Gays: ¿Puede un 0,11 por ciento del total de parejas censadas cambiar la definición de matrimonio?

Los datos divulgados en agosto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir del censo de población de 2001 ponen de manifiesto que en Españ…

Los datos divulgados en agosto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir del censo de población de 2001 ponen de manifiesto que en España existen 8,9 millones de hogares formados por matrimonios, 563.723 parejas de hecho y, de éstas, 10.474 uniones homosexuales. Además, en el 47,5 por ciento de las parejas de hecho al menos uno de los miembros está o ha estado casado y del 52 por ciento de parejas solteras muchos tienden a contraer matrimonio cuando tienen un hijo o compran una casa. Al mismo tiempo, las parejas de hecho que tienen hijos son tan sólo un 2,5 por ciento del total de 9,5 millones de parejas españolas. A partir de la observación de estas cifras surgen un par de interrogantes: Por una parte, ¿deben las parejas de hecho, sobre todo las que no tienen hijos, gozar de los mismos derechos sociales y económicos que se conceden a las familias con hijos fruto del matrimonio? Y, por otra, sobre el total de parejas censadas, ¿puede ese 0,11 por ciento de parejas de hecho homosexuales modificar el concepto que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer?

Hay que reconocer que, por distintas causas, no todas las uniones homosexuales censadas se corresponden con el total de homosexuales en España y que, posiblemente, no todas las parejas de hecho gays se hayan registrado como tales. Pero, en cualquier caso, la cifra resultante siempre estaría muy alejada del 10 por ciento sobre la población española que reivindican los lobies homosexuales. Tal como publicábamos el pasado 28 de julio, una encuesta también del INE presentada un día antes por la ministra de Sanidad, Elena Salgado, venía a confirmar el carácter estadísticamente anecdótico del colectivo gay. Según ese estudio, basado en datos del último trimestre del 2003, los españoles que reconocen mantener relaciones homosexuales son tan sólo el 1 por ciento. Si a esta cifra le sumamos las personas que admiten que han mantenido relaciones homosexuales en alguna ocasión la cifra puede rondar el 3 por ciento.

Respuestas “políticamente correctas”

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) daba a conocer, unos días antes de la publicación del informe del INE derivado del censo de 2001, los resultados del barómetro de junio que se centraban en la aceptación de las parejas de hecho y la homosexualidad. En los resultados de esa encuesta de opinión se pueden observar una serie de contradicciones que ponen de manifiesto la tendencia de los encuestados y, por extensión, de la población en general a adoptar una actitud “políticamente correcta” ante cualquier tema controvertido. Por ejemplo, a la pregunta “¿Cree que la Ley de Parejas de Hecho debe reconocer los mismos derechos y obligaciones que tienen los matrimonios?”, el 74,8 por ciento contestaba que sí. Sin embargo, cuando se les pregunta si se les debería reconocer el derecho a la pensión de viudedad, el 50,3 por ciento se manifiesta en contra, contra el 37,8 a favor. Lo mismo ocurre con el derecho a heredar: un 44,9 por ciento en contra y un 42,8 a favor. Y en cuanto a la adopción, un 70,9 por ciento está en contra y un 16 por ciento a favor.

¿Derechos de los homosexuales?: resultados contradictorios

Las respuestas al estudio del CIS con respecto a la actitud ante la homosexualidad plantean similares paradojas. Cuando se les pregunta “¿Cree que las parejas homosexuales deberían tener derecho a contraer matrimonio?”, el 66 por ciento dice que sí. Un porcentaje parecido, el 67,7 por ciento, responde afirmativamente a la pregunta de si “¿A las parejas homosexuales estables se les debe reconocer o no los mismos derechos y obligaciones que a las parejas heterosexuales? Sin embargo, vuelven a surgir los contrastes cuando la pregunta hace referencia a un derecho concreto, el de la adopción, donde el porcentaje de aceptación baja casi un 20 por ciento: el 48 por ciento se declara muy o bastante de acuerdo con que deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales para adoptar, frente a un 44 por ciento que está en contra. Por otra parte, según un 70,9 por ciento de los encuestados, las parejas de hecho, sin referencia a su orientación sexual, no tienen derecho a adoptar. Por contra, cuando estas parejas son gays, el rechazo disminuye al 44 por ciento. Para terminar, una contradicción típica: Ante la afirmación “la homosexualidad es una opción tan respetable como la heterosexualidad”, un 79 por ciento se declaraba de acuerdo y un 11,4 en contra. Sin embargo, cuando se trata de la propia familia, un 30 por ciento cree que sería “un problema grave” que su hijo o su hija “tuvieran relaciones homosexuales”. Todas estas contradicciones sugieren la necesidad de un debate más profundo en el seno de la sociedad para confrontar una cuestión tan delicada.

Referente para un hijo: un padre y una madre

Hasta ahora, las ayudas que las familias obtienen de las distintas administraciones vienen determinadas por la responsabilidad que conlleva el cuidado de los hijos. Una responsabilidad que tan sólo puede asumir plenamente el matrimonio con respecto a su descendencia natural o con respecto a niños adoptados, siempre y cuando el referente para esos niños sea el de tener un padre y una madre, un derecho inherente al niño. Un derecho, el de ser adoptado en esas condiciones, que siempre pertenece al menor y no al adulto que desea adoptar. El Gobierno español, a pesar de conocer los datos expuestos anteriormente, que provienen incluso de sus propios estudios, sigue empecinado enextender las ayudas para las familias a todas las parejas de hecho, incluidas las formadas por gays y lesbianas, en legalizar el matrimonio homosexualy, como consecuencia lógica de esto último,en conceder ese supuesto derecho de adopción a los matrimonios homosexuales. Es evidente que hay que legislar de manera que sean reconocidos los derechos fundamentales de cualquier forma de convivencia, pero ¿pueden éstos derechosequipararse a los que emanan de la responsabilidad que asume el matrimonio y la institución familiar como garantes de las generaciones venideras?

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