El ministro López Aguilar dice que, ante las bodas gays, no es posible la objeción de conciencia

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló este martes, en referencia a la anunciada negativa del alcalde de Valladolid a casar a pa…

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló este martes, en referencia a la anunciada negativa del alcalde de Valladolid a casar a parejas de homosexuales, que en una sociedad democrática "no cabe alegar la objeción de conciencia ante leyes aprobadas por el Parlamento". En declaraciones a PUNTO RADIO, López Aguilar señaló que espera que "no se produzcan" situaciones como la adelantada por el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, quien afirmó que ni ejercerá ni delegará en ningún concejal la facultad para celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. El ministro afirmó que el Estado de Derecho se rige por la ley que "nos obliga a todos", "pero sobre todo" a los titulares del poder público, a los responsables políticos y a los funcionarios que están "especialmente obligados por la ley". A su juicio, "cumplir la ley no afecta en absoluto a la libertad de conciencia, ni a la religiosa", porque en España el matrimonio sacramental "esta salvaguardado".

López Aguilar indicó que el matrimonio entre homosexuales es un "contrato de derechos y obligaciones", "una relación civil regulada por el Parlamento" y cuya aplicación por parte de los titulares de poderes públicos "no afecta a la libertad de conciencia, ni tiene nada que ver ni con la religión ni con ningún sacramento". El ministro recalcó que espera la normal aplicación de la ley que, según agregó, cuenta con el respaldo de la sociedad". También apuntó que "no se comprendería que los funcionarios públicos esgrimiesen lo que es un prejuicio respecto de la aplicación normal de una ley".

Por su parte, el secretario federal del PSOE en Movimientos Sociales, Pedro Zerolo, destacado militante del colectivo homosexual, explicó que los jueces y diplomáticos consulares no pueden acogerse a la cláusula de conciencia para no oficiar matrimonios civiles de personas del mismo sexo, porque podrían incurrir en un delito de prevaricación. Admitió que alcaldes y concejales sí que pueden objetar, como ya han anunciado que lo harán los alcaldes de Ávila, Leon y Valladolid, siempre y cuando deleguen esa facultad en otros ediles de la Corporación. Según Zerolo, si alcaldes y concejales se niegan y tampoco garantizan el derecho de gays y lesbianas a contraer matrimonio civil, también podrían incurrir en un delito de prevaricación.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó el pasado viernes que los funcionarios deben cumplir las leyes que aprueba el Parlamento. En caso contrario, “sería un ataque contra la legalidad”, según comentó también el diputado socialista Alvaro Cuesta.

Hay cobertura legal para ejercer la objeción de conciencia
 

Aunque no está expresamente recogida en la Ley de Matrimonios Homosexuales que está en trámite, existe una cobertura legal que permite a jueces, alcaldes y concejales ejercer la objeción de conciencia. Por tanto, no se puede obligar a los funcionarios a celebrar estos matrimonios, según Rafael Navarro Valls, catedrático de Derecho de la Universidad Complutense. "Lo que es evidente es que no se puede amenazar a los funcionarios con la obligación de cumplir las leyes. No hay que olvidar que la ley y su aplicación están sujetos al respeto de los derechos fundamentales y entre ellos el de la libertad de conciencia", explica. Navarro Valls también comentó que los jueces pueden plantear objeción de legalidad, es decir, entender que esa ley es inconstitucional y abstenerse de proceder hasta que decida el Tribunal Constitucional. "No sería malo que en lo que queda de aprobación de esa ley, si es que llega a probarse, se estableciera una clausula de conciencia como se estableció para el servicio militar o para la ley de aborto".

De no retirar la ley de matrimonios homosexuales, que está provocando una reacción popular realmente grave, según Navarro Valls, sería conveniente establecer una clausula de conciencia para aquellos que quieran acogerse a ella. Siempre habría concejales, jueces o alcaldes que estarían dispuestos a realizar estas uniones. "Lo mejor es retirar esa ley que esta provocando una reacción popular de realmente grave y si no se retira tener en cuenta a los posibles objetores de conciencia, lo cual es un acto generoso por parte del poder y no entraría en crisis la ley porque siempre habría concejales, jueces o alcaldes que estarían dispuestos a celebrar esos matrimonios, pero salvaguardaríamos la conciencia de aquellos otros que tienen escrúpulos de conciencia en celebrar esos matrimonios".

En España, las personas que pueden autorizar los matrimonios son el juez, el alcalde y el concejal, pero según Rafael Navarro Valls, se pueden articular los siguientes instrumentos:

Objeción de legalidad: el juez cuando tuviera que celebrar matrimonio, puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad, es decir, entender que esa ley es inconstitucional y abstenerse de proceder. No sería un planteamiento desaforado, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y el Consejo General del Poder Judicial, han planteado dudas sobre la constitucionalidad de las leyes.

Objeción de conciencia: En España tiene una cobertura legal muy amplia. El Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1985 , establece que la Objeción de Conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa recogida por la Constitución. Y la constitución Europea establece como derecho fundamental la objeción de conciencia. Por tanto no sería increíble entender que aparte esa objeción de legalidad, también los jueces, alcaldes y los concejales podrían plantear una cuestión de conciencia a su superior inmediato, haciendo que celebrara ese matrimonio otro funcionario que estuviera dispuesto a ello.

Los jueces podrían objetar de legalidad, es decir, la ley que yo tengo que aplicar es inconstitucional. Entonces paralizo el matrimonio hasta que el Tribunal Constitucional decida. También pueden plantear la objeción de conciencia tanto los alcaldes como los concejales y los jueces porque aunque no está expresamente recogida en la ley que está ahora mismo en trámite, hay una cobertura legal.

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