Gallardón, en lo cierto: el embarazo en ningún caso es una enfermedad

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, lo tiene muy claro: uno de los argumentos que le lleva a reformar la actual Ley del Aborto es …

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, lo tiene muy claro: uno de los argumentos que le lleva a reformar la actual Ley del Aborto es que “no se sostiene” emitir juicios atribuyendo “hipotéticas y negativas” consecuencias sobre la salud de la mujer, si ésta no decide interrumpir su embarazo no deseado.

Así lo ha manifestado en respuesta parlamentaria dirigida a la diputada de ICV Laia Ortiz, en la que ésta preguntaba al Gobiero sobre la exclusión de la malformación fetal como causa legal del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que anunció Gallardón en verano.

El Gobierno justifica así que su reforma “no se basa en frías estadísticas” y que son “multitud” las normas internacionales y del ordenamiento jurídico español que amparan y extienden el derecho a la no discriminación a todas las personas.

El ministro de Justicia argumenta esa parte de la reforma en un texto de Naciones Unidas, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, que subraya ese principio universal como uno de los derechos humanos que “merece mayor protección

La cuestión es que la ONU, en 2010, tras las quejas de dos asociaciones de personas discapacitadas, recomendó a España modificar la posibilidad de abortar por “razón de discapacidad exclusivamente” y que reformara la actual normativa y suprimiera el plazo de 22 semanas para abortar en esos casos.

Por tanto, el Ejecutivo seguirá las recomendaciones hechas en octubre de 2011, cuando ya estaba en vigor la Ley promovida por el anterior Gobierno, por el Comité de Seguimiento de Naciones Unidas, que ha dado de plazo hasta 2015 para que España subsane las contradicciones entre la legislación española sobre el aborto y la Convención.

El embarazo no es una enfermedad

El Gobierno también ha recordado en su respuesta a la diputada de ICV que el proyecto que presentará parte de la doctrina del Tribunal Constitucional de que el no nacido es titular de unos derechos, al igual que lo es la mujer, que hay que proteger; y que es tarea del legislador prever qué hacer cuando se produce una colisión de esos derechos.

El Ejecutivo señala que la ley de plazos actual choca con los derechos del nasciturus que, afirma, confirmó el Constitucional. Por eso, plantea una vuelta a una regulación más parecida al sistema de supuestos anterior, para que no haya colisión entre los derechos de la mujer y del no nacido.

“Algo que no ocurre actualmente durante esas 14 primeras semanas del embarazo en las que el concebido no nacido está completa y absolutamente desprotegido”, esgrime el Ejecutivo.

Así, en el ejercicio de su independencia y responsabilidad, va a introducir en el ordenamiento jurídico español las necesarias garantías en aquellos casos que se produzca un conflicto entre el derecho a la vida del concebido y no nacido y otros derechos, de acuerdo con la doctrina expresada por el Tribunal Constitucional.

Hace bien el Gobierno en oponerse a lo que los defensores del aborto esgrimen como un argumento válido, es decir considerar en un momento dado el embarazo como si fuera una enfermedad que altera la salud de la futura madre.

Sin embargo, en ningún caso puede considerar se el embarazo, o sea la posibilidad de tener un hijo, como una enfermedad de la que hay que librarse eliminando la vida del no nacido.

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