El Gobierno del PP prepara una Ley que regule el negocio de los vientres de alquiler

Según el ministro de Justicia, se legalizaría la donación de bebés, pero no su compra, aunque se estaría incentivando esta práctica, que mercantiliza la vida humana, a través de la economía sumergida

La mal llamada “maternidad subrogada”, más conocida como vientre de alquiler, está en la agenda del Gobierno para esta legislatura. Esta práctica consiste en convertir a los seres humanos en una mercancía a través de un acuerdo económico entre una madre que gesta a un niño para luego venderlo normalmente a una pareja que no puede tener hijos, de ahí que el homosexualismo político vea con buenos ojos esta práctica que da la posibilidad a las parejas del mismo sexo de “tener” hijos.

Al parecer esta propuesta de ley es uno de los temas que tienen en este momento encima de la mesa los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Sanidad, Dolors Montserrat. Así lo ha anunciado hace unos días el primero, quien cree que antes o después el Ejecutivo deberá afrontar la regulación de esta nueva realidad social y “establecer algunos límites para evitar que haya un mercadeo, que se convierta en un negocio el encargo de una gestación”, dijo Catalá a Onda Cero. Estas declaraciones las hizo poco después de que una pareja y una joven fueran detenidos en Almería por alquilar un vientre por 10.000 euros.

En España esta práctica es ilegal, aunque no en otros países como en algunos estados de Estados Unidos, India o Ucrania, adonde van españoles que quieren comprar un hijo.

Catalá tiene claro que el asunto es “delicado”, ya que por un lado el lobby del homosexualismo político presiona para su legalización y, por otro, plantea evidentes límites éticos insalvables. El ministro no aclara hasta dónde llegará el Ejecutivo en esta materia, aunque sí marca una gruesa línea roja: no puede haber intercambio de dinero entre la mujer gestante y la persona o pareja que acuda a la gestación subrogada porque el ordenamiento jurídico español no permite el ánimo de lucro en cualquier tipo de donación. Tampoco lo permite el convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina (1997) suscrito por España, que establece con rotundidad la gratuidad y el altruismo en relación con el cuerpo y sus partes.

Sin embargo, el planteamiento de Catalá podría provocar que esta práctica se legalizara y que el pago se realizara sin el conocimiento de la Administración, ¿cómo controlar que no se ha realizado un pago en dinero negro? Si el Gobierno plantea una ley de este tipo estaría permitiendo de facto la legalización de la práctica y su explotación económica a través de la economía sumergida.

Además, según el ministro, eso no querría decir, sin embargo, que no pueda haber algún tipo de compensación por las molestias, que incluya, por ejemplo, los gastos médicos, por parte de la pareja subrogada a la mujer gestante. Pero en este caso, debería ser la administración la que estableciera las bases homogéneas para determinar la cuantía de esa compensación de forma transparente.

Qué dice el estudio que ha encargado el Gobierno

El Grupo de Ética y Nueva Práctica Clínica de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) ha elaborado una propuesta para la regulación de la gestación por sustitución. El documento, coordinado por Rocío Núñez, Lydia Feito y Fernando Abellán, ha contado con la colaboración de médicos, biólogos de la reproducción, psicólogos, enfermeras, expertos en bioética y abogados especializados en el campo del derecho sanitario.

Los autores de la propuesta han trabajado en este tema conscientes de que en este momento este tipo de maternidad “constituye una posibilidad técnica a la que recurren numerosos ciudadanos españoles con recursos económicos en otros países donde sí está permitida”, señalan. Esto, sumado al dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 2014, según el cual los hijos nacidos por esta vía tienen que tener reconocida forzosamente su filiación y estar inscritos en el Registro Civil (algo que el ordenamiento español ha recogido), ha llevado a estos expertos a establecer las líneas básicas de la regulación y que, seguramente, sirva al Ejecutivo de base para trabajar.

Los vientres de alquiler hacen de la vida humana un negocio

Los vientres de alquiler hacen de la vida humana un negocio

Así, los expertos opinan que la gestación por sustitución debe ser considerada un “recurso excepcional” y sólo justificado cuando exista en la pareja o persona subrogada una indicación médica debidamente documentada o una situación de esterilidad estructural (pareja homosexual masculina u hombre sin pareja). La gestante deberá reunir unos requisitos de edad (18 a 35 años), con plena capacidad de obrar y buena salud psicofísica, haber sido madre biológica (para saber a qué se enfrenta), no padecer enfermedades transmisibles y “tener recursos económicos adecuados para descartar precisamente la “profesionalización”. La mujer que ofrece su vientre para gestar deberá contar con la “aceptación” de su pareja si está casada o convive de hecho.

Según este informe, para salvaguardar la salud de los futuros hijos y de la gestante, el número de embriones por transferir a esta última sería de un máximo de dos. Los expertos recomiendan que al menos uno de los miembros de la pareja subrogada, o la persona subrogada si actúa sola, aporte sus gametos, ya que, a juicio de la mayoría de los miembros del grupo de trabajo, “en otro caso desaparece la justificación para recurrir a esta técnica y se podría favorecer el comercio de niños”. Por el contrario, creen que no debe admitirse que la mujer que va a ser gestante aporte el óvulo, con el fin de salvaguardar el principio de anonimato del donante de gametos que rige en España y para evitar la vinculación genética de la gestante con el futuro hijo.

El grupo de expertos de la SEF considera que la selección de la gestante no podrá hacerla la pareja, sino que “responderá a criterios médicos. No se debe permitir que la gestante tenga relación de parentesco, laboral, de dependencia institucional o jerárquica con la parte subrogada con el fin de que “no quede afectada su libertad de decisión”. El grupo de profesionales cree que es preciso que se requiera la aprobación judicial previa al inicio del proceso clínico que constate “la voluntariedad del consentimiento informado, que no se produce tráfico de niños ni explotación de la mujer y que se dispone de la documentación clínica y social prevista, así como del informe favorable del comité ético” que evaluará todo el proceso.

La pareja subrogada y la gestante podrán acordar si tienen o no contacto posterior tras el nacimiento del bebé. Los expertos no se oponen a las agencias intermediarias, pero siempre que sean “obligatoriamente” sin ánimo de lucro y su publicidad nunca podría alentar a esta práctica.

 

 

 

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2 Comments

  1. 1

    Cada asunto repugnante que surge en el corrupto mundo, los políticos españoles no nos quieren dejar atrás, tenemos que estar en primera línea para percibir mejor el mal olor. Lamentable cada paso inmoral que se da, y son muchos ya.

  2. 2

    El Papa León XIII dijo que “nada contribuye tanto a destruir las familias y a arruinar las naciones como la corrupción de las costumbres, …” y en esto el legislador tiene una grave responsabilidad.

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