Hacer un test, talar un árbol, matar a un niño

Hay muchas competencias importantes de lo que podríamos llamar control o policía administrativa que dependen de las CCAA, desde las autorizaciones par…

Forum Libertas

Hay muchas competencias importantes de lo que podríamos llamar control o policía administrativa que dependen de las CCAA, desde las autorizaciones para las talas forestales a las licencias industriales, en una larga lista de cuestiones.
Una de ellas es el control de los test psicológicos para adquirir un arma de fuego. En España existe una política muy restrictiva en este terreno, sobre todo por lo que se refiere a las armas cortas otra cosa son las licencias de caza. Desde el punto de vista material son actividades intervenidas por la Guardia Civil, pero en los requerimientos necesarios, el test psicológico entre otros, corresponde a las CCAA.
Ahora, la Generalitat de Catalunya controlará en mayor medida estos tests a fin de hacerlos más exigentes y evitar que los profesionales que los ejercen se vean presionados por las empresas para que limiten al máximo el número de denegaciones.
Todo esto viene a cuento de algunas quejas, pocas, todo hay que decirlo, sobre la existencia de estas presiones. Es una forma preventiva de intentar evitar que un arma esté en manos de una persona mentalmente desequilibrada, y eso es absolutamente razonable en cualquier lugar de España.
Pero esta exigencia contrasta con la absoluta lenidad en otros campos como el de la sanidad, y ante un tema literalmente fraudulento como es el del fraude sistemático de ley que cometen diversas clínicas abortistas y que han construido así un negocio a escala europea.
Los escándalos grabados en cámara oculta por periodistas de Dinamarca, Gran Bretaña; los reportajes en las televisiones de estos países, de Alemania, de Suiza, de Francia; las reiteradas denuncias y querellas, no han modificado ni un ápice el sistema de control que muchas autonomías ejercen sobre las clínicas abortistas, que consiste en que no exista ningún control.
Esto es literal: las administraciones autonómicas se limitan a recoger los datos que les remite cada clínica sin ningún tipo de verificación. De manera que, no sólo se puede dudar de que el aborto descrito corresponda con el realizado, sino que cuestiona absolutamente algo tan elemental como es el número total de abortos y las circunstancias legales de cada caso.
No existe ningún otro ámbito sobre el que exista una legislación reguladora, no ya penal, sino simplemente administrativa, que funcione con una ausencia total de inspección y verificación.
Una sociedad, unos gobiernos, que consideran que deben vigilar mucho más, no ya los tests psicológicos para las armas de fuego, sino el número de árboles que se talan, que los no nacidos abortados, es una sociedad, unos gobiernos, que han perdido todo el sentido de la proporción incluido el de su propia supervivencia.

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