El último informe de Amnistía Internacional destapa que el Gobierno elabora leyes sin poner medios

El informe Más allá del papel, elaborado por Amnistía Internacional y presentado este jueves 12 de mayo, destapa que la Ley Integral contra la Violenc…

El informe Más allá del papel, elaborado por Amnistía Internacional y presentado este jueves 12 de mayo, destapa que la Ley Integral contra la Violencia Doméstica no ha ido acompañada de medios gubernamentales para combatir este grave problema que afecta a la sociedad española. Los datos son claros: Según el Observatorio sobre la Violencia Doméstica, en 2004, murieron 100 personas en 91 casos, el 26 por ciento de los cuales se registraron a pesar de existir ya procedimientos judiciales abiertos. Y según este documento de la ONG defensora de los derechos humanos, la administración general del Estado sólo tiene una casa de acogida y no ha abierto ni centros de emergencia ni pisos tutelados. Estos recursos están siendo gestionados desde las comunidades autónomas en una cantidad variable.

 

Las comunidades con más casas de acogida son Castilla y León (17), Canarias (14), Castilla la Mancha (11) y la Comunidad Valenciana (10), mientras que Euskadi (0), Ceuta (1), Melilla (1) y Navarra (1) son las que tienen menos. El País Vasco, por el contrario, tiene 51 pisos tutelados y, junto con Andalucía (23), es la autonomía que ha invertido más en esta prestación pública. Y en cuanto a centros de emergencia, Andalucía (8), Madrid (4) y Castilla la Mancha (4) encabezan el ranking. Estos datos ponen de manifiesto que las administraciones autonómicas llevan el peso de los pocos recursos destinados con dinero público. Ello, unido a la contribución de numerosas ONG y entidades de la sociedad civil, incluida la Iglesia, deja al Estado en ridículo en esta cuestión, a pesar de la rapidez con que el actual ejecutivo afrontó el problema a nivel legislativo.

 

Estamos ante la manifestación de un mal que es crónico en la vida política española. El Gobierno elabora leyes sin poner medios para su aplicación, y confía que sean otros quienes los pongan. Y es que la aprobación de reformas y normativas para atacar determinados problemas, por muy legítimos y elogiables que sean, no garantiza en absoluto la eficacia de esas medidas.

 

Amnistía Internacional, con este informe, pide al Gobierno que ofrezca unas respuestas mínimas comunes para todo el Estado y que forme y dote de recursos a los médicos, tanto para detectar abusos como para poner en marcha la protección a las personas maltratadas. “A las mujeres que piden plaza en una casa de acogida, se les ha pedido a veces que denuncien, pero la respuesta a ese delito debe ser la acción pública en lugar de caer sobre ellas”, explicó la responsable de Campañas e Investigaciones de Amnistía Internacional, Giulia Tamayo, en la presentación del documento, que recoge varios testimonios.

 

Protección

 

La ONG pro derechos humanos, por otro lado, recuerda que las órdenes de alejamiento no equivalen a mujeres protegidas, sino a papeles que les permiten llamar a la policía. Rosa Bieto, portavoz de la asociación Emi de mujeres contra la violencia familiar de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), se queja de que las fuerzas de seguridad “no han sido dotadas de más recursos, especialmente la Policía. Más allá del papel analiza el recorrido de las mujeres maltratadas desde que deciden buscar ayuda institucional hasta que alcanzan los tribunales, pasando por la denuncia y la acogida en centros protegidos, entre otros pasos. “Es la experiencia de las víctimas, y no sólo las leyes, lo que debe cambiar”, explica Giulia Tamayo en nombre de Amnistía.

 

Cabe recordar que la Ley Integral contra la Violencia Doméstica se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado 7 de octubre, después de una tramitación por procedimiento de urgencia. Hubo diálogo, aunque no faltaron críticas, e incluyó el concepto de “discriminación positiva” hacia la mujer, pero cambiando el enfoque de “género” (sólo mujeres) por el de “vulnerabilidad”, que también incluye a ancianos, niños y discapacitados. Ahora, 7 meses después de la aprobación parlamentaria, se puede comprobar, a partir de los datos del año 2003 que ofrece Amnistía Internacional, que no se pusieron los medios necesarios antes de dar forma al nuevo texto legal.

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