El tripartito, primer gobierno que apoya institucionalmente el homosexualismo político

Conociendo las prioridades políticas del actual Gobierno tripartito catalán la noticia ya no puede sorprender. La Generalitat se ha adherido definitiv…

Conociendo las prioridades políticas del actual Gobierno tripartito catalán la noticia ya no puede sorprender. La Generalitat se ha adherido definitivamente a la ILGA (International Lesbian and Gay Association) en calidad de “miembro asociado”, según reza la web de esta entidad.

 

Como recientemente se ha ido anunciando desde varios medios de comunicación, entre ellos ForumLibertas.com, el Gobierno catalán ha resuelto dar “apoyo institucional” a la ILGA, convirtiéndose así en “el primer gobierno nacional” que ingresa en esta entidad, según informó en su comunicado de 24 de octubre de 2007 la propia Conselleria d’Acció Social i Ciutadania.

 

Como nuevo miembro asociado, la Generalitat de Cataluña se compromete a aportar una cuota mensual permanente de 335 euros. La excusa para detraer recursos del erario público no es otra que la valoración positiva de los objetivos de la ILGA. Éstos coinciden con la política del Govern para promocionar a los colectivos de gays, lesbianas y transexuales, incluyendo programas de educación sexual a menores de 18 años. 

 

Una entidad en el punto de mira

 

La ILGA entró como miembro consultivo en el ECOSOC (Comité Económico y Social de las Naciones Unidas) en 1993. Pero fue expulsada en 2002 al conocerse su asociación con entidades pederastas.

 

La historia de la ILGA es sumamente problemática. La razón de su expulsión tuvo origen en la amenaza del gobierno de Bill Clinton, dispuesto a retirar 119 millones de dólares a la ONU si en el ECOSOC figuraban entidades favorables a la legalización de la pedofilia.

 

Fue el caso de la NAMBLA (North American Man/Boy Love Association), vinculada durante un tiempo a la ILGA, pero también el de otros grupos, como el Project TRUTH, el holandés MARTIJN o el alemán VSG (Verein für Sexuelle Gleichberechtigung).

 

La NAMBLA fue creada a principios de la década de los ochenta, y contó con el apoyo de algunos representantes de la contracultura como el escritor Allen Ginsberg. Se trata de una organización estadounidense con sede en San Francisco y Nueva York, dedicada al activismo pedófilo homosexual entre menores y adultos. Para la NAMBLA, los adolescentes y menores de edad son titulares de derecho a las relaciones sexuales libres con adultos, independientemente de lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos, que penan estas prácticas.

 

Numerosos miembros de la NAMBLA han sido enjuiciados por sus acciones ilegales relacionadas con la pedofilia y la pornografía infantil. Por ejemplo, en 1995 una investigación del FBI descubrió que había más de 1.000 personas dedicadas a estas actividades. Y en 2005 una operación policial también del FBI detuvo a varios integrantes de la NAMBLA que negociaban viajes a México con el objetivo de mantener sus miembros relaciones sexuales con menores.

 

Sin embargo, en una ajustada votación (23 votos a favor, 16 en contra y 10 abstenciones), el ECOSOC aprobó en diciembre de 2006 el retorno de la ILGA, y ello a pesar de que la ILGA mantiene que “los jóvenes tienen derecho a su autodeterminación social y sexual, y a menudo las leyes de consentimiento [que competen a los padres] actúan como una forma más de opresión en lugar de proteger”.

 

Al parecer fueron dos los motivos del reingreso de la ILGA: su desvinculación con las entidades pedófilas y su defensa de los derechos humanos por orientación sexual e identidad de género. Ahora, la ILGA recupera su papel consultivo y volverá a ser la voz de la comunidad gay y lesbiana a la hora de abordar cuestiones como el sida y los derechos sexuales.

 

El Govern inicia un camino sin retorno

 

Con este Gobierno tripartito es más que evidente que las políticas de discriminación positiva en beneficio único del colectivo homosexual se han convertido en un pretexto para superimponer a todos los catalanes un proyecto de homosociedad sin paliativos, que minará las instituciones insustituibles socialmente valiosas y, en consecuencia, el capital humano y social.

 

Además, asistimos ante un caso único en el mundo occidental de quiebra de la neutralidad política. En primer lugar, por el apoyo económico a la ILGA; en segundo lugar, por la aceptación en la agenda del Govern de las políticas propias diseñadas por esta organización; y, en tercer lugar, por la escandalosa vinculación institucional entre un poder público y la ILGA, que es una organización de tendencia que practica el lobbysmo ideocrático.

 

El siguiente paso orgánico está más cerca, ya que en los estatutos de la ILGA se contempla la posibilidad que –por ejemplo el Gobierno de la Generalitat– acabe siendo una asociación de pleno derecho de esta internacional. Nunca un gobierno de más de siete millones de personas, que se dice nacional, se había “vendido” a un lobby que, a mayor abundamiento, tiene tras de sí el lastre de una historia problemática por haber acogido en su seno a entidades pederastas.

 

Las entidades como la ILGA no representan a la mayoría. Se arrogan la defensa de los derechos de las lesbianas, gays y transexuales, pero olvidan que existen ONGs más solventes que defienden los derechos humanos y la no discriminación en todas sus manifestaciones, incluyendo por razón de sexo o de orientación sexual.

 

Sin embargo, lo más preocupante es la obscena abdicación de este Govern tripartito. Incapaz ya de gestionar los problemas de los ciudadanos y los retos de la crisis económica que se avecina, el colapso de las infraestructuras y la integración de la inmigración, ha acabado por convertirse en una plataforma pública de promoción de políticas homosociales.

 

Un último apunte

 

Por todo ello, hay quien se pregunta si en la agenda oculta de la Generalitat de Cataluña lo que se pretende es la normalización de las relaciones sexuales entre menores y adultos.

 

Si bien es cierto que los ordenamientos jurídicos de los Estados unánimemente penan estas prácticas, una próxima legislatura presidida por Rodríguez Zapatero y el tripartito permitiría dar refrendo legal a la pederastia.

 

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