El Tribunal Superior de Justicia de Castilla ordena retirar los crucifijos solo en las aulas que pidan los padres

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha aceptado parcialmente los argumentos presentados por E-Cristians y la Junta de Cas…

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha aceptado parcialmente los argumentos presentados por E-Cristians y la Junta de Castilla y León al dictaminar que se retiren los crucifijos del Colegio Público Macías Picabea de Valladolid sólo en las aulas donde los padres hayan solicitado la retirada de símbolos religiosos. La sentencia cobra más relevancia después del precedente negativo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que condenó la presencia de los crucifijos en las aulas.

La sentencia contempla que “solo en los supuestos en los que medie petición expresa” se puede entender “existente el conflicto” y, en tal caso, dictamina que se deberá tener en cuenta “los derechos del solicitante”. De esta forma el TSJ de Castilla y León desestima la anterior sentencia propugnada por un tribunal de primera instancia y cuyo proceso inició la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid.
Sobre esta sentencia E-Cristians realizó un recurso contencioso-administrativo y entre ambas sentencias se promulgó la de el Tribunal de Estrasburgo. Este recurso ha dado lugar a la actual sentencia que como elementos positivos tiene la anulación del dictamen anterior que era de carácter general para todos los centros públicos y obligaba a retirar todas las cruces. Además, la sentencia recuerda que la religión está contemplada en la Constitución como un hecho positivo. En este sentido, la interpretación que se hace del fallo del Tribunal de Estrasburgo es diferente al que manifestaron los medios de comunicación españoles cuando salió el dictamen y lo reaplica en la forma de la actual sentencia.
Los aspectos que podría considerarse negativos del fallo del TSJ es que es suficiente con que un padre pida la supresión de la cruz para que se retire del aula en cuestión y de los servicios y lugares comunes. El tribunal justifica esta decisión del mismo modo que se otorgó el derecho de objeción de conciencia a los padres que no querían que sus hijos asistieran a las clases de Educación para la Ciudadanía. Los jueces resuelven el conflicto otorgando un privilegio a la minoría.
Respetar la cultura del país
En su momento, E-Cristians alegó cuando entregó el recurso a la anterior sentencia que las pretensiones de la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid –que inició este proceso- de retirar los símbolos religiosos del colegio vallisoletano afectaban a sus derechos e intereses, entre ellos la promoción de la presencia de contenidos y de todas aquellas actividades que permitan divulgar y dar testimonio del ideario cristiano.
Para la asociación la cruz constituye un elemento de identidad del pueblo español, además de ser elemento integrante e integrador de valores culturales del Estado.
La asociación E-Cristians incidía, entre otros argumentos, en el hecho de que otros países vecinos u organizaciones la hayan incorporado, como es el caso de Suiza o la Cruz Roja.
Asimismo, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)pidió “recordar las raíces y respetar la cultura del país y las costumbres, basadas en un concepto cristiano” y advertió que “no se deben cambiar las creencias en función de criterios gubernamentales”.
Estrasburgo contra los crucifijos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró el pasado 3 de noviembre que la presencia de crucifijos en las aulas de los colegios constituyen “una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones” y de “la libertad de religión de los alumnos”. El proceso se había iniciado tras el recurso presentado por Soile Lautsi, una italiana de origen finlandés que el año 2002 pidió que se retiraran los crucifijos del instituto estatal italiano Vittorino da Feltre en el que estudiaban sus dos hijos.
En aquella ocasión la escuela se negó por considerar que el crucifijo forma parte del patrimonio cultural italiano, argumento que fue consensuado posteriormente en tribunales italianos.
Posteriormente, el Tribunal de Estrasburgo le dio la razón a la madre y declaró la exposición de crucifijos en las aulas de las escuelas públicas “una violación de los derechos fundamentales”. Lautsi apeló a este Tribunal después de numerosos intentos fallidos ante los tribunales italianos. El Gobierno italiano deberá pagarle 5.000 euros “por los daños morales sufridos”. Esta sentencia constituyó la primera que este tribunal dependiente del Consejo de Europa emite en materia de símbolos religiosos en las aulas.
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