Elites extractivas y rentistas de recursos públicos (II)

Es importante y urgente que se establezca un registro único de subvenciones de las entidades Es importante y urgente que se establezca un registro único de subvenciones de las entidades

La sociedad se divide en dos grupos sociales: los que intervienen de manera mediata o inmediata en la economía productiva y los que dependen de aquellos para sus rentas. Esto no significa que el segundo grupo sea extractivo, sino que está ocasionado, sobre todo, por los crecientes costes sociales y de transacción, públicos y privados, de una sociedad compleja; y también por la creciente intromisión de la Administración en la vida íntima de las personas, en su alcoba, en un pretendido afán de promover la felicidad y la seguridad. Las Administraciones Públicas, en un sentido extenso, forman parte de este bloque, pero también nuevas profesiones, como los gestores culturales, animadores y mediadores sociales, y un largo etcétera de profesiones que atienden a una sociedad dañada e incapaz de valerse por sí misma. La complejidad, el individualismo desvinculado, y la sustitución de capital social por prestaciones de mercado están en la raíz de todo ello.

Cesar Molinas señala a los políticos como grupo extractivo. Creemos que es un exceso, que por otra parte obvia otros colectivos, algunos más importantes. Es un exceso porque las instituciones, esenciales para el buen funcionamiento de una sociedad y de la economía, dependen en último término de los políticos (y de los profesionales “fijos”, los funcionarios, claro está), y es sobre todo por esta razón que deben juzgarse: un buen funcionamiento de las instituciones difícilmente será “extractivo”. Juzgar la condición negativa de la extracción globalmente, como grupo, o limitarla a la corrupción, es una aproximación insuficiente. El juicio objetivo radica en el cómo hacen funcionar las instituciones en relación a las necesidades de la sociedad. Esto no debe ser entendido en términos de justificar la corrupción; todo lo contrario, cuando esta existe es como una manifestación de mal funcionamiento institucional. Y visto lo que hay en España, ciertamente abunda quien medra en el cargo sin conseguir un buen resultado. Por ejemplo, y no es el único caso pero si el de mayor dimensión, Andalucía, donde existe una fuerte componente extractiva por parte de los políticos y sus cómplices necesarios, también empresarios, pero no solo por la corrupción, sino por la baja eficiencia de sus instituciones. El País Vasco -por situar un caso opuesto- obtiene mejores resultados que Cataluña, no solo porque está híperfinanciado, sino porque demuestra una mayor capacidad para resolver las necesidades que no dependen únicamente del presupuesto, sino del buen hacer.

Pero existen también otros grupos extractivos. Unos están inseridos en las economías productivas. Están fuertemente inseridos en ellas, pero situados en lugares que ofrecen unas desmesuradas rentas de situación que no son corregidas por las instituciones. Una parte del mundo financiero, está ahí, como lo están colectivos de la comunicación y el espectáculo mediático. Las imágenes de sus “éxitos” económicos distorsionan gravemente la ética del comportamiento, o la valoración social de las profesiones.

Aún hay un modelo en las antípodas, porque es propio sobre todo de los grupos que se consideran de izquierdas, pero ni todos están ahí, ni los que están lo son todos. Se trata de los rentistas de rentas públicas. Son quienes viven de retribuciones que perciben de entidades, asociaciones, fundaciones de escaso capital que funcionan gracias a las subvenciones y convenios con las Administraciones Públicas. La relación de sus recursos con lo que reciben es desmesurada, y este es el mejor indicador objetivo de que estamos ante una generación de rentas apropiadas del sector público. Se trata de entidades ideológicas, cuyo fin es alentar una determinada concepción de la vida, y están pobladas sobre todo y en primer término de organizaciones de género, grupos de militancia política gay, variedades anticapitalistas. Algunas se recubren mediante la percepción de algún servicio, con personal sobredimensionado en función de lo que hacen. De esta manera se obtiene el doble beneficio que genera todo grupo extractivo: la renta, y también generar la influencia política necesaria para mantenerla y mejorarla. La alcaldesa de Barcelona es seguramente el ejemplo mejor logrado de cómo hacerse con el poder político a partir de una asociación, formada por un grupo reducido de personas, prácticamente todas ellas ahora en el Ayuntamiento de Barcelona, que podían dedicarse plenamente a tareas ideológicas, si bien después pasaron a ser de servicio organizando la plataforma de afectados por los desahucios, gracias a las subvenciones, sobre todo del propio Ayuntamiento de Barcelona. Este tipo de grupos extractivos distorsionan en gran medida el sistema democrático, al obtenerse mediante la disposición de profesionales, de ideologías que son minoritarias en el pensar común de las gentes.

Una variante de este tipo de grupo es el extractivo universitario, que comparte la caracterización con el anterior, solo que su ámbito está especializado. El origen de Podemos está en buena parte ahí.

Este tipo de extracción tiene un solución clara y sencilla que no se aplica: limitar sin excepciones el importe de las subvenciones a una parte minoritaria de lo que la entidad dedica de recursos que no sean públicos. No debe servir el presentar como recursos propios los que se obtienen de otra administración pública distinta. Esto sería decisivo y aclararía en gran medida cuáles son los puntos de vista y los debates que importan a la sociedad. En este sentido, es importante y urgente que se establezca un registro único de subvenciones de las entidades, donde figuren los recursos propios, las actividades que se realizan en términos concretos relacionados con las subvenciones recibidas, la composición de sus órganos directivos, y el importe de todas las subvenciones y convenios desde la Unión Europea, hasta las locales, ayuntamientos y diputaciones, y como es lógico las autonómicas y estatales. Este sería un requisito básico para hablar de transparencia y empezar a mejorar la sociedad y sus instituciones públicas.

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