España, paraíso del proxenetismo

Según el actual marco legal español, ser un proxeneta no es igual a ser un delincuente. ¿Por qué? Pues sencillamente porqu…

Según el actual marco legal español, ser un proxeneta no es igual a ser un delincuente. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la actual normativa en España permite lucrarse con la prostitución si no es forzada.

De hecho, la explotación por parte de proxenetas del sexo de pago y de las personas que lo practican es una actividad económica lícita siempre que la prostituta tenga autonomía en su trabajo. Solo en caso de coacción, chantaje, violencia o abusos que obliguen a ejercer esta práctica los delitos serán castigados por la ley.

Es decir que se tendría que demostrar que existe por parte del proxeneta un beneficio inmediato y directo a costa de la explotación de la persona en ese comercio del sexo, debido a que la prostituta le entrega el dinero en mano.

Ante este escenario, los macroprostíbulos están montados amparándose en la ficción de que la prostituta les alquila la habitación donde practica su actividad de sexo a cambio de dinero.

El Paradise, absuelto

El último ejemplo de este ‘limbo’ donde se mueven los megaprostíbulos es una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Girona, que ha absuelto al propietario del Paradise de La Jonquera, José Moreno, acusado de liderar una red de proxenetas que supuestamente se dedicaba a captar chicas en Brasil y las obligaba a prostituirse en España con un visado de turista.

La sentencia ha librado de toda responsabilidad a Moreno y a otros seis hombres imputados en esta trama por falta de pruebas; sólo se ha condenado a uno de los integrantes, Rodrigo R., a cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La sección cuarta de la Audiencia de Girona ha probado que Rodrigo R. contactó con una mujer que se encontraba en Brasil y le propuso viajar a España, haciéndose pasar por turista,- para ejercer la prostitución, obligándole a devolver posteriormente la deuda de su desplazamiento.

Del resto de acusados no se ha comprobado que financiaran ningún viaje ni que cooperaran en la entrada de chicas de forma ilegal en España, como tampoco se ha probado que hubieran traficado indebidamente con la actividad laboral de las mujeres.

El magistrado ha determinado que Jose M., que se enfrentaba a una condena de 14 años de prisión y a 11 años de inhabilitación por liderar esta red de proxenetas entre 2009 y 2010, sólo se dedicaba a alquilar habitaciones de sus locales a estas chicas para el ejercicio de la prostitución.

Una legislación permisiva

Y es que con la actual legislación en la mano y según el Tribunal Supremo, para que el que se lucre de la prostitución consentida cometa un delito deben darse determinadas condiciones.

En primer lugar, según informaba el diario El País el pasado lunes, 10 de febrero, la víctima debe haber sido obligada a ejercer ese oficio con violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad o debido a su situación de necesidad o vulnerabilidad. Al mismo tiempo, para que el proxeneta cometa delito, debe ser consciente de ello.

En segundo lugar, la ganancia que se lleve el proxeneta debe constituir un beneficio económico “directo”, es decir, “íntimamente ligado” a la prostitución ajena. Y la percepción de esa ganancia por el proxeneta debe ser reiterada. “No basta con un mero gesto de liberalidad”, mantiene la Sala de lo Penal del alto tribunal. En resumen: si el ejercicio de la prostitución es más o menos libre y autónomo, no hay delito.

“El problema es que el Código establece la misma pena [de dos a cuatro años de cárcel] para el proxenetismo que para otro delito mucho más violento, la prostitución forzada, que se recoge en ese mismo precepto”, señala Manuel Cancio, profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.

“Eso ha obligado a los magistrados a interpretar que el proxenetismo prohibido ha de ser especialmente grave”, añade el catedrático. Así pues, la fórmula más común de proxenetismo en España, los clubes de alterne —que proporcionan a las prostitutas las habitaciones donde prestar sus servicios—, quedaría fuera de la prohibición, según las sentencias del Alto Tribunal.

Inmigrantes, las víctimas más desprotegidas

Cabe subrayar que, según el último informe de seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata con fines de Explotación Sexual, relativo a 2012, en las 2.201 redadas que se ejecutaron ese año —no solo en locales de alterne, también en polígonos industriales o zonas de prostitución callejera—, los agentes identificaron a 976 víctimas.

La gran mayoría de ellas eran mujeres de entre 18 y 22 años y extranjeras sin papeles procedentes mayoritariamente de Rumania, Paraguay y Brasil.

Ante esta situación de indefinición legal y el gran número de víctimas de las redes de prostitución, se hace más urgente que nunca el acabar con esta lacra. Y la vía más efectiva para hacerlo es legislar de una vez por todas prohibiendo la prostitución y el proxenetismo.

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