En España, los pobres los fabrica el Estado

Las personas mayores, y particularmente las viudas, han sido noticia estos días por algunos movimientos políticos que afectan de manera clara sus econ…

Las personas mayores, y particularmente las viudas, han sido noticia estos días por algunos movimientos políticos que afectan de manera clara sus economías, en muchos casos con ingresos por debajo del 60 por ciento de la renta media, nivel establecido en Europa para marcar el umbral de la pobreza. El Congreso de los Diputados aprobó el martes 15 de junio, por unanimidad, una proposición de ley presentada por Convergencia i Unió (CIU) que da luz verde a la compatibilidad de dos fuentes de ingresos: la pensión y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Esta medida, que es un gran paso a pesar de que todavía no tiene fecha de aplicación, beneficiará a unas 350.000 viudas españolas (el 26 por ciento catalanas). Hasta ahora, los beneficiarios del SOVI, especialmente mujeres, tenían que renunciar a esta ayuda para poder cobrar la pensión de viudedad cuando perdían a su cónyuge. Ahora, tras la votación, sólo falta la tramitación parlamentaria para definir la fórmula de aplicación del texto legal, para lo cual el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ya prepara un informe sobre el coste de la medida.

La aprobación es un verdadero desagravio que hace justicia con las personas viudas (que en España son mayoritariamente mujeres), especialmente castigadas por unos ingresos anormalmente bajos. Por ejemplo, en Cataluña, la prestación media a través del SOVI es de 268 euros mensuales. Pero a pesar de la urgencia social del tema, llegar a la unanimidad parlamentaria no ha sido nada fácil. El grupo socialista, por ejemplo, había llegado a anunciar que votaría contra la propuesta argumentando que, aunque estaba a favor, la cuestión debía abordarse en el marco de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo (gran acuerdo de 1995 para garantizar por ley las pensiones en España). Así lo explicó inicialmente la diputada del PSOE Isabel López Chamosa. Pero, a última hora, hubo cambio de criterio y los diputados del grupo se apuntaron al “sí”.

El debate ha significado, además, un cambio en los planteamientos del Partido Popular (PP), que se había opuesto a la compatibilidad de las pensiones y el SOVI cuando estaba en el Gobierno. Curiosamente, ante esta última sesión para tratar el tema, los populares habían anunciado su voto favorable desde el principio, lo que hacía prever la posibilidad de que, por primera vez en esta legislatura, los socialistas se quedasen solos y, por tanto, perdiesen una votación.

Una de cal y otra de arena

La noticia ha coincidido en el tiempo con un escándalo de la Generalitat de Cataluña, precisamente con el colectivo de viudas como protagonista y al mismo tiempo víctima de una situación injusta. El lunes 14, curiosamente un día después de las elecciones europeas, se supo que el Departament de Benestar i Familia del ejecutivo autonómico había comunicado por carta a las personas afectadas la supresión de la ayuda de 300 euros anuales que el Gobierno catalán pagaba cada año a las viudas como complemento a las pensiones más bajas. Incluso se les pedía la devolución de las cantidades “cobradas de forma ilegal”. Pero afortunadamente, 24 horas después, la Generalitat rectificó ante la magnitud del escándalo. El portavoz, Joaquim Nadal, explicó que se impulsarán “las medidas que sean necesarias” para evitar que tenga que producirse la devolución.

La Conselleria que dirige Anna Simó, que justificaba la medida en el aumento de pensiones del Gobierno español, fue frenada pocas horas después por los máximos responsables de la Generalitat. ¿Puede una persona tan insensible con colectivos social y económicamente débiles ser la máxima responsable de un área que lleva el nombre de Bienestar Social? ¿No sería mejor que se dedicase a controlar el gasto público y los presupuestos?

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