Inmigración y mercado laboral: Gran diferencia entre el mundo real y el oficial

Los datos que manejamos sobre la realidad de la inmigración en España se quedan, día tras día, desfasados. Según una reciente estimación del Padrón Mu…

Los datos que manejamos sobre la realidad de la inmigración en España se quedan, día tras día, desfasados. Según una reciente estimación del Padrón Municipal de Habitantes, el número de extranjeros ascendía, el 1 de enero de 2004, a 3,14 millones, el 7,3 por ciento de la población. De éstos, entre 1,3 y 1,5 millones se encuentran en situación irregular, es decir, no disponen de permiso de residencia. Por otra parte, si tenemos en cuenta que la mayoría de los  inmigrantes tiene edad de trabajar y que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de actividad de los extranjeros (en torno al 75 por ciento) es más alta que la de los autóctonos, podemos estimar en alrededor de 800.000 los trabajadores extranjeros activos en situación irregular residentes en España.

La situación es, por tanto, extremadamente grave tanto desde la perspectiva de la estructura económica de la sociedad española como de su cohesión social, con independencia de otras consideraciones de tipo moral. El anterior Gobierno parecía no querer darse cuenta de la enorme bolsa de inmigrantes irregulares que se estaba generando (¡y luego nos hablan del “efecto llamada”!), y en este sentido cabe recordar, por ejemplo, que en el año 2003 el contingente aprobado por el Estado preveía un total de 10.575 puestos de trabajo estables de los que sólo se cubrieron 3.845, cuando en el mismo año, según datos del Eurostat (UE), unas 600.000 personas emigraron a España. Resulta, pues, evidente que la diferencia entre el mundo real y el oficial resulta abismal y que el sistema político y administrativo es demasiado restrictivo para el volumen real de puestos de trabajo a cubrir en nuestro mercado laboral.

Así, hay que valorar positivamente la voluntad del Gobierno de afrontar el problema al intentar buscar un mecanismo de regularización extraordinario en el marco del reglamento de desarrollo de la Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En el momento actual, parece que existe un cierto consenso entre el Gobierno y los agentes sociales para que esta regularización se produzca por la conjunción de dos elementos objetivos: acreditación de 6 meses de residencia continuada en España y  disponer de una oferta laboral de un mínimo de 6 meses de duración.

Ahora bien, si se pretende abordar el tema desde una perspectiva estructural y de futuro, evitando la periódica aplicación de procedimientos extraordinarios de regularización, hay que situar el tema en su verdadero contexto: el de la economía sumergida. Los inmigrantes trabajan sobre todo, pero no exclusivamente, en aquellos puestos de trabajo que no requieren especialización ni calificación profesional: en la agricultura y la ganadería, en la restauración, en la construcción, atendiendo a nuestros mayores y enfermos… Esto es así hasta tal punto que, si de un día para otro se fuesen de España, el país sufriría una severa crisis económica y social porque ni las empresas, ni las administraciones públicas ni las familias podrían asumir el coste de su ausencia.

Pues bien, es precisamente en estos sectores productivos donde el volumen de economía sumergida es más elevado y no solamente en el estricto ámbito de la inmigración. Algunos autores han sugerido que, aún hoy, entre el 15 y el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español se encuentra en este entorno.

Si pretendemos limitar el acceso de inmigrantes a España a aquellas personas que puedan disfrutar de unas condiciones de vida dignas, lo que conlleva la existencia de una relación laboral regular, con protección social y sanitaria ante las enfermedades o los accidentes de trabajo, prestaciones por paro, vivienda adecuada a sus necesidades, formación continua, facilidades para la agrupación familiar…, hay que utilizar todos los instrumentos del Estado de derecho para evitar la situación actual, en la que una gran parte de los inmigrantes que acceden a nuestra sociedad encuentran trabajo, con extrema facilidad, en la economía sumergida. Se trata de un trabajo realizado normalmente en condiciones de explotación y precariedad, a veces en régimen de práctica esclavitud y, lo que es peor, con un cierto grado de aceptación social en determinados ámbitos, como el del trabajo doméstico.

El mensaje debe ser claro: La persona que contrate trabajadores en situación irregular incurrirá en duras sanciones tanto de tipo administrativo como, en su caso, de naturaleza penal. La inspección de trabajo y las unidades especializadas de las distintas policías deben disponer de los medios humanos y materiales que les permitan luchar con éxito contra esta lacra vergonzosa.

Al mismo tiempo, y para que esto sea posible,  la sociedad española en su conjunto y las administraciones públicas deben aceptar la realidad: Las empresas necesitan trabajadores y los inmigrantes, trabajo. La diferencia de idioma, de cultura y de entorno social y laboral supone, en muchos casos, un nuevo reto que las empresas, las organizaciones empresariales y los políticos deberán afrontar para que la diversidad de trabajadores procedentes de culturas, tradiciones, lenguas y religiones diferentes, en lugar de implicar una reducción de la eficiencia de la empresa y del equilibrio social, conlleve un avance fruto del aprovechamiento de las mejores tradiciones de cada cultura y grupo humano.

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