El peligroso precedente de una ley inconstitucional

Los gobiernos Zapatero se han especializado en promover leyes no ya carentes de consenso sino fuera de la Constitución, a base de mayorí…

Forum Libertas

Los gobiernos Zapatero se han especializado en promover leyes no ya carentes de consenso sino fuera de la Constitución, a base de mayorías pírricas en el Congreso. Esto ya sucedió, recordémoslo, con la ley más polémica y una de las más destructivas que se han aprobado en este país: la del matrimonio homosexual. Fue vetada por el Senado, tuvo un informe contrario del Consejo de Estado y el pronunciamiento desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y se encuentra pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional.

Ahora, con una ley todavía más terrible, la del aborto, va a suceder algo semejante. Para empezar, el Consejo de Fiscales la rechazó por anticonstitucional, y si no se producen cambios insospechados de última hora mañana jueves el CGPJ también rechazará el informe de la ponente Margarita Uría, que defendía la naturaleza constitucional de la misma. Ni a pesar de contar con el apoyo del PNV,ni de haber elegido al presidente del CGPJ, Rodríguez Zapatero consigue que el órgano de gobierno de los jueces le entregue un informe favorable. Y esto es así porque la ley es frontalmente contraria a la jurisprudencia sentada por el Supremo: si el nasciturus es un bien protegido y la voluntad de la madre no puede prevalecer con carácter general, como establece la sentencia del más alto tribunal, es evidente que en España no cabe una ley de plazos. Por eso, y también porque ha demostrado un nivel jurídico perfectamente descriptible, el dictamen presentado por la ponente Margarita Uría será con toda probabilidad rechazado este jueves.

Hay que decir que la abstención del representante de CiU, Ramon Camp, que es la que facilita el rechazo, no proviene de una persona contraria al aborto, pero lo que se discute mañana en el CGPJ no es si se está a favor o en contra del mismo, sino si la ley se ajusta a la constitucionalidad . El Gobierno ha venido explicando que este no es un debate sobre el aborto. Tiene razón, y por eso ahora ha de asumir que su ley no pasa por el filtro de la recta razón de la jurisprudencia constitucional, porque la libertad de la mujer para abortar, sea de una semana o de veintidós, y el carácter de derecho que intenta otorgar al acto de abortar,resultan absolutamente inviables en el marco de nuestra legalidad.

Si el Gobierno ante este hecho no rectifica e insiste en su posición, estará vulnerando a sabiendas principios constitucionales básicos y estará sentando una vez más un precedente que, por acumulación y por su gravedad, es muy peligroso para el futuro de este país.

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