resolver la objeción de conciencia por parte de los intervinientes en la celebración de los matrimonios de homosexuales”.

 

Mientras tanto, y a pesar de los tímidos movimientos políticos hacia posibles enmiendas parciales, el escenario del Senado dibuja una votación de rechazo al matrimonio homosexual. Esta ley, que es fundamental, tendrá además el rechazo de la Cámara Alta si asisten todos los parlamentarios del Partido Popular (126) y se confirman los votos negativos de Jordi Casas (Unió) y Francisco Vázquez (PSOE), así como la ausencia del también socialista Juan José Laborda por enfermedad. En ese caso, sólo faltarían dos votos para los 130 necesarios, unos apoyos que fácilmente saldrán entre Convergència, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria e incluso algún otro senador del PSOE.

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