El proyecto de nuevo Estatuto catalán atenta contra la libertad de enseñanza

El proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña es noticia estos días, con importante presencia mediática, sobre todo por cuestiones relacionadas con la f…

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El proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña es noticia estos días, con importante presencia mediática, sobre todo por cuestiones relacionadas con la financiación autonómica, el término ‘nación’ y la definición de competencias. Sin embargo, casi no se habla de la cuestión educativa, que queda reflejada, dentro del texto provisional, en unos términos que atentan contra la libertad de enseñanza. El proyecto ya es proposición de ley tras ser aprobado el viernes pasado por la Ponencia parlamentaria, con la abstención de Convergència i Unió y el voto en contra del Partido Popular. Esta proporción no permitiría aprobar el nuevo marco autonómico en el Pleno de la cámara catalana, ya que se necesita una mayoría de dos tercios.

 

El artículo 21 del documento provisional, en el punto 1, dice exactamente esto: “Todas las personas tienen derecho a la enseñanza pública y de calidad y a acceder en condiciones de igualdad. La Generalitat tiene que establecer un modelo educativo que garantice este derecho y en el cual la enseñanza pública es laica. Esta última frase subrayada es una de las que los grupos de la oposición han solicitado suprimir. Se trata, para Unió Democràtica de Catalunya, de un motivo de ruptura en las negociaciones. Convergència Democràtica y el Partido Popular también están contra esta definición de la escuela como laica. Todas estas fuerzas políticas suman 61 de los 135 diputados del Parlament, frente a los 74 que forma el tripartito que gobierna en la Generalitat (Partido Socialista, Esquerra Republicana e Iniciativa-Verds). La federación nacionalista ya presentó hace unos meses, como alternativas, los términos “enseñanza en sus diversas modalidades” y “derecho a elegir el tipo de educación”.

 

El término “laico” es, como mínimo, altamente equívoco porque, de él, pueden desprenderse dos conceptos: laicidad y laicismo. El primero se refiere a la neutralidad del Estado y, por tanto, a su no confesionalidad, y puede ser interpretado en términos de cooperación con las confesiones religiosas, que son reconocidas positivamente. El segundo, en cambio, ya no implica neutralidad, sino una ideología basada en excluir el hecho religioso de la vida pública. Es lo que proclaman las constituciones de Francia, México y Turquía, que son los únicos países del mundo que se definen como “laicos”.

 

No es propiedad de la administración

 

Por otro lado, en el mismo artículo del proyecto de nuevo Estatuto, el punto 2 afirma que “los centros privados sostenidos con fondos públicos tienen el deber de cumplir las obligaciones de servicio público que determine la ley, con el objetivo de garantizar los derechos de acceso en condiciones de igualdad y la calidad de la enseñanza”. La utilización del atributo “servicio público” implica todo lo que es de titularidad pública, es decir, de la administración. Por tanto, con esta frase, se niega la libertad que debe tener la iniciativa social para crear centros prescindiendo de lo más o menos favorable que el ideario de esas escuelas puede ser para los que gobiernan. “Servicio público” significa que la prestación del servicio, en este caso educativo, es solamente una concesión de la administración. Por tanto, no queda reconocido como el ejercicio de un derecho. En este sentido, la Fundación Escola Cristiana de Catalunya y la Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Libres (FAPEL) ya han formulado observaciones en sentido crítico.

La escuela es un servicio de interés social, pero nunca puede ser entendida como servicio público. Con el redactado provisional del Estatuto catalán, se intenta crear una red única de centros públicos y, en definitiva, se formula de entrada una posición contraria al derecho de los padres, que no son citados en ningún momento, a elegir modelo y colegio para sus hijos. Cabe recordar que el artículo 27.3 de la Constitución Española dice textualmente que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Estamos, en definitiva, ante un redactado que, si acabase aprobándose en estos términos, rompería el pacto constitucional.

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