Inmigración y contaminación, malas políticas por exceso y por defecto

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Dos temas tan diferentes como son el de la inmigración y la contaminación atmosférica permiten constatar el extraordinario déficit en materia de buenas políticas públicas de este país. Ambos casos ilustran perfectamente lo que es el exceso, y por otra parte las consecuencias de la ausencia de medidas suficientes.

El borrador del reglamento de extranjería que ha preparado el Gobierno establece en su artículo 244 que una persona que se encuentre procesada o imputada por una falta será expulsada en el plazo máximo de tres días. La discriminación que puede cometerse si esta brutalidad prospera contra unas personas por el hecho de ser inmigrantes es extrema. En primer lugar, porque según el texto no parece necesaria la condena, basta la imputación, con lo cual muchos inocentes serán expulsados. Pero además es que al incorporar las faltas a esta sanción tan grave resultará que una persona qua haya insultado a otra, o haya hecho un hurto de menos de 400 euros, sin que medie la reiteración, por situar dos ejemplos concretos, incurrirá en esta sanción. Si esto se lleva a cabo, un simple reglamento creará dos tipos de personas: aquellas que tienen todos los derechos y aquellas otras que pueden perder todo lo conseguido por haberle llamado idiota a alguien. Imaginémonos una familia, el padre roba en una panadería; es expulsado. ¿Qué sucede con el resto?

Ésta es una vuelta de tuerca más de un gobierno inmisericorde que ha pasado de cantar las excelencias de los inmigrantes a perseguirlos con saña. Porque la cosa no empieza ahora, sino en el 2009 cuando la policía recibió la instrucción de ‘cazar’ extranjeros sin papeles en la calle, iniciándose así vergonzosas redadas a las salidas del metro, uno de los métodos que han sido utilizados. El nuevo reglamento establece además que los extranjeros que no puedan ser expulsados en el plazo de 72 horas ingresen en centros de internamiento especiales. Si esto no se acota y se limita con claridad, se estará ordenando la creación de verdaderos campos de concentración. Un inmigrante, incluso sin papeles, continua siendo un ser humano y su dignidad debe ser respetada.

Con la contaminación sucede todo lo contrario, y el actual episodio anticiclónico también muestra la inconsistencia de nuestras políticas. El encontrarnos en una situación atmosférica de estancamiento no es ni mucho menos un hecho infrecuente. Sabemos además que la contaminación ocasiona grandes daños en la salud de las personas, no sólo en las más debilitadas sino especialmente en los niños pequeños y bebés, y en la población en general, a través de un proceso acumulativo. La casuística sanitaria del daño es bien conocida, y la evaluación del impacto económico tampoco nos resulta un dato extraño.

Sabiendo todo esto, conociendo que las sanidad española debe contener su gasto, cómo es posible que grandes poblaciones como Madrid y Barcelona, que no son ni mucho menos las únicas que se encuentran en situación grave, carezcan de medidas apropiadas de prevención y de intervención, cuando el episodio se produce a fin de evitar y reducir su impacto. El Estado, las Comunidad Autónomas, y las administraciones locales demuestran, de esta manera, su incapacidad para afrontar situaciones difíciles que pueden representar en algunos casos medidas poco populares.

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