El voto discrepante de Eugeni Gay contra la ley del aborto de Zapatero recuerda que la sentencia del TC de 1985 debe cumplirse

La reforma de la ley del aborto planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue generando un intenso debate en el seno de …

La reforma de la ley del aborto planteada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue generando un intenso debate en el seno de la sociedad en el que el PSOE está intentando rentabilizar el máximo de votos sumándose a las tesis pro abortistas y argumentando, entre otras cuestiones, los supuestos derechos de la mujer por encima de los del no nacido.

En ese contexto, bueno es recordar el voto discrepante contra la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero del magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay Montalvo, quien el 14 de julio de 2010 recordaba que la sentencia 53/1985 del Constitucional debe cumplirse.

Ese día, el Pleno del TC fallaba de forma incomprensible "denegar la suspensión solicitada" en el "recurso de inconstitucionalidad" contra la eufemísticamente llamada Ley Orgánica "de salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo", es decir la ley del aborto de Zapatero.

"La vida del nasciturus, un bien jurídico"

Sin embargo, el voto particular de Eugeni Gay puso el dedo en la llaga abierta por el auto dictado por el Pleno del TC al advertir en su exposición que de la anterior sentencia del Constitucional en 1985 "ha de concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional”.

El magistrado señalaba que "procedía haber acordado la suspensión de determinados preceptos de la Ley estatal objeto de recurso", y a continuación desgranaba una serie de argumentos que lo justificaba.

Así, aseguraba que la justicia constitucional "nos obliga a considerar y atender los argumentos ofrecidos por las partes y, en concreto, los relativos a la existencia de un evidente perjuicio irreparable, cual sería la eliminación de vidas humanas (periculum in mora), y la afirmación de que la ley regula en sentido contrario a la doctrina constitucional (fumus boni iuris)".

"Ciertamente, el Auto se refiere a estos razonamientos, aunque lo hace para señalar que no resulta preciso analizarlos, dado que los argumentos aportados por los Diputados recurrentes para interesar la suspensión de determinados principios de la Ley Orgánica 2/2010 ‘no logran desvirtuar la reiterada doctrina de este Tribunal sobre la imposibilidad de suspender la vigencia de los preceptos impugnados’ (FJ 3 in fine)".

A continuación, afirmaba que en la Sentencia 53/1985 "se asentaban ciertos fundamentos jurídicos respecto de la vida humana que el legislador orgánico no puede, desde entonces, desconocer y que han de informar el Ordenamiento jurídico y las decisiones de todos los órganos jurisdiccionales, sin excepción".

"Como señaló el Tribunal, nos enfrentamos ante ‘un caso límite en el ámbito del Derecho’, pues exige plantearse ‘el alcance de la protección constitucional del nasciturus … sobre la trascendencia del derecho a la vida dentro del ordenamiento constitucional’ (STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 3)".

Este derecho a la vida -afirmaba el Tribunal- "reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el art. 15 de la Constitución, es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida humana- y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible".

Además, "indisolublemente relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona, reconocido en el art. 10 como germen o núcleo de unos derechos ‘que le son inherentes’".

La ley Zapatero, contra"el derecho a la vida"

Más adelante, Eugeni Gay advertía de que "la Ley Orgánica ‘de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo’ incide sobre el componente estructural básico de nuestra organización jurídica y política, esto es, sobre el derecho a la vida, siendo así que algunos de sus artículos se refieren a la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo".

Además, "a diferencia de lo que ocurría en la ley anterior, en que la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo se permitía cuando existía contradicción entre derechos fundamentales, pues como hemos dicho ninguno de ellos es absoluto, en esta ocasión con carácter general no se plantea la cuestión en términos de conflictos entre derechos fundamentales, de modo que es la decisión unilateral de la mujer la que puede dar lugar a la interrupción de la gestación de la vida", añadía.

Por tanto, "debemos retomar una vez más la STC 53/1985 que estableció, con apoyo en los debates parlamentarios en torno a la elaboración del artículo 15 CE, que ‘si la Constitución protege la vida con la relevancia a que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma’".

Eugeni Gay concluía su voto particular recordando a todos los magistrados del Pleno del TC que "enfrentados ante ‘un caso límite en el ámbito del Derecho’, es precisamente esta circunstancia la que excepcionalmente enerva la imposibilidad de suspender la vigencia de los preceptos impugnados, establecida en la CE y la LOTC. Al igual que el legislador tampoco nosotros podemos desconocer el valor de la vida humana, pues éste ha de informar el Ordenamiento jurídico, incluidas las decisiones de todos los órganos jurisdiccionales".

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