Escándalo en Estados Unidos: el Estado resucita políticas de los países del Este

El Comité Judicial del estado de Connecticut en Estados Unidos ha iniciado un proyecto de ley que pretende despojar a los obispos católi…

El Comité Judicial del estado de Connecticut en Estados Unidos ha iniciado un proyecto de ley que pretende despojar a los obispos católicos de su autoridad para gobernar fiscal y administrativamente los asuntos diocesanos, según informa el portal LifeSiteNews.com. Esta ley sin precedentes algunos críticas la consideran un intento de regular la Iglesia Católica y una represalia por los esfuerzos de la Iglesia por impedir la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo en el estado.

La intención de la propuesta es, según fuentes del Comité Judicial, “revisar el buen gobierno de las disposiciones aplicables a la iglesia católica romana y para la investigación de la apropiación indebida de fondos por las corporaciones religiosas”. Esta ley sería sin duda una violación de la esencia estadounidense de la libertad de asociación y culto. Asimismo es contraria al ideal gubernamental americano de no intervensionismo en las asociaciones.

Estas políticas recuerdan a las que realizó el comunismo en los países de la Europa del Este y que controlaban a la Iglesia económicamente. De esa forma la represión de credo se realizaba por medios administrativos, controlando las ayudas que recibían las diócesis y su destino.
El proyecto de ley establece que las iglesias católicas tendrán “un consejo de administración integrado por no menos de siete ni superior a trece miembros legos [sin orden clerical]”, y añade “el arzobispo u obispo de la diócesis o su designado debe servir como un miembro del consejo de administración sin derecho a voto”.
Según el proyecto de ley los miembros de la junta directiva deben ser elegidos entre la congregación y la autoridad del obispo y el pastor debe limitarse “a las cuestiones relativas exclusivamente a las prácticas y principios religiosos”.
Hechos aislados justificarían la ley
Andrew McDonald y Michael Lawlor, co presidentes del Comité Judiacial han justificado la ley en base al ejemplo de un incidente en el que un sacerdote fue declarado culpable del robo de 1,4 millones de dólares de la parroquia de Darién.
Lawlor en un correo electrónico enviado al blogger, americano y católico Thomas Peters, justificaba el proyecto de ley argumentando que se han cambiando los estatutos de las sociedades que rigen las iglesias ya que “los parroquianos han sido víctimas del robo de sus fondos en varias parroquias”. Lawlor reconocía que la idea de tener un estatuto que rige la Iglesia “parece una intromisión en la separación Iglesia y estado”, pero, según él, “la ley no lo es”.
Muchos se han mostrado críticos y han expresado sus dudas sobre la constitucionalidad del proyecto de ley. El católico Attorney Philip Lacovara afirma que “en más de cuarenta años como profesor de derecho constitucional no puedo recordar un solo fragmento de legislación propuesta en cualquier gobierno como esta”, según reproduce LifeSiteNews. El consejero general de la Conferencia de Obispos Católicos, Anthony Picarello, expresó también su conmoción por la legislación que considera “abiertamente inconstitucional”.
Represalias por defender la ética cristiana
El senador del estado de Danbury, Michael McLachlan, escribió en su blog que “el verdadero objetivo de este proyecto de amortización es contra los obispos y pastores de la Iglesia Católica en Connecticut por oponerse al matrimonio gay”.
Ambos co presidentes del Comité Judicial están abiertamente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y han sido críticos con la Iglesia Católica por oponerse al desmantelamiento de las leyes actuales sobre la definición legal de matrimonio.
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