Fracaso de Naciones Unidas en Sudán: el Gobierno de Jartum no desarma a las milicias islamistas

Las presiones que la comunidad internacional ha ejercido hasta ahora sobre Sudán para atajar la crisis humanitaria y las constantes violaciones de der…

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Las presiones que la comunidad internacional ha ejercido hasta ahora sobre Sudán para atajar la crisis humanitaria y las constantes violaciones de derechos humanos en la región de Darfur no han resultado efectivas. Tal como denuncia Amnistía Internacional (AI), el presidente del gobierno sudanés, Omar Hasán al Bachir, no ha hecho prácticamente nada para desarmar a las milicias árabes progubernamentales Janjaweed (jinetes armados) que actúan contra la población civil. Más bien al contrario, “en lugar de detener a los que cometen violaciones de derechos humanos, las autoridades sudanesas detienen a quienes los ponen en evidencia”, según confirma Irene Khan, secretaria general de AI. También Humans Rights Watch (HRW), organización defensora de los derechos humanos, insta a la ONU a intervenir de una forma más firme en el conflicto, aplicando sanciones efectivas al gobierno sudanés. HRW asegura que Jartum ha optado por “incorporar a los Janjaweed y a sus líderes dentro de la Policía y del Ejército”. AI y HRW coinciden en que Naciones Unidas no puede permanecer indiferente ante estos hechos y debe reaccionar para defender la libertad de expresión en el país y para evitar las masacres que padecen los habitantes de Darfur y los cientos de miles de desplazados.

Después de recorrer el estado de Darfur Occidental durante 3 días, el enviado de la ONU a Sudán, Jan Pronk, ha admitido una cierta estabilidad de la situación humanitaria en los campos de desplazados, pero también reconoce que se ha incrementado el temor de la población en la zona. Durante su visita, Pronk ha atendido numerosas quejas sobre los ataques de los Janjaweed a las poblaciones de desplazados. Al mismo tiempo, el Gobierno de Jartum negociaba con los dos grupos rebeldes que participan en las conversaciones auspiciadas por la Unión Africana (UA), el Ejército de Liberación de Sudán (ELS) y el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI), para buscar una solución a la crisis. Las conversaciones se llevaban a cabo en Abuja (Nigeria), con la mediación del presidente nigeriano y en ejercicio de la UA, Olusegún Obasanjo, y contaban con la presencia de delegados de Chad y de la República Democrática del Congo, así como de funcionarios de la ONU y de la Liga Árabe. Sin embargo, el ELS y el MJI decidían el pasado 28 de agosto boicotear las sesiones durante 24 horas para protestar contra los ataques que, según ellos, realizan sistemáticamente fuerzas gubernamentales contra la población civil, aunque posteriormente los dos grupos volvían a retomar las conversaciones.

Amordazando al mensajero

El gobierno sudanés parece, pues, decidido a ignorar las advertencias de la ONU y, al mismo tiempo, está ejerciendo un control exhaustivo de la información para evitar que se aireen los constantes incumplimientos de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional. Este lunes, 30 de agosto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debate el informe del secretario general sobre la situación en Sudán, pero “mientras se siga intimidando y deteniendo a quienes denuncian estas violaciones, los compromisos contraídos por el Gobierno de Sudán ante la comunidad internacional seguirán siendo palabras vanas”, afirma Irene Khan. Entre los casos de ataques contra la libertad de expresión denunciados por AI están los cometidos los pasados días 15 y 17 de julio, contra 7 personas detenidas en Abu Dereja, cerca de Al Fasher, por facilitar información a los enviados de la Unión Africana que actuaban como observadores del cumplimiento de los acuerdos de alto el fuego. Por otra parte, las autoridades sudanesas reprimen entre la población civil cualquier debate sobre las causas de la crisis y sus soluciones, practicando detenciones de gente que ha intentado organizar reuniones públicas para analizar el conflicto. Evidentemente, el control se extiende a la radio y televisión estatales y a los medios de comunicación independientes.

Petición expresa a España

Este miércoles, 1 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Este hecho es aprovechado por Amnistía Internacional para lanzar una campaña en su web (www.es.amnesty.org) en la que hace un llamamiento para pedir a Moratinos que nuestro país adopte un papel más activo para acabar con la crisis humanitaria en Darfur, que ya ha provocado alrededor de 130.000 muertos, un millón de personas desplazadas y refugiadas, y miles de mujeres y niñas violadas. La ciberacción de AI solicita al ministro de Exteriores que:

Impulse la creación de una Comisión de Investigación Internacional sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad incluida la violación a mujeres como arma de guerra.

Promueva la suspensión de transferencias de armas, equipos de seguridad y policía, y entrenamiento a Sudán, tanto a las milicias como al propio Gobierno y a los grupos armados de oposición, y garantice que España no exportará armamento de nuevo a este país.

Incremente su presión diplomática sobre Sudán para que ponga en práctica sus compromisos de proteger los derechos humanos, desarmando a las milicias y facilitando el acceso libre de observadores internacionales y periodistas.

Sanciones que no llegan

Human Rights Watch se muestra partidario también de estas medidas en su petición a la ONU para que aplique sanciones inmediatas al Gobierno de Sudán, por no cumplir su promesa de neutralizar a las milicias árabes Janjaweed que, según asegura HRW, mantienen activas 16 bases en el oeste de la región de Darfur. En un comunicado difundido el pasado 26 de agosto, la organización humanitaria señalaba que algunas de las sanciones que debería contemplar el Consejo de Seguridad de la ONU son el embargo a la venta y comercio de armas al gobierno sudanés y las transacciones con petróleo. La organización señala que los desplazados han sido objeto de violaciones, robos, extorsión, y asesinatos indiscriminados cometidos por los Janjaweed y por soldados gubernamentales. “Pese a sus compromisos de desarmar a la milicia, el Gobierno no ha proporcionado lista alguna” de los miembros a los que ha desarmado ni datos concretos de las armas confiscadas, afirma Human Rights.

HRW corrobora que, según testigos, las milicias comparten 5 de esos campos con el ejército sudanés. “Durante el tiempo que el Gobierno de Jartum estaba supuestamente poniendo freno a los Janjaweed, y pese a su compromiso de desarmar a las milicias, estos campos han seguido operativos a plena vista, lo que prueba que Jartum no actúa con seriedad para poner fin a las atrocidades y proporcionar seguridad a los civiles”, afirma el comunicado. La organización sugiere que Estados Unidos y otros países que tienen satélites en el espacio deberían tomar fotografías de los campos para confirmar su existencia. Las descripciones de los testigos coinciden en que al menos 3 de las bases se abrieron a finales de julio de este mismo año y el presidente de Sudán ya se había comprometido en esas fechas con Kofi Annan, secretario general de la ONU, a empezar a desarmar a los grupos ilegales que operan en la zona.

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