Empleo público para discapacitados: antes de aumentar el cupo hay que hacer cumplir el que ya existe

En un anterior artículo sobre reivindicaciones de discapacitados, publicado este lunes, 6 de septiembre, cerrábamos la información haciendo una refere…

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En un anterior artículo sobre reivindicaciones de discapacitados, publicado este lunes, 6 de septiembre, cerrábamos la información haciendo una referencia a una asignatura todavía pendiente: el acceso de este colectivo al mercado de trabajo en condiciones mínimamente dignas. Ese mismo día el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, anunciaba la aprobación de un decreto para facilitar el acceso al empleo público para personas con discapacidad. La propuesta, que contempla otras medidas a favor de este colectivo, aumenta hasta 5 el actual 3 por ciento del número de vacantes de empleo público que el Estado ha de reservar para personas con alguna discapacidad. Sin embargo, el propio ministro reconoce que las Administraciones Públicas tan sólo llegan actualmente al 1 por ciento en contrataciones de este tipo.

La norma que facilitará el acceso al empleo público de personas con discapacidades, anunciada por el ministro Sevilla, permitirá entre otras cosas elegir la provincia de destino del puesto de trabajo si las características del solicitante así lo requieren. Además, se prevén mecanismos de adaptación de tiempos y medios en función del grado de discapacidad en la realización de las pruebas selectivas y en la adjudicación de puestos adecuados a las necesidades concretas del discapacitado. El titular de Administraciones Públicas ha expresado su deseo de que el real decreto sea aprobado por el Consejo de Ministros en una fecha próxima al 3 de diciembre, coincidiendo con la celebración del día internacional de las personas con discapacidad. El borrador de este proyecto ha sido consultado con miembros del equipo directivo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ya han manifestado que, de entrada, de los casi 4 millones de discapacitados que hay en España, la tasa de inserción laboral del colectivo no alcanza ni siquiera el uno por ciento. Coinciden así con el reconocimiento del ministro de esta irregularidad: “La realidad va mucho más allá de los topes o los límites de las leyes: apenas llegamos al 1 por ciento en las Administraciones Públicas, por tanto algo está fallando, eso es lo que vamos a cambiar”.

Predicar con el ejemplo

Cualquier avance de la actual normativa que ayude a mejorar las condiciones de vida de los discapacitados en España será siempre bien recibida. Sin embargo, ¿cómo se va a hacer cumplir a las empresas con los cupos que tienen fijados en la contratación de personas con minusvalías cuando la propia Administración no cumple los suyos? Antes de establecer un decreto que fije en un 5 por ciento ese cupo, la Administración central debería cumplir con el 3 por ciento que rige actualmente, si no quiere generar normativas muy populistas en el enunciado pero que no tienen una aplicación práctica, con el consecuente deterioro de la credibilidad del Gobierno entre los administrados. Sirva como ejemplo el número de discapacitados que aprobaron las distintas convocatorias para funcionarios de la Administración General del Espado en el período 2000-2001: nos encontramos con un insignificante 0,2 por ciento. En esos 2 ejercicios anuales se convocaron 94 plazas para discapacitados, pero únicamente fueron cubiertas 10 plazas por ciudadanos con un 33 por ciento o más de discapacidad.

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