Ética pública y bien común

No parece que las sociedades democráticas contemporáneas, marcadas por el pluralismo en las concepciones del bien y por la diversidad de formas de vid…

No parece que las sociedades democráticas contemporáneas, marcadas por el pluralismo en las concepciones del bien y por la diversidad de formas de vida de los grupos y de los individuos, puedan sacar ventajas efectivas, en el plano de la equidad, de planteamientos culturales para los que la ética pública es vacía y la concepción de la justicia es formal. La obligación política permanece sin justificación.

El bien común se reduce, a la postre, a un polvillo de bienes o de intereses individuales. La ética pública, que debería estar sustanciada por reglas convenidas para una mayor ventaja de cada ciudadano, es superada y doblegada por las preferencias particulares. Y corre el peligro de ser manipulada frecuentemente por la arbitrariedad.

Ésta es la demostración del fracaso al que llega la pretensión de hacer una llamada a los principios aceptables por cada uno, sin tener en cuenta que los sujetos están inclinados a la moral antes de ser ciudadanos.

Es urgente recuperar el horizonte según el cual las personas actúan en la vida pública y democrática sobre la base de su imprescindible juicio. Aunque esté dictado por intereses particulares, éste se basa siempre en la consideración de los bienes humanos y de su importancia en la vida, considerada, a la luz del fin humano, como un todo.

Dicho de otra manera, el individuo se mueve, tanto en lo privado como en lo público, según un orden intencional, que regula la búsqueda de los bienes y define la concepción del bien. Una ética pública y democrática que no tenga en cuenta la concepción del bien de los individuos, sobre cuya base recae inevitablemente el juicio, es imposible, además que irracional.

No es racional exigir a los ciudadanos que prescindan de la propia concepción del bien. En cambio, es razonable pedirles que busquen reglas públicas a la luz del verdadero bien humano, hacia el que todos tienen el deber moral de aspirar. Sólo así tales reglas pueden llegar a ser obligatorias para cada ciudadano y gozar de una universalidad que el arbitrio no puede destruir. La justicia se convierte entonces en ministerial para el crecimiento de todos y no es moneda de cambio de intereses sectoriales.

Si el conflicto entre las diversas concepciones del bien fuera racionalmente irresoluble, si éstas no fueran de alguna manera aceptables como fruto de una búsqueda común de la verdad, no existirían razones para respetarlas. En cambio, tiene sentido comprometerse en un diálogo público, entre los que sostienen distintas concepciones de la vida y del bien sólo si esto mira a una verdad alcanzable por todos, que sea expresión de una búsqueda común.

De otra forma, el discurso público, que, aunque rico de infinitas reglas de juego o procedimiento, sólo sería el resultado de una simple lucha de poder o de intereses o también de una manipulación mediática nada remota. Sólo sobre la base de una búsqueda común del verdadero bien humano, se encuentra un fundamentum definitivo sea para los derechos y deberes, sea para la justicia.

Hay que superar, sobre todo, la teoría y la práctica de la justicia, basada en una razón instrumental o en una razón pública, guiada por criterios formales. El intento de universalizar la justicia como igualdad, separándola del bien humano, más aún atribuyéndole la primacía, conduce a su inutilidad reduciéndola a una concepción contextualista o sometiéndola a los intereses de la mayoría, entendidos como la utilidad media esperada.

En consecuencia, hay que reivindicar, de nuevo, la primacía del bien.

La justicia social adquiere su pleno valor ético si se especifica de manera acertada en el plano jurídico y, después, mediante políticas y prácticas adecuadas, equitativas, que lo son porque siguen el dinamismo moral que caracteriza a cada hombre y lo empuja a formar sociedades de cooperación, teniendo en cuenta la situación histórica, que siempre es cambiante.

Según esta concepción, la justicia recibe su fuerza ética, antes que del consenso social, de su fundamento en el ser moral de las personas, que, para la propia realización, están llamadas a desenvolverse progresivamente también en el plano político.

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