Filipinas abole la pena de muerte y pide a las iglesias ayuda para rehabilitar las cárceles

La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, ha hablado de una "victoria para la vida" y niega que sea una "victoria para los crimi…

La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, ha hablado de una "victoria para la vida" y niega que sea una "victoria para los criminales". La Cámara de Representantes filipina y el Senado han votado contra la pena de muerte en este archipiélago de mayoría católica.

La presidenta destacó que las dos cámaras del Parlamento han aprobado sus normas contra la pena de muerte por separado. El Senado fue el primero en aprobar la propuesta de aboler la pena capital por 16 votos a favor y una abstención. En la Cámara, el resultado fue de 119 votos a favor, 20 en contra y una abstención. Ahora, diputados y senadores tienen que aprobar en una sesión conjunta un texto común que estipule la abolición para que Arroyo lo promulgue.

La decisión es especialmente valiente en esta época de "guerras preventivas": Filipinas tiene una activa guerrilla islámica y células terroristas ligadas a Al-Qaeda. Pese a la presencia del terrorismo, el país decide combatirlo sin la pena de muerte.  

La presidenta Arroyo ha insistido en que la policía aplicará estrictamente las leyes y los criminales serán encarcelados. También ha prometido que se trabajará para mejorar las condiciones en las cárceles del país y para eso ha pedido ayuda a las iglesias para rehabilitar las cárceles, especialmente las instalaciones destinadas a los condenados a cadena perpetua. En un país religioso y con graves problemas sociales, la participación integradora de las comunidades cristianas es muy valorada.

La Iglesia católica, activista por la vida

El presidente de la organización Voluntarios contra el Crimen y la Corrupción, Dante Jimenez, contrario a la abolición, cree que la presión de la Iglesia católica ha sido definitiva. "Comprendemos que la presidenta va a besar la mano del Papa y unas Filipinas sin pena de muerte es como una bandeja de plata", declaró refiriéndose a la visita de la presidenta al Vaticano para finales de junio.

La presidenta ya anunció en su mensaje de Pascua a la población el pasado abril que conmutaba la pena de muerte por cadena perpetua a los casi 1.300 condenados del país, incluyendo al español Paco Larrañaga. Gloria Macapagal Arroyo en 2001, al poco de llegar al poder, ya estableció una moratoria en las ejecuciones, en la línea de las campañas internacionales del Jubileo 2000. En 2003 una serie de crímenes violentos escandalizó a la opinión pública y se levantó la moratoria aunque sin llegar a ejecutarse a nadie.

Durante años los obispos de las islas han pedido la abolición de la pena capital. Arroyo, que siempre se ha declarado católica devota, les debe mucho: tras las elecciones de mayo 2004 hubo manifestaciones masivas contra la presidenta acusada de fraude electoral, pero los obispos se negaron a  unirse a las manifestaciones de la oposición.

Juan Pablo II, un líder contra la pena de muerte

Juan Pablo II fue constante en la lucha contra la pena de muerte. Apoyó la campaña Moratoria 2000, impulsada por Anmistía Internacional y la Comunidad de San Egidio (uno de los "nuevos movimientos" católicos, 50.000 miembros en 72 países). También apoyó en 2002 la creación de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte: en ella se coordinan, entre otras, San Egidio, Amnistía Internacional, Ensemble contre la Peine de Mort, International Penal Reform y FIACAT

En enero de 1999, Juan Pablo II pedía la abolición de este "castigo cruel e innecesario" ante más de 100.000 personas en Saint Louis (Estados Unidos). “Renuevo el llamamiento para que se decida la abolición de la pena de muerte”, proclamaba. Precisamente en el Estado de Missouri, se aplazó una ejecución prevista para ese mismo día. Fue en 1999 cuando se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU una resolución para lograr una moratoria internacional: entre los promotores estaba “Nadie toque a Caín”, entidad formada por parlamentarios europeos y la Comunidad de San Egidio.

Cosecha por la vida en los últimos años

A 31 de diciembre de 2004, 84 países habían abolido la pena para todos los delitos, mientras que otros 12 la suprimieron para todos los delitos con algunas excepciones. Además, al menos 24 naciones podían considerarse ya abolicionistas en la práctica, porque no habían realizado ninguna ejecución como mínimo en los últimos 10 años. Otros 76 países y territorios conservaban la pena de muerte, aunque no se impusieron condenas en todos ellos y, en la mayoría, no hubo ejecuciones durante todo 2004.

Entre los ejemplos, destacan Bután, cuyo rey promulgó el 20 de marzo de 2004 un Real Decreto que prohibía la pena capital, Grecia, donde el Parlamento ratificó en noviembre el Protocolo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, Samoa, donde se aprobó en enero una ley penal que acababa con el castigo, Senegal, donde se suprimió en diciembre coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, y Turquía, que suprimió esta pena de su Código Penal y a partir de su Constitución recientemente reformada.

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