HazteOir se atribuye el juicio oral a Javier Krahe en detrimento de los verdaderos artífices

La organización HazteOir se ha atribuido el hecho de que el cantautor Javier Krahe vaya a sentarse en el banquillo de los acusados por su v&iac…

La organización HazteOir se ha atribuido el hecho de que el cantautor Javier Krahe vaya a sentarse en el banquillo de los acusados por su vídeo ‘Cómo cocinar un crucifijo’ que violentaba a los católicos e insultaba el símbolo de Jesús crucificado.

En un comunicado, la asociación se autodenomina “uno de los pocos diques de contención del proyecto progre-laicista y totalitario que no está imponiendo Zapatero” y se jacta de que el entorno socialista les temen “porque saben que podemos abrir los ojos a la gente”. Lo cierto es que, si bien HazteOir puso en marcha una campaña contra Javier Krahe, los verdaderos responsables de que el cantante vaya a ser juzgado son el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) y el abogado J. Nicolás de Salas en representación de la Associación de Juristas Cristianos Duran i Bas (AJCDB).
La campaña de HazteOir animaba a sus “miembros y activistas” a presentar denuncias indiscriminadamente ante los Juzgados y las Comisarías de toda España contra el cantautor y Canal Plus (cadena que emitió el vídeo) por un delito de ofensa a las creencias religiosas. La organización cita de pasada al CJTM explicando que también presentó “una querella criminal” y ni siquiera nombra al abogado Nicolás de Salas que representaba a la Asociación de Juristas Cristianos. Lo que HazteOir no explica en su comunicado es que los únicos escritos de acusación privada fueron los del CJTM y la AJCDB, y que el procedimiento sigue adelante sólo a petición de estas acusaciones, según consta en el auto de apertura del juicio oral.
Además, es conocido que el activismo puede funcionar en algunos ámbitos de actuación pero es contraproducente cuando se trata del ámbito judicial. Para entenderlo hay que diferenciar entre una denuncia y una querella: la primera solo consiste en enunciar un posible delito y solicitar al juzgado que el mismo sea investigado. No se ofrecen datos substantivos sobre tal hecho.La querella por el contrario presenta datos y razones juridicas. Las denuncias cuando se trata de posibles delitosrelacionados con la opinión –como son losrelacionados con los sentimientos religiosos– generalment son desetimados. No puede confudirse una campaña de presión mediante mensajes sobre una empresa con la aplicación del mismo método sobre los juzgados.
Pero no sólo eso, una campaña indiscriminada de denuncias es contraproducente porque ralentiza el procesoypuede llegar a detenerlo debido a que todas las denuncias deben acumularse en una sola causa y se debe decidir en qué juzgado se centraliza.
Esta forma de actuar de HazteOir no es nueva, en el caso que juzgaba al doctor abortista Carlos Morín, la asociación con sede en Madrid volvió a provocaralgunas decenasde denuncias distribuidas enmúltiples juzgadosque lo único que consiguieron fue paralizar el caso. Solo las querelllas presentadas,y, sobre todo, la aportación de un testigo protegido consiguieron resultados.Es evidente que la agitación y el activismo no funcionan ante la justicia que solo entiende de concreción de hechos y profesionalidad.
192.000 euros de fianza por ‘cocinar un crucifijo’
El Juzgado de Instrucción que lleva el caso de la querella presentada por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) contra Javier Krahe, por la emisión de un vídeo en el que explicaba “cómo cocinar un Cristo para dos personas”, dictó, con fecha 12 de mayo, un auto de apertura de juicio oral al artista y le impuso una fianza de 192.000 euros.
El auto fijaba también una fianza de 144.000 euros para la productora del programa de Canal Plus donde se emitió el corto, Montserrat Fernández Vila, por “hechos que pueden ser constitutivos de un delito contra los sentimientos religiosos, previsto y penado en el artículo 525 del Código Penal”.
Con estas fianzas se cubrían las cantidades solicitadas por el CJTM y que consisten en una multa de doce meses con una cuota diaria de 400 euros para Krahe y otra multa con la misma cuota y de nueve meses para Fernández Villa.
El Centro Tomas Moro, por su parte se limitó a valorar positivamente la noticia señalando que “la apertura del juicio oral supone una verdadera victoria en defensa de la libertad religiosa”. “Supone la primera vez que se aplica el art. 525 del Código Penal y es que en esta ocasión no podrán dar carpetazo”, manifestó el presidente del CJTM, Javier Pérez-Roldán.
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